Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han dado a conocer sus líneas estratégicas para aprobar un Plan estatal de vivienda para los próximos años, y que pasan por la liberación de más suelo para la construcción de más casas, el desarrollo de vivienda social, facilitar el acceso a la financiación, "restablecer" la seguridad jurídica a los propietarios y una fiscalidad "adecuada".
Así consta en el documento que han remitido los trece gobiernos autonómicos del PP al Ministerio de Vivienda para alcanzar un acuerdo para un plan estatal con el objetivo de "revertir" la crisis de vivienda.
Los 'populares' achacan esta crisis a la escasez de oferta de viviendas disponibles y la "inseguridad jurídica generada", por lo que plantean seis líneas estratégicas.
Estos puntos pasan por movilizar suelo público, tanto patrimonial como demanial, con destino a fórmulas de promoción de vivienda pública, social y asequible, así como "atender a las necesidades de vivienda social de familias en riesgo de pobreza y exclusión, así como a las víctimas de violencia de género y terrorismo".
También proponen una rehabilitación integral de viviendas y regeneración urbana, proteger a las familias en riesgo de pobreza y facilitar el acceso a la financiación, la reducción de burocracia y seguridad jurídica y una "fiscalidad adecuada que favorezca el acceso a la vivienda y contribuya a la disminución de precios".
Favorecer la iniciativa privada
Las comunidades del PP han expuesto en este documento sus diferentes reivindicaciones que han ido planteando a lo largo de estos años y reivindican la "defensa de la propiedad privada" como una idea "esencial en un estado de derecho".
Reconocen que es "fundamental la cooperación" de todos los niveles de la administración, aunque aseguran que la parte pública no puede resolver únicamente este problema, así que apuestan por "fortalecer la colaboración con la iniciativa privada".
Creación de un Portal del Suelo público
Una de las propuestas que lanzan las comunidades del PP pasa por la creación de un Portal del Suelo público como herramienta de "información abierta y transparente", que serviría para consultar parcelas públicas disponibles, con detalle de su ubicación, características, régimen de venta o concesión, a través de derechos de superficie o arrendamiento.
Este portal sería responsabilidad del Gobierno y se irían adhiriendo las distintas administraciones públicas a través de diferentes convenios de colaboración, según la propuesta del PP.
Incentivos a la construcción de viviendas
Las comunidades del PP quieren que el Gobierno ofrezca incentivos a promotores, constructores y cooperativas de vivienda para el desarrollo de actuaciones de vivienda protegida, "recuperando el modelo de éxito que permitió hacer una España de propietarios en los años 70, 80 y 90".
También instan al Gobierno a fomentar la figura del Agente Rehabilitador como "agente responsable y capaz de liderar y gestionar un proyecto de rehabilitación integral en todos sus aspectos, mediante el modelo "llave en mano".
Avales 100% a la compra de la primera vivienda
Del mismo modo, proponen facilitar el acceso a la hipoteca a menores de 40 años para compra de la primera vivienda, mediante avales u otras fórmulas que faciliten el acceso al crédito hasta alcanzar el 100% de la totalidad del precio de la vivienda.
Equilibrio entre inquilinos y propietarios
Dentro de sus líneas estratégicas, el PP también apuesta por "restablecer el necesario equilibrio en la relación entre inquilinos y propietarios para evitar abusos por ambas partes, restableciendo los umbrales de vulnerabilidad a los niveles que realmente representan a las familias con problemas".
Eliminar toda intervención pública en el mercado libre
Como ha defendido históricamente el PP, recoge en sus propuestas la eliminación de "las intervenciones de precios que distorsionan el mercado y hacen todavía más inaccesible el acceso a una vivienda, especialmente a los jóvenes y a los más desfavorecidos".
Reforma de la Ley del Suelo
El texto del Partido Popular retoma la reforma de la Ley del Suelo, que sigue estancada en el Congreso de los Diputados, sin llegar a un acuerdo entre los principales partidos de la Cámara.
"Se necesita un urbanismo ágil, eficaz y con seguridad jurídica. Para ello hay que aprobar una ley que impida que se anule el planeamiento urbanístico completo por defectos de forma, anulándose el inciso que parcialmente resulte antijurídico, pero sin que afecte al resto del planeamiento. De esta forma que el resto del planeamiento pueda seguir funcionando de forma autónoma mientras se subsana el defecto de forma", exponen.
Incentivos fiscales
En el capítulo de la fiscalidad, el PP propone aplicar incentivos centrados en colectivos dianas: jóvenes, personas con discapacidad, familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia de género, nuevos modelos de familias unifamiliares, municipios con riesgo de despoblación, cascos históricos o núcleos rurales.
También plantean reducir el IVA de la obra de rehabilitación al 4%, posibilitar las deducciones fiscales en el IRPF para las ayudas o subvenciones a la rehabilitación de viviendas o incluir deducciones en el IBI cuando se realicen obras de rehabilitación.
Las cuantías destinadas a la dotación presupuestaria en el Plan Estatal de Vivienda propuesto por el PP serían determinadas en un dialogo establecido entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas
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