Plan de vivienda

El Consejo de Ministros ha rechazado los requerimientos de incompetencia formulados por la Junta de Andalucía y de Extremadura en relación con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.Sigue a idealista/news en el canal de WhatsappAmbas comunidades alegaron que el contenido del Real Decreto 326/2026, de

Los consejeros de Vivienda del PP de Cantabria, Aragón, Comunidad de Madrid y Región de Murcia han pedido medidas "reales y en positivo" para dar soluciones al problema de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, y han criticado la ley nacional que han tildado de "intervencionista y pop

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que su departamento ya ha remitido a las comunidades autónomas la documentación necesaria para efectuar el pago de la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que el Gobierno aprobó en abril y que asciende a 800 millones de euros. Ahora falta que los gobiernos autonómicos firmen la documentación para que el pago sea efectivo. Andalucía (136,8 millones de euros), Madrid (127,2 millones) y Cataluña (116 millones) son las tres regiones que recibirán los mayores importes.

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han comenzado su batalla judicial contra el nuevo Plan Estatal de Vivienda presentado por el Gobierno central hace apenas dos meses, que contempla un presupuesto de 7.000 millones de euros, de los que el 40% deberá ser asumido por los Ejecutivos regionales. La Comunidad de Madrid, Andalucía y Extremadura han interpuesto en el Supremo y el Constitucional varios recursos denunciado una invasión de competencias por parte del Gobierno central en una materia que recae sobre las autonomías.

La Comunidad de Madrid ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno central al considerar que vulnera las competencias en esta materia, limita la capacidad de gestión de la autonomía regional e invade ámbitos reservados por el ordenamiento jurídico a estas administraciones. Según el Gobierno regional, "incrementa de forma significativa las obligaciones financieras exigidas a las comunidades autónomas para desarrollar las medidas previstas en el programa estatal".

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado definitivamente los criterios de distribución de los 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con los votos a favor de todas las CCAA en la Conferencia Sectorial celebrada este 11 de junio, de los que 800 millones se transferirán este año. Las CCAA que recibirán más fondos en los próximos años son Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña, las únicas que superarán los 1.000 millones. El Plan busca fomentar la construcción de viviendas, impulsar la rehabilitación del parque insistente y blindar la vivienda protegida con carácter permanente.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, ha puesto el foco en la rehabilitación de edificios de viviendas: hasta un 30% de estos recursos que aportarán Estado y CCAA se centrarán en rejuvencer el parque residencial. Sin embargo, el diseño de políticas es solo una parte de la ecuación, ya que el principal freno de las actuaciones es que las comunidades de propietarios deben realizar importantes desembolsos económicos. Los expertos de Deutsche Bank recuerdan que el sector financiero tiene líneas de préstamos para poder ejecutar las obras de mejora de eficiencia energética.

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva inyección de 260 millones de euros a Casa 47 para acelerar la construcción del parque público residencial asequible. Esta inyección permitirá la puesta en marcha de 22 nuevos proyectos que suman un total de 1.629 viviendas, según la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Los recursos totales traspasados a la entidad pública de vivienda alcanzan ya los 2.080 millones de euros para un total de 68 proyectos activos por todo el territorio: 44 actuaciones de edificación residencial para construir 3.266 viviendas y 24 actuaciones de urbanización de solares con potencial para otras 22.000 unidades.

El Gobierno de España ha licitado 465,083 millones de euros en la construcción de vivienda pública en el primer trimestre de 2026, el mejor dato de un primer trimestre desde 2008, cuando comienza la serie histórica, y un 44,12% por encima del mismo periodo del año anterior. Según destaca el Ministerio de Vivienda, ha sido posible ante el incremento del presupuesto del propio ministerio así como por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los planes estatales de vivienda. Durante la legislatura, la inversión total asciende a 2.243 millones de euros.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han anunciado que votarán a favor de la distribución de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la Conferencia Sectorial del ramo, aunque han advertido de que se reservan la presentación de futuros recursos frente al Tribunal Supremo por invasión de competencias. Dotado con hasta 7.000 millones de euros, contempla destinar el 40% a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque residencial ya existente y el 30% restante a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

Entra en vigor el Plan de Vivienda 2026 en Italia, un paquete de medidas dotado con más de 10.000 millones de euros con el objetivo de poner en el mercado unas 100.000 viviendas a precios asequibles en 10 años y hacer frente a la emergencia habitacional. Una de las novedades más destacadas del paquete ‘Piano Casa 2026’ es la introducción de un procedimiento urgente para acelerar la liberación de inmuebles ocupados ilegalmente o en casos de impago o fin de contrato de alquiler.

La Generalitat Valenciana ha criticado los plazos que se están manejando actualmente para activar el Plan de Vivienda que aprobó el Gobierno la semana pasada. Tras un primer encuentro entre el Ministerio de Vivienda y las CCAA, a finales de mayo se celebrará la Conferencia Sectorial, donde se aprobará el reparto de fondos. Y este acuerdo debe ser ratificado posteriormente tanto por el Consejo de Ministros como por la Conferencia Sectorial. El Ejectivo valenciano asegura que estos trámites obligarán a lretrasar los planes y líneas de ayuda regionales más allá de agosto y que esta "incertidumbre" y el "alargamiento" de los plazos inicialmente previstos "están poniendo en peligro muchos miles de ayudas" a la vivienda.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que incluye un presupuesto de 7.000 millones de euros entre la aportación del Estado y las CCAA y va destinado a ampliar y blindar el parque público de vivienda, impulsar la rehabilitación de las viviendas existentes, movilizar viviendas vacías e impulsar el acceso a la vivienda por parte de colectivos vulnerables. Entre las medidas destacan una mejora del bono alquiler joven, las ayudas destinadas al alquiler con opción a compra, la llegada de los avales para cubrir impagos en los arrendamientos, subvenciones por las obras de rehabilitación y ayudas a los promotores que desarrollen viviendas públicas o bajo un modelo de colaboración público-privada. Los expertos inmobiliarios ven insuficientes los fondos e insisten en que la palanca del mercado pasa por crear un marco jurídico estable.

La Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña se han reunido durante el encuentro Precios de Vivienda 2026, donde han repasado las medidas que han adoptado en los últimos años para impulsar la VPO y el alquiler asequible y han alertado de que el retraso en la aprobación del Plan de Vivienda 2026-2030 por parte del Gobierno provocará perder prácticamente un año para combatir la crisis habitacional. Las CCAA esperan que el Ejecutivo de luz verde al plan a finales de abril, pero tardarán meses en cerrar acuerdos bilaterales e implementar las convocatorias. Además, afirman que los fondos son insuficientes y ven en el capital privado la llave para acelerar el desarrollo de oferta.

Los ministros de Vivienda de los 27 países de la Unión Europea celebrarán el próximo 3 de febrero una reunión informal para examinar el Plan Europeo de Vivienda Asequible de la Comisión Europea, centrado en aumentar la oferta y movilizar más financiación, sin incluir, por ahora, límites a los precios del alquiler. Entre los asuntos que se abordarán figura el impacto de los alquileres de corta duración en las zonas urbanas y turísticas, sobre el que la Comisión prevé concretar una propuesta específica para definir "zonas tensionadas" y ofrecer herramientas para contener sus efectos. Además, apuesta por aumentar la oferta acelerando la construcción y reduciendo trabas administrativas.

Jorge Ginés, director general de Asprima, hace un repaso de las normativas en materia de vivienda y de urbanismo que están en juego este 2026. Recuerda que la Comisión Europea presentó el pasado mes de diciembre el Plan Europa de Vivienda Asequible y estima que hasta 2027 dicha norma no estará en vigor. También está sobre la mesa el Plan Nacional de Vivienda, un real decreto que necesita la convalidación del Consejo de ministros y que contempla incentivar la oferta de VPO. Otro texto de vital importancia es la modificación del Código Técnico de la Edificación. Y, por último, dentro de las competencias del Estado, está el problema enquistado de la potencia eléctrica.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presidido la primera reunión del Consejo Asesor de Vivienda, órgano consultivo para las políticas estatales de vivienda. Sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ha asegurado que es su objetivo "prioritario" de este trimestre para que se ejecute a partir de este año, tras retrasarse su presentación a finales de 2025. Rodríguez ha defendido el real decreto ley anunciado por Sánchez para ofrecer bonificaciones en el IRPF a propietarios y combatir el fraude en los alquileres de temporada: "La nueva regulación de alquileres viene de la ponencia trabajada con consenso en el Congreso".

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana incorporará en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 propuestas de todas las comunidades autónomas, entre ellas, una ayuda al desarrollo y urbanización de suelo cuando exista una reserva para vivienda con protección pública y la posibilidad de usar los fondos para financiar los gastos de gestión e implantación del Plan.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha convocado a las comunidades autónomas la próxima semana a una reunión de carácter técnico para seguir avanzando en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que estará previsiblemente presidida por el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas. la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo que beneficie al conjunto de la ciudadanía y garantice el derecho constitucional a una vivienda digna.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha respondido acerca de las críticas recibidas por el resto de partidos políticos por la campaña de publicidad sobre vivienda de su departamento y la creación de un nuevo teléfono gratuito para atender consultas de la ciudadanía sobre vivienda e informar sobre ayudas, a través del número 047. Rodríguez ha rechazado alimentar polémicas después de que Sumar pidiera que se hiciera a un lado, al tiempo que afirma asumir responsabilidades tras la polémica creada en torno a la campaña de publicidad #PorUnFuturoDigno.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha presentado en el Congreso de los Diputados el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para el que no ha encontrado el consenso esperado ante una propuesta que prevé una inversión de 7.000 millones de euros para los próximos cinco años. El plan no tiene que pasar la votación de la Cámara Baja ya que se regula por real decreto que entrará en vigor a comienzos de año. Junts y Podemos han sido los más críticos al exigir que se construyan las cientos de miles de viviendas que Pedro Sánchez prometió en campaña, mientras que PP y VOX denuncian que las políticas de Vivienda del Gobierno generan inseguridad jurídica

El pasado 7 de octubre finalizó el plazo para presentar alegaciones al proyecto del Plan de Vivienda 2026-2030. El Gobierno ha recibido 362 recomendaciones en este periodo de consulta pública y varias de ellas las ha presentado la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), que critica la falta de dotación presupuestaria, la necesidad de buscar consensos y reforzar la seguridad jurídica, y de que la Administración vea al sector privado como un aliado. También reivindica más protección para los arrendadores y ayudas para movilizar suelos privados y vivienda existente con el objetivo de aumentar la oferta residencial.

Los gobiernos vasco y catalán presentarán la próxima semana en Barcelona una "propuesta conjunta" sobre el Plan Europeo de Vivienda Asequible, según ha anunciado el lehendakari, Imanol Pradales, que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico pondrá "todos los recursos" a su alcance para buscar una solu

El Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas se han emplazado a una nueva reunión de la Comisión Multilateral "para buscar el consenso" tras persistir las diferencias sobre aspectos concretos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la Comisión Sectorial celebrada el pasado jueves, en la que se ha reunido la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, con los consejeros de vivienda autonómicos. Así quedaría la distribución de los 7.000 millones de euros que el Gobierno plantea a las autonomías, con Andalucía, Madrid y Cataluña con las mayores partidas, por encima de los 1.000 millones.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que no es "descabellada" la cofinanciación que se les está pidiendo a las comunidades autónomas en el nuevo Plan Estatal de Vivienda y les ha pedido no ir "al dictado del PP y Feijóo" sino al de la ciudadanía, que piden mayoritariamente un acuerdo para la vivienda. Las autonomías gobernadas por el PP han rechazado el plan 2026-2030, ya que la exigencia de financiación a las autonomías del 40% de todo el plan "rompe el principio de igualdad de los españoles y el de autonomía de las CCAA", afirman.