El Acuerdo estatal por la Vivienda propuesto por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, a las comunidades autónomas durante la pasada Conferencia de Presidentes ha quedado totalmente descafeinado tras el rechazo presentado por las CCAA gobernadas por el PP, al que tampoco se ha sumado Castilla-La Mancha.
Los gobiernos autonómicos de País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias y Canarias son los únicos que han aceptado la propuesta anunciada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a favor de un acuerdo estatal por la vivienda, que incluye más financiación y blindar de forma indefinida la protección pública.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado en rueda de prensa que este acuerdo salido de la Conferencia de Presidentes de Barcelona significa que se comenzará a trabajar con estas comunidades "de manera bilateral".
“La urgencia es tal que no tenemos un minuto que perder. Ante la emergencia acción, ante la emergencia determinación", ha subrayado la ministra del ramo que ha celebrado el respaldo de "gobiernos responsables" al plan de vivienda.
El presidente del Gobierno ha llevado a la XXVIII Conferencia de Presidentes su propuesta de vivienda, que había trasladado previamente por carta a los presidentes autonómicos "para impulsar un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda con más financiación, menos especulación y más transparencia".
Según Moncloa, el objetivo es "que se triplique la inversión pública en este ámbito", pasando de los 2.300 millones en el periodo 2022-2025 a unos 7.000 millones de euros para los próximos cinco años. En este contexto, el Gobierno se ha comprometido a financiar el 60% de esta cantidad y que las comunidades, que también tienen competencias en materia de vivienda, aporten el 40% de los recursos restantes.
Rodríguez ha defendido que las medidas propuestas por el Gobierno con "fácilmente asumibles". Se trata, ha explicado, de "un nuevo Acuerdo por la Vivienda que plasma la política de vivienda integral y pública del Gobierno, que cambia el paradigma, para que la vivienda sea considerada un bien social, además de un derecho". "Falta voluntad política, convicción, lealtad institucional y recursos económicos", ha denunciado
Al respecto, la ministra ha destacado que la propuesta ha sido admitida "inequívocamente" por cinco CCAA: Cataluña, Euskadi, Navarra, Asturias y Canarias, con las que comenzará a trabajar de manera bilateral a partir del lunes que viene.
"No hace falta reglamento ni estatutos para decir sí a más presupuesto para vivienda, sí a protegerla para siempre, y a más transparencia", ha afirmado al referirse a la actitud de las comunidades autónomas del PP o el gobierno socialista de Castilla-La Mancha que no se han sumado.
En este marco, el Ejecutivo también ha propuesto blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas de protección pública financiadas con fondos estatales, así como la creación de una base de datos pública que permita a la ciudadanía y a las Administraciones conocer los precios reales de compraventa o alquiler.
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