
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto a las CCAA “acabar con el monopolio de la información de los portales privados" y plantea una base de datos pública que permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compraventa o alquiler en su ciudad.
"En este momento, no existe una base de datos pública y fiable que permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compraventa o alquiler en su ciudad. Las únicas opciones son la opacidad, o algunos portales privados, de dudosa fiabilidad”, enfatiza el presidente Sánchez en su carta a los presidentes autonómicos. "Mi propuesta es que todas las Administraciones volquemos nuestros datos en una base de datos agregada y que la pongamos a disposición de la ciudadanía, las universidades y el sector a través de un portal web. No podemos seguir a ciegas en este asunto”, ha concretado.
Sin embargo, el presidente Sánchez se ha olvidado de que ya hay organismos públicos que tienen toda la información sobre los precios reales de las compraventas de viviendas, pero no los hacen públicos. Los Registradores de la Propiedad, los notarios, Hacienda o el INE solo hacen públicos los precios medios.
"El Gobierno podría dar ejemplo de transparencia permitiendo que cualquier español pueda acceder a esas bases de datos que sí contienen los precios reales de compraventa de inmuebles", afirma el portavoz de idealista, Francisco Iñareta.
"Desde idealista nos comprometemos a dar máxima visibilidad a esa información y añadirla en nuestros anuncios e informes en el momento en el que el Gobierno la haga pública. Desde nuestro origen, apostamos por dar máxima transparencia y claridad al mercado para facilitar toda la información a los compradores e inquilinos. Si la web que propone Sánchez ve la luz, seremos los primeros en volcar todos los datos en idealista para que haya ciudadanos más informados", ha destacado.
A la hora de comprar o vender una vivienda, es necesario ir a un notario para que garantice la legalidad y la seguridad jurídica de la transacción. Desde el Consejo General del Notariado es posible tener constancia del precio real de cierre de todas las compraventas de viviendas en España.
Tras la firma, el notario suele encargarse de enviar la escritura al Registro de la Propiedad para su inscripción, garantizando la oponibilidad frente a terceros. El Colegio de Registradores de la Propiedad también puede hacer públicos los precios reales de la compraventa de un inmueble determinado.
Ahora, cabe cuestionarse si las actuales estadísticas de organismos públicos oficiales son "fiables y no existen", como remarca el presidente en su carta. El Instituto Nacional de Estadística (INE) y el propio Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) presentan mensualmente y trimestralmente datos sobre las transacciones de viviendas en España, desde número de operaciones hasta evolución de los precios, que manan de los datos del Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España y del Consejo General del Notariado, respectivamente.
El propio MIVAU publica desde 2020 Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, que ofrece el resultado de la explotación de fuentes tributarias de los datos sobre arrendamientos de vivienda habitual, que parece que tampoco es fiable, según se desprende de las palabras del presidente del Gobierno.
El problema real de la vivienda es la falta de oferta
"Sánchez se equivoca al creer que el problema de los españoles es que falta una web donde se vean los precios reales de las compraventas o los alquileres. El problema real de los españoles es que no hay oferta de viviendas en el mercado. No hay oferta de alquiler porque el Gobierno ha estado durante 7 años atacando sistemáticamente a los propietarios y no hay oferta de venta porque se construyen algo más de 100.000 casas al año cuando se necesitarían como mínimo tres veces más", agrega el portavoz de idealista.
Otras propuestas de Sánchez a las CCAA sobre vivienda
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteará a las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes de este viernes triplicar la inversión pública en vivienda, hasta alcanzar los 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años, a la vez que propone blindar de forma permanente a la vivienda pública protegida.
Sánchez ha enviado una carta a los presidentes autonómicos para que la Conferencia de Presidentes sirva para debatir la aprobación de un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda, según ha informado Moncloa.
Alcanzar los 7.000 millones de inversión pública en vivienda
Propone basar este acuerdo en diversos compromisos, como el de triplicar la inversión pública en vivienda, pasando de los 2.300 millones que se movilizaron en el Plan Estatal 2022-2025 a unos 7.000 para el periodo 2026-2030.
“La difícil situación que viven muchos ciudadanos exige que hagamos un mayor esfuerzo. Por eso sugiero que, en este nuevo periodo, pasemos de 2.300 a unos 7.000 millones de euros. El Gobierno de España se compromete a aportar para el nuevo Plan 4.000 de esos millones (un 60% del total), siempre y cuando los gobiernos autonómicos asumáis una mayor corresponsabilidad y aporten al menos 2.700 millones (un 40%)”, afirma el presidente en su misiva.
“Como sabes, la política de vivienda es una competencia compartida, y las comunidades autónomas nunca han recibido tantos recursos del Estado como ahora (un 47% más entre 2019 y 2025 que entre 2012 y 2018). Es esencial que parte de esos recursos se destinen a construir y rehabilitar más vivienda pública, en régimen de propiedad y alquiler”, añade la carta.
Blindar la vivienda pública
Otro de los puntos que plantea la propuesta del presidente es acabar con la descalificación de la vivienda protegida y hacer permanente su carácter público de por vida. En la actualidad, es una fórmula que plantea la Ley de Vivienda y que defiende la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, pero que las comunidades gobernadas por el PP y el propio presidente popular, Alberto Núñez-Feijóo, no comparten.
“En segundo lugar, te propongo que vinculemos esta nueva inversión al compromiso de blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública. En los últimos 45 años, las Administraciones estatales construyeron en España más de 2,4 millones de viviendas protegidas. Pisos pagados por la gente, para la gente”, escribe Sánchez.
“Desgraciadamente, la práctica totalidad de esas viviendas fueron descalificadas y acabaron vendiéndose en el mercado libre, a precios elevados. Muchas fueron capturadas por la especulación y los fondos buitre. Esto, además de suponer un mal uso de los impuestos de los contribuyentes, nos ha alejado del objetivo de tener un 8% de vivienda pública y social, que es la media actual de la UE”, añade.
“Mi propuesta es que pongamos fin a esta terrible sangría y que todos nos comprometamos a que las viviendas que se financien con dinero público mantendrán de forma permanente su calificación de vivienda protegida, ofreciendo así una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía. Construyamos un parque de vivienda protegida amplio que nos permita contener los precios, especialmente en las zonas más tensionadas, y asegurar el acceso a la vivienda a nuestros jóvenes”, continúa la carta.
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