La actuación, de carácter residencial, se concibe para ampliar la oferta asequible en Cangas de Morrazo, un municipio del área de influencia de Vigo, donde la demanda, reconocen desde el propio organismo, es elevada. Esta actuación forma parte de la Estrategia Gallega de Suelo Residencial que tiene en marcha el Ejecutivo gallego con el objetivo de desarrollar suelo en el que facilitar la construcción de 25.000 viviendas en Galicia, 20.000 protegidas y 5.000 libres.
El Gobierno de España ha licitado 465,083 millones de euros en la construcción de vivienda pública en el primer trimestre de 2026, el mejor dato de un primer trimestre desde 2008, cuando comienza la serie histórica, y un 44,12% por encima del mismo periodo del año anterior. Según destaca el Ministerio de Vivienda, ha sido posible ante el incremento del presupuesto del propio ministerio así como por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los planes estatales de vivienda. Durante la legislatura, la inversión total asciende a 2.243 millones de euros.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha criticado este jueves el "sistema perverso" que existe en España por el cual se desclasifica vivienda pública y permite que se introduzca en el mercado privado. Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación en Las Palmas de Gran Canaria, donde hizo especial hincapié en que el país tiene que movilizar dos millones de viviendas a precio asequible en los próximos diez años.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han anunciado que votarán a favor de la distribución de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la Conferencia Sectorial del ramo, aunque han advertido de que se reservan la presentación de futuros recursos frente al Tribunal Supremo por invasión de competencias. Dotado con hasta 7.000 millones de euros, contempla destinar el 40% a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque residencial ya existente y el 30% restante a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.
El PSOE defenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso una iniciativa para reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida y blindar su carácter permanente para evitar casos de corrupción en estos procesos, tras salir a la luz los casos de presunta 'mala praxis' en la concesión de pisos levantados con fondos públicos en Alicante, Málaga o Logroño. Entre las propuestas, se habla de contar con registros públicos de demandantes, impulsar la vigilancia institucional, inventariar el parque público y la vivienda protegida o detallar el suelo público disponible con potencial residencial.
Las licitaciones de obra pública de las Administraciones Públicas para viviendas familiares alcanzaron una inversión de 900,9 millones de euros en los primeros once meses del año 2025, un 44,4% más que el mismo periodo del año anterior.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha abogado por recuperar la construcción de vivienda pública que sirva para tener una oferta de alquiler asequible, en especial para los jóvenes."Necesitamos recuperar la construcción, pero no cualquiera, sino la de vivienda pública que sir
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado un proyecto de Decreto que elimina los sorteos entre los candidatos para acceder a una vivienda pública. Además, todo aquel que solicite uno de estos inmuebles deberá haber residido, como mínimo, 10 años en las islas o 15 de forma discontinua. Asimismo, también han aumentado el porcentaje de viviendas públicas que se reservarán a los colectivos más necesitados: jóvenes, mayores de 65 años, víctimas de violencia de género y personas con limitación funcional. Tras su paso por el Consejo Consultivo de Canarias, será aprobado definitivamente.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dado algunos detalles de la nueva promotora y gestora de vivienda pública que aprobará el Consejo de Ministros el próximo 9 de diciembre. Bautizada como 'Casa 47', esta entidad nace con el objetivo de aumentar la oferta de alquiler asequible para la clase media con rentas que no superen el 30% de los ingresos de las zonas donde se sitúen los inmuebles y unos contratos que tendrán una duración máxima de 75 años, con prórrogas continuadas de 14 años si los beneficiarios siguen cumpliendo las condiciones de acceso. La empresa pública establecerá topes de rentas por CCAA y dotará a las viviendas de una protección pública de por vida.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana incorporará en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 propuestas de todas las comunidades autónomas, entre ellas, una ayuda al desarrollo y urbanización de suelo cuando exista una reserva para vivienda con protección pública y la posibilidad de usar los fondos para financiar los gastos de gestión e implantación del Plan.
El Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas se han emplazado a una nueva reunión de la Comisión Multilateral "para buscar el consenso" tras persistir las diferencias sobre aspectos concretos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la Comisión Sectorial celebrada el pasado jueves, en la que se ha reunido la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, con los consejeros de vivienda autonómicos. Así quedaría la distribución de los 7.000 millones de euros que el Gobierno plantea a las autonomías, con Andalucía, Madrid y Cataluña con las mayores partidas, por encima de los 1.000 millones.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado en una entrevista en 'Onda Cero' que ya se han entregado entorno a 100.000 viviendas por parte del Estado y de las comunidades autónomas, de las más de 180.000 unidades prometidas por Pedro Sánchez durante la campaña electoral de 2023, "fruto del esfuerzo que ha hecho este Gobierno". Rodríguez ha vuelto a reiterar la importancia de impulsar la construcción de vivienda pública para aumentar el parque del Estado y ofrecer alquileres asequibles, además de impulsar la rehabilitación residencial, y ha adelantado que la vivienda será muy protagonista en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El presidente del Gobierno Regional de Madeira, Miguel Albuquerque, ha adelantado que pretende crear su propio mercado público de vivienda, con el objetivo de evitar que los inmuebles construidos con apoyo estatal se comercialicen en el mercado privado. Albuquerque ha explicado que pretende “actualizar y adaptar” la ley de vivienda de Madeira para avanzar hacia ese modelo y aumentar su peso en el parque residencial madeirense, que actualmente se encuentra en el 5%. Mientras, en la ciudad de Funchal se han suspendido de forma provisional la concesión de nuevas licencias para viviendas turísticas.
El Gobierno pondrá a disposición de la ciudadanía 13.000 viviendas públicas en los "próximos meses".Así lo ha afirmado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, en la que ha subrayado la importancia de la colaboración con las comun
El Acuerdo estatal por la Vivienda propuesto por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, a las comunidades autónomas durante la pasada Conferencia de Presidentes ha quedado totalmente descafeinado tras el rechazo presentado por las CCAA gobernadas por el PP, al que tampoco se ha sumado el ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha. Solo País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias y Canarias han aceptado la propuesta que incluye más financiación y blindar de forma indefinida la protección pública. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que trabajará con estos ejecutivos de forma bilateral.
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado que Cataluña se sumará a la propuesta de Acuerdo Estatal para la Vivienda 2026-2030, con la que el Gobierno pretende triplicar la inversión pública en vivienda y que se presentará durante la Conferencia de Presidentes. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que "para que España avance hacen falta viviendas dignas y asequibles", mientras que desde APCEspaña se han mostrado a favor de la iniciativa, pero sin olvidar el apoyo de la iniciativa privada.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto a las CCAA “acabar con el monopolio de la información de los portales privados" y plantea una base de datos pública que permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compraventa o alquiler en
La Comisión Europea saca los colores a España en su último informe semestral, donde ha criticado que la oferta de vivienda pública y asequible se sitúa "muy por debajo" de la media de la Unión Europea. El documento afirma que "la escasez de vivienda y su efecto en el precio de la misma repercute en la renta disponible de los hogares y representa un reto y alerta de que ya se está convirtiendo en un problema económico y financiero que puede afectar también al crecimiento". Por ello, urge al Gobierno a tomar medidas centradas en jóvenes y familias con menos recursos, a culminar la reforma de la ley del suelo y a resolver la escasez de mano de obra en la construcción.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern ya dispone de suelo para iniciar la construcción de 21.289 viviendas protegidas, dentro del plan para sumar 50.000 pisos al parque público catalán antes de 2030. El anuncio se ha producido durante la clausura de las jornadas del Cercle d’Economia, en presencia de los principales representantes del ámbito empresarial y financiero.
El Partido Popular en el Govern de Baleares y el grupo parlamentario de Vox han aprobado convalidar el decreto de vivienda de la comunidad como proyecto de ley. Esto permitirá incluir enmiendas como la de ampliar la posibilidad de recalificar las conocidas áreas de transición, actualmente suelo rústico, en urbanizable para poder construir. La normativa inicial limitaba el cambio de uso a los terrenos de la ciudad de Palma, pero se amplía a todos los municipios de más de 20.000 habitantes como Calvià, Llucmajor, Inca o Manacor, si lo convalidan los ayuntamientos.
Las licitaciones para la construcción de vivienda lanzadas por las Administraciones Públicas españolas se situaron en el primer mes del año al borde de 175 millones de euros, lo que supone la cifra más alta de los últimos 16 años para un mes de enero, tras subir un 477% interanual. Según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el volumen representa casi una cuarta parte (23%) de toda la licitación que se acumuló para vivienda pública en 2024, lo que anticipa un 2025 récord de los últimos años. En 2008, la cifra ascendió a 1.333 millones de euros.
La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha exigido al Ministerio de Hacienda medidas concretas para "dejar respirar" a los ayuntamientos y aliviar los problemas de deuda municipal, a la vez que ha vuelto a urgir la reforma de la financiación local. La deuda total de los ayuntamientos asciende a unos 23.000 millones. Además que ha afirmado los ayuntamientos van a poner un catálogo de suelo disponible para que se pueda ir abordando la construcción de vivienda y agilizar los trámites administrativos para esta construcción
Las Administraciones Públicas españolas licitaron en su conjunto cerca de 2.000 millones de euros en obras de vivienda pública en 2024, lo que representa un incremento del 51% respecto al año 2023, según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU). La licitación total en edificación, tanto residencial como no residencial, llegó a los 9.250 millones de euros, dentro de la cual la vivienda concentró exactamente 1.930 millones, distribuidos en 755 millones en vivienda familiar y 1.170 millones en edificios de viviendas.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado durante un encuentro informativo que el parque de vivienda social en España ha pasado de un 2,5% al 3,4% del total, tras sumar 162.000 viviendas protegidas en los últimos cinco años, lo que supone un incremento del 35% en términos absolutos. También ha adelantado que el Gobierno va a licitar a lo largo del próximo trimestre la construcción más de 1.600 viviendas a través de la nueva empresa estatal, que serán públicas con carácter permamente y estarán repartidas en diferentes regiones, y que ha arrancado el proceso de consulta pública previa del próximo Plan de Vivienda.
El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha presentado una proposición no de ley en la Cámara Baja para pedir al Gobierno liberar los remanentes de los ayuntamientos y que los puedan destinar a la compra de vivienda para aumentar de manera destacada el parque público. Las corporaciones locales están obligadas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 a mantener equilibrio o superávit financiero, y no pueden gastarlo. Según datos del Banco de España, esos remanentes ya alcanzan cerca de 39.000 millones de euros, dinero que el diputado de Compromis exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez movilizar para alquiler social y asequible.
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