El Defensor del Pueblo ha recomendado a las administraciones públicas aumentar el parque de viviendas de protección pública y que se destine preferentemente al alquiler frente a la venta. En un documento registrado en las Cortes Generales, ofrece 35 sugerencias que entre otras cosas pide garantizar que su calificación sea permanente, impulsar medidas que incentiven el alquiler asequible de viviendas desocupadas, además de iniciativas específicas y extraordinarias frente a los desahucios o limitar los pisos turísticos en las zonas tensionadas.
El documento monográfico, titulado 'La efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. Un problema social crítico', propone 35 recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas, es resultado de una investigación de oficio, iniciada en junio de 2025, con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, y los 10 ayuntamientos de los municipios de España más poblados, en respuesta al "incremento de las quejas de la ciudadanía en materia de vivienda en los últimos años”.
Con carácter general, la institución exige a todas las administraciones que actúen "con mayor determinación" a la hora de diseñar y aplicar las políticas públicas de vivienda y establecer los mecanismos de financiación, y que lo lleven a cabo de manera coordinada y sostenida en el tiempo; y solicita incrementar de manera suficiente la dotación presupuestaria.
El Defensor considera que la existencia de un parque de viviendas de protección pública, "con precios máximos de venta y alquiler", es un instrumento fundamental para impulsar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles, y advierte de que la disminución o pérdida de este parque por el paso del tiempo como consecuencia de la caducidad de las calificaciones correspondientes constituye "uno de los obstáculos más relevantes para su consecución".
Asimismo, apunta que la existencia de un parque suficiente de viviendas con protección pública puede actuar como "factor regulador" del mercado de la vivienda, al lograr una moderación o contención de los precios, especialmente en los períodos alcistas del ciclo económico como el actual, que limite y compita con la oferta de vivienda libre.
El informe pide priorizar el parque público de vivienda en alquiler destinado a las personas que se enfrentan a una situación de emergencia residencial y a las personas con ingresos más bajos; y dentro de este grupo, a determinados colectivos como las familias con menores, especialmente, las monoparentales, las víctimas de violencia de género, los jóvenes, las personas con discapacidad y los mayores.
También reclama "medidas específicas extraordinarias" frente al desahucio de personas vulnerables que se enfrentan a la imposibilidad de abonar un incremento del precio del alquiler y que se puedan ver abocadas a situaciones de exclusión social.
Al mismo tiempo, recomienda incentivar la movilización hacia el alquiler asequible de viviendas de titularidad privada desocupadas, como “medidas fiscales, acuerdos de cesión de viviendas con grandes tenedores" y programas de intermediación en el mercado del alquiler de vivienda.
Mientras se impulsan las políticas públicas que permitan el aumento de los parques de vivienda pública y social, el Defensor del Pueblo propone estudiar la posibilidad de regular el otorgamiento de "una prestación económica subsidiaria" a los colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda, en cuantía suficiente para poder acceder al alquiler de una vivienda en el mercado, siguiendo el modelo ya asumido por algunas comunidades autónomas.
Igualmente, plantea el aumento de la construcción y oferta de viviendas, mediante el impulso de más edificación en las zonas que específicamente lo necesitan y de acuerdo con el principio de desarrollo urbano sostenible.
En cuanto a los alquileres turísticos, la institución considera necesario "arbitrar medidas de limitación" de esta actividad, en los municipios y territorios donde su incremento está produciendo “consecuencias negativas sobre el mercado del alquiler destinado a vivienda habitual y la gentrificación de las ciudades”.
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