Alquiler social

En un contexto donde el acceso a la vivienda se convierte en un desafío cada vez mayor, las ayudas al alquiler se presentan como un soporte esencial para las personas vulnerables. Estas ayudas buscan proporcionar una red de seguridad para aquellos que enfrentan dificultades económicas, garantizando que tengan acceso a un hogar digno. Además de las contempladas en el Plan Vivienda, existen otras ayudas al alquiler para familias vulnerables, las cuales dependen de las comunidades autónomas. Te contamos todo lo que tienes que saber.

El PSOE ha registrado en el Congreso una propuesta de reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades para conceder beneficios fiscales a aquellas sociedades, empresas o fondos de inversión que destinen sus inmuebles a alquiler social o asequible. La iniciativa se recoge en una enmienda en la ley para transponer una directiva europea sobre criptomonedas y plantea eximir del impuesto a las rentas obtenidas con la transmisión de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento y se apliquen rentas bajas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025.

La directora general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Leire Iglesias, ha anunciado que a partir de 2026 la nueva empresa estatal de Vivienda lanzará "grandes paquetes de vivienda todos los trimestres" y que para su acceso no habrá unos límites de renta muy exigentes. La mayoría de estas viviendas procederán de la Administración General del Estado, en las que se incluirán algunas de las 40.000 unidades traspasadas por Sareb a Sepes.

La intención del alquiler social es proporcionar un hogar a aquellas personas o familias que tienen dificultades para acceder a una vivienda digna en el mercado debido a su situación económica desfavorable.Este tipo de iniciativa busca ofrecer una solución habitacional a personas en riesgo de exclus

La directora general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Leire Iglesias, ha afirmado durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda del Congreso que dará prioridad a la promoción de viviendas en alquiler social y asequible y el desarrollo de suelo en aquellas zonas que se declaren como mercado tensionado, unido al compromiso de hacerlo en las zonas de Comunidad Valenciana afectadas por la dana. Según destacó Iglesias, junto a Valencia, serán prioritarias Cataluña, Navarra, Asturias, País Vasco y Galicia. Sepes dispone de 39 ámbitos programados con capacidad casi 20.000 viviendas y otros 13 de próxima adscripción.

El Congreso de los Diputados debatirá y votará el próximo 11 de marzo una proposición de ley del Parlamento de Cataluña para que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) destine el 80% de sus inmuebles a alquiler social, con el objeto de crear un fondo social de vivienda. El objetivo es crear un parque de vivienda social que permita dar respuesta a la grave situación de emergencia residencial de los últimos años. También se plantea que la sociedad ceda el 50% de sus terrenos urbanizables, reformar la ley de estabilidad presupuestaria para que los ayuntamientos puedan invertir en vivienda

El Constitucional ha decidido estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra varios artículos y una disposición transitoria de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, que modifica varias normativas para abordar la emergencia en el ámbito de la vivienda. Ha anulado el punto referente al valor de una expropiación forzosa en caso de incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda. Recordamos que esta ley ya ha estado sobre la mesa de este tribunal, que meses después de su entrada en vigor declaró inconstitucional obligar a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a sus okupas antes de interponer un proceso judicial.

Nadie discute que es urgente poner en el mercado más vivienda en alquiler a precios asequibles y que es precisa la colaboración del sector privado. Lourdes Barriuso, abogado especialista de derecho inmobiliario en Barriuso Legal, afirma que la figura de la vivienda asequible incentivada dentro de la Ley de Vivienda necesita de una "necesaria regulación, verdaderamente incentivadora para que promotores o pequeños propietarios de pisos vacíos, opten por arrendar a precios por debajo de mercado".

El Banco de España ha abogado por la cesión de viviendas particulares que están vacías, infrautilizadas o desocupadas al sector público con el objetivo de que se utilicen para aumentar el parque de viviendas en alquiler social, que representa solo el 1% del parque de alquiler en España. El director general de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán, ha defendido durante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados a la rehabilitación de vivienda como una manera de aumentar la oferta de inmuebles, y cifra el stock de alquiler social en 1,5 millones de viviendas en la próxima década para alcanzar cifras europeas.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha puesto en marcha un nuevo instrumento financiero a través del que invertirá 268 millones de euros en fondos de capital especializados para impulsar nuevas viviendas sociales y asequibles en régimen de alquiler. El ICO ha hecho la convocatoria pública para seleccionar a las gestoras y vehículos especializados, que podrán invertir 550 millones en proyectos de promoción y gestión de alquiler social y asequible. Se estima que se podrán construir unas 10.000 nuevas viviendas en arrendamiento.

El parque público de vivienda solo ha sumado 244 nuevos inmuebles entre julio de 2023 y septiembre de 2024, cifra muy alejada de las 100.000 unidades anuales que el Banco de España calcula que hacen falta durante los próximos 15 años para que España pase de un peso actual del parque estatal de un 2% y se acerque a la media europea del 9,3% de todo el volumen residencial. Este dato se ha conocido tras una respuesta parlamentaria al diputado y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez. Sin embargo, el Gobierno añade que tiene cerca de 60.000 viviendas públicas de alquiler social en distintas fases de desarrollo.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley del Parlamento de Cataluña de marzo de 2022, que modifica tres normativas aprobadas entre 2007 y 2016, con el objetivo de afrontar la emergencia en el mercado de la vivienda. En concreto, ha declarado inconstitucionales y nulos varios artículos y la disposición transitoria. El más destacado es el que obliga a ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer demandas judiciales derivadas "de la reclamación de una deuda hipotecaria y a determinadas demandas de desahucio". La sentencia "sólo tendrá efectos pro-futuro", según el tribunal.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado un nuevo programa de vivienda pública para construir 50.000 viviendas de alquiler protegido hasta 2030 con una inversión de 4.400 millones de euros hasta final de mandato durante el Debate de Política General en Cataluña. Illa ha aclarado que invertirá 1.100 millones de euros cada año para cumplir con este objetivo, y apuesta por más suelo público, más velocidad de ejecución, más colaboración público-privada y más ayudas para el acceso a la vivienda.

La socimi social TuTechô ha invertido desde junio 5,9 millones de euros en la compra de 33 viviendas ubicadas en Barcelona, Madrid, Cáceres, Málaga, Palencia y Sevilla, para destinarlas a alquileres sociales. Tras estas operaciones, el vehículo de inversión cotizado que pretende combatir el sinhogarismo en España ya suma 266 viviendas en toda España, a las que se suman locales comerciales, un cortijo y varios edificios donde se imparten cursos formativos y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. La compañía ya ha firmado arras de más inmuebles, lo que elevará su cartera hasta las 300 unidades a corto plazo.

La Ley de Alquiler Asequible entró en funcionamiento en Países Bajos a comienzos de 2024. Unas 300.000 viviendas que se encontraban en el mercado libre de alquiler pasaron al mercado regulado, y se unieron a las 2,5 millones de unidades que ya contaban con topes en los precios de los arrendamientos, entre 880 euros y 1.1160 euros al mes, según ingresos y características. Este límite a las rentas ha dejado menos stock en el mercado libre, presionando los precios al alza, pero también entre los alquileres sociales ya que muchos propietarios, incluso grandes tenedores, están cerrando contratos y poniendo sus pisos en venta.

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo (PP), ha anunciado que el Consistorio gaditano invertirá 10 millones de euros para la adquisición de fincas y suelos en el centro de la ciudad para la promoción de viviendas de alquiler asequible en el centro de la ciudad. El Ayuntamiento prevé comprar de seis a ocho terrenos para construir un centenar de viviendas, además de la inversión en la Casa Palacio de Roque Aguado para su adquisición y rehabilitación.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el convenio entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la gestión de la línea de avales de 2.000 millones de euros por cuenta del Estado para facilitar la promoción de vivienda social. A esta cantidad se suman otros 4.000 millones de los fondos vinculados a la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con los que se pretende construir más de 43.000 viviendas de alquiler asequible. Unas medidas dentro del plan del actual Gobierno para intentar ampliar el parque público en 180.000 unidades.

La consultora inmobiliaria insta al nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 4 de julio a poner fin a la venta de viviendas públicas con descuento a los inquilinos. Desde la época de Margaret Thatcher, en los años 80, está en marcha el programa ‘Right to Buy’, que ahora expertos y políticos critican ante la falta de oferta de alquiler social. Según los cálculos, más de 2 millones de viviendas han salido de parque público estatal, mientras 1,2 millones de hogares esperan un alquiler social.

La vivienda es la clave para evitar el riesgo de exclusión social de la población más vulnerable. Esta es una de las conclusiones del informe sobre el sinhogarismo en España que publicado el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos. El estudio asegura que este problema se está cronificando ante la falta de viviendas de alquiler social, donde apenas vive el 2,3% de la población, y pide aumentar la oferta residencial para colectivos vulnerables. "La realidad es que sin vivienda no hay trabajo: la posibilidad de encontrar una oportunidad laboral si no se cuenta con un techo es prácticamente nula", asegura.

Los últimos datos oficiales de seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ponen sobre la mesa el avance de los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda. Hasta el 31 de marzo, había comprometidos 1.720 millones de euros entre las CCAA y ciudades autónomas para levantar pisos sociales y rehabilitar barrios, prácticamente la totalidad de la inversión prevista. Estos planes permitirán el desarrollo de 24.123 viviendas de alquiler social en toda España, así como 291 actuaciones de mejoras de barrios, que beneficiarán a 45.500 inmuebles. Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana son las regiones más destacadas tanto por el volumen de fondos como de viviendas.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre los planes de rehabilitación y regeneración urbana que se están ejecutando con los fondos europeos. Se han firmado 211 acuerdos con CCAA y Ayuntamientos para levantar 24.964 viviendas de alquiler social por un importe de 1.000 millones de euros. Mientras, se han concretado más de 285 actuaciones en rehabilitación de barrios, y más de 197.00 actuaciones sobre viviendas con 3.420 millones de presupuesto. Aunque aún se mantiene el reto de llevar adelante las obras.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) prevé que los 40.000 millones de euros en préstamos procedentes de los fondos europeos que ha aprobado el Gobierno esta semana estén operativos y empiecen a llegar a las empresas en torno al verano, de los que el 10% van destinados a la vivienda. Esta línea va destinada a facilitar financiación a los promotores públicos y privados para incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, así como a mejorar el parque de vivienda social ya existente. Según el Gobierno, se podrán formalizar operaciones hasta el 31 de agosto de 2026.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha vendido a comunidades autónomas y municipios el 1,6% de las 21.000 viviendas que hace casi un año tenía vacías para poder ponerlas en alquiler social, según una respuesta parlamentaria del Gobierno. El propio presidente Pedro Sánchez fue el que anuncio un plan de 50.000 viviendas de Sareb para el parque público residencial, de las que 9.000 estarían disponibles ya desde abril del año pasado para que las comprases las entidades públicas.

El plan del Gobierno para impulsar las ventas de viviendas de Sareb a autonomías y ayuntamientos para incrementar el parque público social está registrando unas cifras modestas en estos primeros meses, y tampoco han cumplido expectativas los traspasos vía cesiones. Entre los principales motivos que ralentizan el trasvase de inmuebles son la falta de recursos económicos públicos, las dificultades de las Administraciones para gestionar viviendas sociales, los gastos de mantenimiento que deben asumir las arcas públicas o la pérdida de ingresos vía impuestos. Según insiste Javier Torres, presidente de Sareb, el freno de las operaciones no tiene nada que ver con “su estado, sus características o ubicación”.

El mayor tenedor de viviendas de la Comunidad Valenciana es la propia Generalitat Valenciana con más de 5.600 pisos del alquiler. Detrás, siguen CaixanBank (2.671) o Banco Sabadell (1.350). En total, 19.005 viviendas pertenecen a personas jurídicas con más de 50 arrendamientos, según datos recogidos por Civio. Estos megatenedores representan el 13,9% del parque residencial en alquiler de la Comunidad Valenciana.