Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han anunciado que votarán a favor de la distribución de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la Conferencia Sectorial del ramo, pese a que no les gusta "cómo se ha hecho y cómo se ha configurado" y han advertido de que se reservan la presentación de "futuros recursos" frente al Tribunal Supremo.
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Así lo ha apuntado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, en declaraciones previas a la reunión en representación de todas las comunidades autónomas del PP.
"Consideramos que es un acto propagandístico del 'sanchismo' y que lo único que pretende es condicionar a las comunidades autónomas sin solucionar realmente el problema de vivienda que tenemos todos los españoles y especialmente nuestros jóvenes", ha apuntado.
En concreto, en la cita de entre el Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas se aborda el reparto de los fondos del plan, ya acordados con las regiones.
Dotado con hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, contempla destinar el 40% de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.
Rodrigo (PP Madrid): "Un plan hecho a espaldas de las CCAA"
Rodrigo ha denunciado que se trata de un plan que se ha hecho "a espaldas de las comunidades autónomas", que se han enterado del mismo por la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), y ha censurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "intenta imponer" su "agenda ideológica" y "políticas nefastas de vivienda" a los gobiernos regionales.
Tras subrayar que se debería haber convocado una nueva Conferencia Sectorial de Vivienda en la que "con total transparencia, haber debatido este plan y, sobre todo, haberlo aprobado", ha remarcado que, en cualquier caso, las CCAA gobernadas por el PP votarán a favor de este reparto aunque no les guste "cómo se ha hecho y cómo se ha configurado".
"Por eso, sin lugar a dudas, nos reservamos la presentación de futuros recursos pertinentes en cada una de nuestras regiones" ante el Tribunal Supremo, ha advertido Rodrigo.
Entre otros factores, el consejero madrileño ha remarcado que el plan "llega tarde" y "no tiene la suficiente agilidad y rapidez" para ayudar a las CCAA y "no perder este año 2026". Según ha recordado, tras el visto bueno en la Conferencia Sectorial, tendrá que pasar otra vez por un Consejo de Ministros, por una nueva sectorial, se tendrán que firmar convenios bilaterales con regiones, por lo que cree que este año ya está prácticamente "perdido".
Además, ha censurado que el plan obliga a las CCAA a aportar una financiación "prácticamente inviable". "Mientras que las comunidades autónomas estamos haciendo un esfuerzo multiplicado por seis en relación con la aportación que hacíamos en el plan anterior, el Gobierno de España, solo está haciendo un esfuerzo multiplicándolo por dos", ha censurado.
Al hilo, ha apuntado que "además de las amenazas que están planteando sobre si estás conmigo o estás contra mí o haces lo que yo te digo con este plan, o al final no te voy a dar financiación" se trata de reparto que "no es justo en un sistema democrático".
También ha censurado el que el plan introduzca el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.
Desde el Ejecutivo madrileño, ven "especialmente grave" el hecho de que el propio Consejo de Estado haya cuestionado públicamente cómo se ha diseñado este plan y haya advertido de posibles vulneraciones de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. "Quizá el problema no sea la oposición, sino que el Gobierno confunde gobernar con colonizar competencias", ha ironizado el consejero.
Así, ha recordado que el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional este aspecto en recursos presentados por regiones como Andalucía o Madrid. "Se nos dio la razón diciendo que esto era una invasión de competencias y, sin embargo, ahora la ministra lo intenta hacer por la puerta de atrás a través de la aprobación de este Real Decreto", ha denunciado.
En este marco, ha recalcado que el plan "pretende condicionar a las comunidades autónomas sin solucionar realmente el problema de vivienda". "Nos preocupan nuestros jóvenes y nosotros, las comunidades gobernadas por el Partido Popular, tenemos especial dedicación a nuestros jóvenes porque nos preocupan, sinceramente, que no puedan emprender sus nuevos proyectos de vida y estamos viendo que el Gobierno de Pedro Sánchez, después de ocho años, no ha construido ninguna vivienda y les está hipotecando su futuro", ha zanjado.
Isabel Rodríguez espera unanimidad en la colaboración con las CCAA
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado que espera que haya unanimidad entre las comunidades autónomas en cuanto al reparto de los fondos del plan estatal de vivienda para que los 7.000 millones de euros repartidos "sean una realidad".
El reparto de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, ya acordados con las CCAA, se esperan desplegar a partir del segundo semestre, aunque los acuerdos se cerrarán de manera bilateral con cada comunidad autónoma.
La ministra ha puesto en valor que el plan acordado destina el 40% del presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, una cuestión que demuestra que "cuando se quiere y se trabaja en él", es posible alcanzar acuerdos entre distintas administraciones.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado.
Las partidas por Comunidades Autónomas
En términos absolutos, Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor dotación presupuestaria del nuevo plan, al alcanzar los 1.197 millones de euros, lo que supone un incremento de 877 millones respecto al plan previo. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones (+815 millones), y Cataluña, con 1.015 millones (+473 millones).
Por su parte, Castilla y León contará con 378 millones de euros del presupuesto, tras sumar 277 millones adicionales, mientras que Canarias alcanzará los 371 millones (+272 millones). Galicia dispondrá de 399 millones, con un aumento de 293 millones, mientras que Castilla-La Mancha, recibirá 280 millones (+205 millones).
A Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (+558 millones); Aragón, 266 millones (+195 millones); a Islas Baleares, 168millones (+123 millones); y a Asturias, 231 millones (+175 millones). La Región de Murcia recibirá 308 millones, lo que supone un incremento de 258 millones.
A Cantabria le corresponderán 133 millones (+98 millones); a Extremadura, con 210 millones (+154 millones); y La Rioja, 266 millones (+195 millones).
Respecto a las ciudades autónomas, Ceuta contará con una dotación de 7 millones de euros, lo que representa un aumento de 4,7 millones, mientras que Melilla dispondrá igualmente de 7 millones, con un incremento de 2,8 millones respecto al periodo anterior.
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