Eliminar el plan ‘Right to Buy’ aliviaría la crisis de vivienda social en Inglaterra, según JLL

La consultora inmobiliaria insta al próximo gobierno que salga de las urnas el próximo 4 de julio a poner fin a la venta de viviendas municipales con descuento a los inquilinos. Desde la

 El próximo gobierno del Reino Unido debería eliminar la venta de viviendas sociales a inquilinos bajo el programa ‘Right to Buy’ para ayudar a abordar la enorme lista de espera para viviendas sociales en Inglaterra, destacó la empresa inmobiliaria JLL.

Durante el último año (marzo 2023-marzo 2024) se vendieron poco más de 14.000 propiedades bajo este derecho de compra de viviendas en alquiler, lo que contribuyó a una pérdida neta de 11.700 viviendas de alquiler social.

Más de 2 millones de viviendas fueron compradas por sus inquilinos desde que la primera ministra Margaret Thatcher introdujo esta política en la década de 1980. Los críticos dicen que esta medida obliga a los Ayuntamientos a vender propiedades sin lograr suficiente dinero para reemplazarlas, lo que contribuye a una pérdida generalizada de viviendas sociales cada año.

"Como primer paso para aliviar la presión sobre la demanda, el próximo gobierno debe eliminarel programa 'Right to Buy’, que ha visto cómo se eliminan miles de viviendas sociales cada año", afirmó Marcus Dixon, jefe de vivienda en el Reino Unido de JLL.

La consultora inmobiliaria con sede en EEUU ha destacado el altísimo coste que supondría construir las suficientes viviendas sociales necesarias para acabar con una enorme lista de espera de viviendas sociales en Inglaterra, una lista que ha crecido a más de 1,2 millones de hogares, y que tendría un coste de 205.000 millones libras, unos 241.500 millones de euros al cambio actual.

Políticos y diversos ámbitos sociales piden cambios en las políticas de vivienda social

Estas cifras confirman el enorme desafío al que se enfrentará el próximo gobierno británico a la hora de abordar la crisis inmobiliaria del Reino Unido. Angela Rayner, líder adjunta del Partido Laborista, que lidera las encuestas antes de las elecciones generales del 4 de julio, ha prometido “el mayor impulso a la vivienda social, asequible y municipal en una generación”.

El portavoz de Vivienda del Partido Laborista, Matthew Pennycook, ya afirmó el pasado diciembre que su partido recortaría un porcentaje dep los descuentos que reciben los inquilinos de viviendas sociales cuando vayan a comprar la propiedad a través del ‘Right to Buy’.

Pennycook destacó que los descuentos, que aumentaron durante el gobierno conservador de David Cameron hace más de una década, dieron a los compradores un incentivo para vender propiedades en el mercado libre. Aunque también afirmó que los inquilinos a largo plazo aún deberían tener derecho a comprar sus casas con un “descuento razonable”.

Polly Neate, directora ejecutiva de la organización benéfica para personas sin hogar Shelter, también ha afirmado que es “absurdo que estemos vendiendo las pocas viviendas sociales que tenemos” y que el derecho a comprar debería suspenderse hasta que se puedan construir muchas más viviendas sociales.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, es otra de las voces autorizadas que también ha pedido que se detenga este programa. Hace ya alrededor de un año que afirmó que “hay demasiadas excasas municipales... Son adquiridos por propietarios privados, y a menudo alquiladas nuevamente al mismo ayuntamiento que se vio obligado a vender la casa en primer lugar”, denunció. De hecho, el gobierno escocés eliminó la política en 2016.

Kate Henderson, directora ejecutiva de la Federación Nacional de Vivienda, también ha afirmado que la política debería revisarse, pero que “los cambios al derecho a comprar por sí solos no serán suficientes para poner fin a esta crisis y proporcionar las viviendas que necesitamos. Necesitamos que el próximo gobierno comprenda la urgente necesidad de un plan de vivienda a largo plazo, coordinado a nivel nacional y totalmente financiado”.