Tras varias reclamaciones y alegaciones, la Comunidad de Madrid ha logrado convencer al Ministerio para la Transición Ecológica para que modifique la planificación eléctrica prevista para 2030.
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La región madrileña dispondrá de 6,5 gigavatios (GW) adicionales de capacidad de conexión a la red durante los próximos cuatro años, lo que permitiría atender la demanda de más de 100.000 viviendas y otros proyectos industriales y tecnológicos.
La nueva planificación destinará casi la mitad de la nueva capacidad eléctrica habilitada en la región, unos 3 GW de los 6,5 GW previstos, a atender la demanda de nuevos desarrollos de vivienda.
El origen del problema
El nuevo enfrentamiento entre los Gobiernos de Sánchez y Ayuso nace cuando el Ministerio que dirige Sara Aagesen solo permitía conectar unas 40.000 nuevas viviendas a la red, es decir, alrededor del 65% de las casas necesarias carecían de suministro garantizado, ya que un informe de BBVA Research recalcó que la comunidad requiere 116.000 viviendas y tenía suelo para 126.000.
El estudio señalaba que las inversiones en redes de transporte y distribución no avanzaban siempre al ritmo de la demanda, dado el auge de los desarrollos al sureste de Madrid como Valdecarros, Berrocales y Los Cerros.
La Comunidad presentó alegaciones al documento estatal y aportó información técnica con la que consiguió el cambio de opinión del Gobierno. Aunque el problema no era exclusivo de Madrid, ya que otras comunidades como la valencia, la andaluza y la murciana, también reclamaron mayor suministro eléctrico.
Con esa cifra, Madrid sería la segunda comunidad con mayor aumento de capacidad, solo por detrás de Aragón.
El Gobierno regional ha valorado valora positivamente esta decisión, pero sostiene que llega con cerca de dos años de retraso y recalca que todavía hay que ejecutar las infraestructuras para que la capacidad se traduzca en suministro real.
El Ejecutivo autonómico vincula también la red eléctrica con la actividad económica, sobre todo con el auge de la inversión industrial y tecnológica en centros de datos e inteligencia artificial.
El Gobierno de Ayuso estima que estos proyectos suponen una inversión de 15.000 millones de euros y entre 17.000 y 24.000 empleos directos e indirectos.
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