El Ministerio de Vivienda ha dado más detalles de la futura empresa pública de vivienda, que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes, 9 de diciembre. La entidad iniciará su andadura como 'Casa 47', haciendo honor al artículo 47 de la Constitución Española, que versa sobre el derecho a la vivienda, y a los 47 años que cumple la Carta Magna en este año.
Durante la presentación oficial de Casa 47, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confirmado que las viviendas de alquiler que pondrá el Estado a disposición de la ciudadanía a través de esta infraestructura serán asequibles y que los contratos tendrán una vigencia máxima de 75 años, con prórrogas continuadas de 14 años, siempre que los inquilinos "cumplan la mayor parte de las condiciones de acceso".
Con este horizonte temporal de más de siete décadas, el Gobierno pretende dar tranquilidad a los ciudadanos. "Si no cambian nuestras circunstancias y seguimos teniendo la necesidad de vivir en estas viviendas, estas serán nuestras casas toda la vida. Por tanto, blindamos la tranquilidad de la ciudadanía con estas viviendas", ha manifestado la ministra.
Los potenciales inquilinos deberán tener unos ingresos de entre dos y 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); es decir, pertenecer a la clase media. "A las rentas inferiores se les apoya a través de la vivienda social, y las personas con rentas superiores se entiende que no deben tener problemas para acceder al mercado libre", defiende el MIVAU.
Como ejemplo concreto del concepto de asequible, ha señalado que la renta de las viviendas en Olivenza (Badajoz), uno de los proyectos residenciales que se van a poner a disposición de los ciudadanos y que pertenecía a Sareb, rondará los 400 euros, mientras que la renta media de los hogares en este municipio es de 25.000 euros.
Rodríguez ha añadido que el "coste que implica construir viviendas no lo tiene que asumir la ciudadanía, sino las Administraciones Públicas" y que, por primera vez, "el precio público no se va a fijar en base a lo que ha costado construir, sino en base a lo que la ciudadanía puede pagar. Esa es la asequibilidad".
Así, ningún alquiler podrá sobrepasar el 30% de la renta media del territorio y habrá un tope en cada comunidad autónoma. Con ese argumento sobre la mesa, la ministra ha defendido que en ciudades como Madrid el alquiler de una vivienda pública estaría un 38% por debajo de mercado, mientras que en otras como Málaga el ahorro sería de un 50%.
Para un experto inmobiliario esta medida no tiene sentido e ironiza: “Al final van a durar más los alquileres que los inquilinos. O quizás la ministra espera que los jóvenes de 25 años que alquilen vivan hasta los 100”.
Rodríguez, que acaba de cumplir dos años al frente del Minsiterio de Vivienda, ha afirmado que este 4 de diciembre es "un día importante para el Ministerio, para mí como ministra, para SEPES, para el Gobierno y para el conjunto de la ciudadanía"; y que Casa 47 es "un gran avance para España y para la política pública de vivienda" que "sustentará el derecho a la vivienda digna como quinto pilar del Estado del Bienestar".
Con esta nueva entidad pública, desarrollada sobre los cimientos de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), el Ejecutivo crea la "infraestructura pública para abordar las políticas públicas de vivienda y garantizar el derecho a la vivienda, que es un mandato constitucional".
La ministra ha afirmado que estas viviendas no solo irán destinadas a los jóvenes, el colectivo que actualmente sufre más dificultades para acceder a una vivienda, sino para el conjunto de la sociedad, ya que cualquier ciudadano puede sufrir problemas puntuales a causa de una enfermedad, una separación o la pérdida del empleo.
Según Rodríguez, Casa 47 es "una pieza fundamental" para abordar la crisis residencial en España, "que es compleja y no se soluciona con propuestas sencillas"; y que se basará en pilares como la planificación, para evitar los errores del pasado y decidir si en una zona determinada es más necesario construir viviendas o rehabilitar las existentes, según la presión entre oferta y demanda. "Grandes capitales, zonas costeras y las islas es donde tenemos que poner el foco", ha apostillado la ministra. Y ha añadido que otros pilares bases de la nueva empresa pública será construir viviendas de calidad y cuya protección sea permanente.
"Hemos encontrado los mecanismos jurídicos necesarios para que todo lo que construya la entidad estatal de vivienda sea pública para siempre. Ahora todo lo que construyamos será blindado para siempre", ha argumentado.
"No nace con las manos vacías"
Casa 47 llega al mercado con una cartera de viviendas que ha incorporado de diferentes organismos públicos, desde Ministerios como Defensa o Interior hasta Sareb. La ministra, de hecho, ha hecho una mención especial sobre la sociedad que gestiona los activos de las entidades financieras rescatadas, de la que proceden 40.000 viviendas y 2.400 suelos, con capacidad para desarrollar en ellos cerca de 50.000 unidades adicionales.
A estos inmuebles 'heredados' y los que construirá Casa 47 se sumarán los que prevé adquirir próximamente. Como ha anunciado Isabel Rodríguez durante su discurso, el Gobierno lanzará una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir nuevas viviendas que se sumarán al parque público, ya que, como ha remarcado, "la ciudadanía reclama una solución inmediata a la vivienda, pero necesita tiempo. En construir una vivienda se tardan dos años".
Por otro lado, la ministra ha confirmado que el portal online donde se podrán consultar las viviendas disponibles y los requisitos de acceso estará activo próximamente, ya en 2026. Está previsto que Casa 47 lance desde el año que viene grandes paquetes de vivienda todos los trimestres y que en ese mismo portal se pueda solicitar una vivienda asequible, formalizar los contratos y contactar con la Administración en caso de cualquier incidencia.
Un año después de su anuncio
Hace justo un año que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de una "gran" empresa pública de vivienda para construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado (AGE).
A lo largo de estos meses, "hemos transformado la estructura de la empresa, hemos licitado la redacción de proyectos para más de 1.600 viviendas distribuidas por todo el territorio y hemos logrado poner a disposición de Casa 47 todo el patrimonio del Estado", ha resumido Rodríguez.
Como ha remarcado en multitud de ocasiones la ministra, la nueva entidad será el vehículo que usará el Gobierno para "blindar" la oferta pública de vivienda de manera permanente y a precios asequibles; y que su actividad abarcará todo el ciclo inmobiliario: desde la urbanización del suelo, la tramitación urbanística y la construcción de la vivienda, hasta su movilización y gestión.
De cara al futuro, la ministra ha insistido en que el Estado se apoyará en promotores sociales y el sector privado para reducir la presión sobre el mercado de la vivienda, y ha puesto como ejemplo de colaboración el Perte de Industrialización que se ha aprobado este año, por un importe de 1.300 millones de euros; o las ayudas que contempla el Plan de Vivienda 2026-2030.
"El esfuerzo inversor de Casa 47 contribuirá a la construcción de un nuevo parque público que nos sitúe en estándares europeos (8%), poniendo así fin al carácter recurrente de las crisis en materia de vivienda. La infraestructura pública que velará por el derecho a la vivienda será también la herramienta del Estado para intervenir en el mercado a través de la oferta de vivienda asequible", concluyen desde el Ministerio liderado por Isabel Rodríguez.
Avales para cubrir impagos de alquiler: más medidas en el Consejo de Ministros
El presidente del Gobierno ya adelantó a comienzos de esta semana que el Consejo de Ministros aprobará un real decreto con una partida que ayudará a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables.
Los expertos inmobiliarios aseguran que esta medida llega siete años tarde. "Los propietarios nunca han pedido dinero al Gobierno. Solo esperaban poder alquilar sin miedo", añaden.
El Proyecto de Real Decreto que regula el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incluía una línea de avales destinada a cubrir los potenciales impagos del alquiler en casos muy concretos.
La cobertura, en concreto, va destinada a cubrir el pago de las rentas a jóvenes y familias vulnerables que cumplan una serie de requisitos. Pero no es una ayuda a fondo perdido: los inquilinos deben devolver las cuantías a la Administración.
A falta de conocer el texto definitivo, esto es lo que se conoce de los avales para cubrir el impago de los alquileres.
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