El PSOE defenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso una iniciativa para reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida y blindar su carácter permanente para evitar corruptelas en estos procesos como presuntamente ha ocurrido en gobiernos municipales del PP como Alicante, Málaga, Alzira o Logroño.
"Estas actuaciones de gobiernos del PP erosionan la confianza ciudadana y hacen imprescindible la actuación socialista para reforzar las garantías públicas", defiende el PSOE en la iniciativa que se ha incluido en el borrador del orden del día de la sesión plenaria.
La propuesta insta a que la adjudicación de viviendas protegidas siga un procedimiento "claro y objetivo" que asegure la transparencia, con sujeción a criterios que garanticen la pública concurrencia y den prioridad a las personas o grupos de personas demandantes que se encuentren inscritos en registros públicos, teniendo en cuenta el orden establecido en dichos registros.
Blindar la vivienda protegida con carácter permanente
Además, se plantea que la vivienda protegida vaya destinada "exclusivamente" a residencia habitual y estar ocupada durante los periodos de tiempo establecidos como mínimos en la legislación y normativa de aplicación, o a alojamientos de carácter temporal admitidos por la regulación para situaciones de emergencia o estacionalidad, y siempre con autorización expresa de las administraciones competentes.
La propuesta también plantea blindar la vivienda protegida con carácter permanente para que las viviendas construidas o adquiridas con ayudas públicas, beneficios fiscales o en suelo público mantengan su régimen de protección, sin poder descalificarse mientras se mantenga la calificación del suelo.
Otras propuestas pasan por contar con registros públicos de demandantes; impulsar mecanismos de supervisión y control con nuevas herramientas de vigilancia institucional; inventariar el parque público y la vivienda protegida; detallar el suelo público disponible con potencial residencial; y auditar adjudicaciones y venta de suelo público realizadas en los últimos tres años para detectar y corregir posibles irregularidades.
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