Escándalo en Alicante: varios cargos públicos dimiten y otros investigados por adjudicarse viviendas protegidas

El Ayuntamiento de Alicante (PP) sigue en el punto de mira. La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ya ha presentado su dimisión después de que haya sido adjudicataria de una vivienda protegida en la primera promoción de viviendas públicas que se ha llevado a cabo en el municipio en las últimas dos décadas.

A esto hay que sumarle una nueva investigación, la que ha emprendido la Generalitat Valenciana sobre un funcionario, acusado de haber falseado información de su mujer (arquitecta municipal en el propio Ayuntamiento) para poder acceder a uno de estos inmuebles protegidos, ubicados en La Condomina.

Además, entre los beneficiados se encuentran dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, que también ha dimitido; y el arquitecto municipal de Urbanismo, Francisco Nieto.

Según el diario La Gaceta, los hijos de Pérez-Hickman obtuvieron inmuebles con superficies de 80 y 90 m2, valorados entre 200.000 y 250.000 euros. Por otro lado, el piso de Nieto contaba con 80 m2 y un valor de 200.000 euros. Mientras, el inmueble de la concejala alcanza los 90 m2 y supera ligeramente los 200.000 euros.

Ante ello, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ya ha convocado un pleno extraordinario para aclarar la información sobre las adjudicaciones de viviendas protegidas. En esta misma línea, el edil alicantino ya ha puesto en marcha una investigación para resolver estas supuestas ilegalidades.

Residencial Les Naus

El controvertido residencial, bautizado como ‘Les Naus’, comprende 140 viviendas de tres y cuatro dormitorios con aparcamiento privado, trasteros, locales comerciales y zonas comunitarias como piscina, dos pistas de pádel, una de baloncesto, un área de juegos para los más pequeños y un gimnasio privado.

Aparte, uno de los aspectos que más controversia ha generado es su ubicación, en el barrio de La Condomina y muy cerca de la Playa de San Juan, una de las mejores zonas del municipio alicantino.

¿Cómo se han adjudicado las viviendas?

La gestora del residencial, Fraorgi, ha asegurado que se trata de una promoción privada de vivienda de protección pública (VPP) en régimen de cooperativa, levantada en una parcela de titularidad pública que fue adjudicada en concurso por 6,6 millones de euros.

Desde la gestora recalcan que, al ser una promoción privada en régimen de cooperativa, cualquiera puede darse de alta como cooperativista y, por lo tanto, poder acceder a una de estas viviendas, siempre que cumplan los criterios que la propia gestora imponga.

El proyecto comenzó en 2018 con los primeros aspirantes, pero no fue hasta 2022 cuando se adjudicaron las viviendas y comenzaron las obras, que finalizaron el año pasado. Fue entonces cuando los propietarios entraron a vivir.