El Gobierno vuelve a la carga con la moratoria antidesahucios, pero exime a los pequeños propietarios

El Gobierno ha vuelto a aprobar la prórroga de la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables por impago de alquiler, pero con grandes novedades, ya que no afectará a los propietarios particulares con menos de tres viviendas en propiedad. Según los cálculos del Ejecutivo, hay actualmente 60.000 desahucios paralizados, pero con la aprobación de esta nueva medida, 50.000 de ellos terminarán en desahucio, tras las declaraciones de la portavoz Elma Sainz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

La medida que decayó la semana pasada en el Congreso de los Diputados y que estaba englobada dentro de un megadecreto que incluía otras medidas como la revalorización de las pensiones, la actualización de los coeficientes para calcular la plusvalía municipal y las bonificaciones fiscales por comprar coches eléctricos o por rehabilitar viviendas y edificios para mejorar su eficiencia energética. 

Una semana después de la primera gran derrota parlamentaria del Ejecutivo, el Consejo de Ministros ha aprobado dos decretos independientes: por un lado, el escudo social y; por otro, el de la subida de las pensiones.

Y la gran novedad de la nueva moratoria antidesahucios hasta el próximo 31 de diciembre es que no afectará a los pequeños propietarios, sino solo a aquellos que tengan tres o más viviendas, tras alcanzar un acuerdo 'in extremis' con el PNV. No obstante, el Ejecutivo necesita el apoyo también de Junts que ya ha anunciado que votará en contra de esta medida al considerarla "injusta porque el coste de este escudo social lo pagarán los pequeños propietarios y los vecinos", tal y como ha señalado la líder del partido en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, en un vídeo publicado en redes sociales.   

Por tanto, se mantiene el 'escudo social' que protege a las personas inquilinas sin alternativa habitacional que, por causas sobrevenidas, no pueden afrontar el pago del alquiler. Y, en base a ese pacto con el partido vasco, las personas propietarias de una o dos viviendas no se verán afectadas por la prórroga de este 'escudo social', y corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia para los inquilinos vulnerables.

Así, la nueva moratoria antidesahucios solo afectará a propietarios de tres o más viviendas, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: que haya un contrato previo y el arrendador que no sea vulnerable.

Como ha explicado el PNV, el objetivo de establecer este baremo es tener en cuenta la situación de los pequeños propietarios y permitirles recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, evitando que continúen los meses de impagos. Según la formación, era necesario no equipar a estos propietarios con los grandes tenedores o fondos de inversión, y evitar que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables por tener que asumir la carga del impago a la que les obligaba el Estado. 

En cualquier caso, este decreto debe ser convalidado en el Congreso en un plazo máximo de 30 días desde su publicación en el BOE.

MIVAU

Se reanudarán unos 50.000 desahucios 

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que actualmente hay unos 60.000 desahucios paralizados, de los que unos 50.000 se reanudarán. Serán los servicios sociales de las CCAA la que tengan que ofrecer una alternativa habitacional.

La suspensión de los desahucios para personas vulnerables fue una de las medidas impuestas durante los decretos de urgencia que se aplicaron en marzo de 2020, y sucesivamente, con motivo del estallido de la pandemia del coronavirus.

Desde entonces, casi seis años después, el Gobierno ha ido prorrogando año a año la suspensión de los desahucios para estar personas que no tienen una alternativa habitacional, y por la que los propietarios afectados por la suspensión del desahucios también podían solicitar una compensación.

Cataluña es la CCAA que ha destinado más dinero en ayudas a los caseros con desahucios suspendidos enmarcadas en el fondo de compensación a arrendadores, en algunos casos hasta 10 veces más que comunidades gobernadas por el PP, según afirmó la ministra de Vivienda en sede parlamentaria la semana pasada.

"La que más ha pagado ha sido Cataluña, con 8,1 millones de euros. Las siguientes son Baleares, con 740.000 euros; Aragón, con 312.000 euros; y Galicia, con 33.000 euros", afirmó Isabel Rodríguez.

Ante las quejas de formaciones como Junts por el funcionamiento de esta herramienta, el Ejecutivo decidió aprobar en diciembre una línea de avales complementaria de 300 millones para compensar los posibles impagos del alquiler a jóvenes y personas vulnerables.

Compensaciones para los propietarios

Los propietarios que tengan tres o más viviendas podrán pedir una compensación económica hasta el próximo 31 de enero de 2027, según detalla el Ministerio de Vivienda. 

Si es una persona jurídica, estará obligada a realizar la solicitud y presentación de documentos solamente por medios electrónicos en la página web de la comunidad autónoma donde se ubique el inmueble. En cambio, las personas físicas pueden presentar su solicitud por cualquier medio, ya sea vía telemática o mediante el registro físico. 

Otras medidas del escudo social

El nuevo decreto ley de 'escudo social' incluye medidas en materia de vivienda, energética, de empleo, de carácter tributario y de financiación territorial.

En materia energética, el Gobierno ha prorrogado el bono social energético y la garantía de suministro de agua y energía a consumidores hasta el 31 de diciembre de 2026, así como la adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo regulatorio 2026-2031.

En materia de empleo, se incluye la prórroga de prohibición despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas.

Además, se modifica el anexo de la ley del IVA en materia de hidrocarburos, se modifica en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y se aprueban los incentivos fiscales a vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga e inversiones que utilicen energías renovables.

También se recoge la exención en el IRPF a indemnizaciones por daños personales en incendios forestales, la prolongación de las ayudas para los afectados por la dana de Valencia y para la reconstrucción de los municipios afectados, se incluye la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas y se actualiza el régimen imputación de rentas inmobiliarias en IRPF.

En materia de financiación, se actualizan las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y las entidades locales, se aprueba el régimen de endeudamiento autonómico y la no exigibilidad de devolución de ingresos indebidos por las cuotas nacionales de telefonía móvil devueltas o que se devuelvan por el Estado a las compañías de telefonía móvil.

Además, se prorroga la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales y no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2026.

Sumar asume que no hay mayoría y acepta el decreto; Podemos lo rechaza

Nada más conocerse el decreto, Sumar ha puesto en cuestión que los propietarios de una vivienda en alquiler se libren de la suspensión de desahucios, pero se inclina por aceptar el acuerdo que han alcanzado el PSOE y el PNV para introducir esta exención, asumiendo la compleja aritmética parlamentaria necesaria para aprobar el decreto de escudo social.

Aunque a integrantes del socio minoritario del Gobierno no les gusta excluir a los pequeños caseros de la moratoria antidesahucios, como el portavoz de Vivienda, Alberto Ibáñez, cree que no se pueden hacer política de "líneas rojas" como achaca a Podemos, al que insta a huir de "palabras gruesas" contra ese pacto.

El portavoz de Vivienda y diputado de Compromís ha admitido que esa exención a los pequeños caseros a él no le gusta y le parece incluso reprochable, pero ha llamado a comprender que hay "negociaciones cruzadas" y que en esta legislatura es "confeccionar mayorías es difícil".

Por tanto, ha demandado "calma" a Podemos, que salió a cargar contra el pacto entre PSOE y PNV, al comentar que toda negociación tiene "contraprestaciones", que en este caso hacen compatible la protección social, excepcionar a los pequeños propietarios y no incluir beneficios fiscales a los caseros.

Un decreto independiente sobre las pensiones

El Consejo de Ministros ha aprobado, por otro lado, en un decreto independiente la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%.

Este incremento beneficia a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de a los más de 734.000 perceptores del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Según cálculos del Ministerio de Inclusión, la revalorización del 2,7% para este año supone, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentan en cerca de 500 euros anuales.

No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4% el próximo año, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizarán un 11,4%.

Estos incrementos van recogidos en un Real Decreto-ley que finalmente se ha separado del llamado escudo social, cuyas medidas se han incluido en otro decreto, para garantizar su convalidación en el Congreso y "blindar" el poder adquisitivo de los pensionistas, ha apuntado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La subida de las pensiones para 2026 ya fue efectiva en el mes de enero para los casi 13 millones de pensiones y prestaciones del sistema público y ahora se busca garantizar su continuidad, sin alteraciones en la nómina, con la aprobación, por separado, de la revalorización de las pensiones.