Algo más de un tercio de los recursos de los hogares en España proviene de prestaciones públicas del Estado, mientras que los casi dos tercios restantes se originan en las rentas del trabajo y de los activos, según un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).
El informe, titulado 'Cuentas generacionales de los miembros de los hogares' y elaborado por Julio López Laborda, Carmen Marín, Jorge Onrubia y Ángel de la Fuente, construye las Cuentas Nacionales de Transferencia (NTA) correspondientes a 2022 para analizar cómo los individuos financian su consumo a lo largo del ciclo vital.
De acuerdo con el estudio, los recursos totales de los miembros de los hogares residentes en España alcanzaron en 2022 el 111% del PIB nacional, lo que equivale a una media de 32.391 euros por persona. De ese total, cerca de un tercio procede de prestaciones públicas, de las que alrededor del 40% son monetarias -como las pensiones- y el resto corresponde a transferencias en especie, principalmente servicios públicos como sanidad y educación.
Desde el punto de vista del uso de estos recursos, el 44% se destina al consumo privado, el 23% al consumo público y el 26% al pago de impuestos y cotizaciones sociales. El porcentaje restante, en torno al 7%, se dedica al ahorro.
El análisis reproduce el patrón clásico observado en las economías desarrolladas, con fases de déficit y superávit a lo largo del ciclo vital. Durante la infancia y la juventud, el consumo supera ampliamente a las rentas laborales, lo que genera un déficit que se financia mediante transferencias públicas y privadas. Entre los 30 y los 60 años ocurre lo contrario: las rentas del trabajo superan el consumo, generando un superávit que permite tanto el ahorro propio como la financiación del consumo de otros grupos de edad.
En edades avanzadas, la reducción de las rentas laborales vuelve a provocar un déficit, que se compensa principalmente a través de pensiones, otras transferencias públicas y el uso de activos acumulados durante la etapa activa.
El informe también identifica tres grandes pilares redistributivos en la economía española. El primero es el sector público, que mediante prestaciones monetarias, transferencias en especie y consumo colectivo desempeña un papel central en la financiación del déficit de las etapas no activas. El segundo lo constituyen las transferencias privadas dentro de los hogares, fundamentalmente de adultos hacia jóvenes, lo que pone de relieve la importancia de la familia como mecanismo complementario de redistribución intergeneracional.
El tercer pilar es la reasignación basada en activos, que incluye rentas del capital y desahorro y adquiere una mayor relevancia en edades avanzadas, reflejando el papel del ahorro acumulado durante la vida laboral.
Según los autores, más allá de los resultados para 2022, la principal contribución del trabajo es metodológica, ya que establece un marco armonizado con las cuentas nacionales que integra microdatos fiscales y de gasto público con información macroeconómica agregada. Este enfoque permitirá producir de forma periódica este tipo de cuentas en España, realizar comparaciones intertemporales y evaluar con mayor precisión la sostenibilidad del Estado del bienestar en un contexto de envejecimiento demográfico.
En definitiva, el estudio proporciona una base empírica para analizar la equidad intergeneracional y comprender cómo se financia el consumo de los individuos a lo largo de la vida.
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