El Ejecutivo ha dado este martes el primer paso formal hacia una de las reformas educativas más demandadas por el sector: la reducción del número de alumnos por aula y de las horas de clase obligatorias para el profesorado. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley correspondiente, que ahora deberá superar el trámite parlamentario en el Congreso.
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De salir adelante, la norma fijaría en 25 el máximo de estudiantes por clase en la ESO —frente a los 30 actuales— y en 22 en Educación Primaria, donde el límite vigente es de 25. En cuanto a la carga lectiva, los docentes de colegios y centros de Educación Especial no podrían impartir más de 23 horas semanales, mientras que en secundaria el tope quedaría en 18. Además, el alumnado con necesidades educativas especiales —entre los que se incluyen quienes tienen discapacidad o trastorno del espectro autista— computará como dos alumnos a efectos del cálculo de la ratio.
La ministra de Educación, Milagros Tolón, defendió la medida tras el Consejo de Ministros como una apuesta por mejorar las condiciones de trabajo del profesorado: "Dijimos que esta iba a ser la legislatura del profesorado y hoy lo estamos cumpliendo", señaló.
Una realidad ya parcialmente extendida
En la práctica, buena parte del territorio nacional se encuentra ya cerca de estos umbrales. Según el sindicato STES, doce de las diecisiete comunidades autónomas han alcanzado en Primaria las ratios que plantea el proyecto, en gran medida como consecuencia del descenso de la natalidad y de acuerdos previos entre sindicatos y gobiernos regionales. Algo similar ocurre con los horarios lectivos, que en casi todo el país ya se sitúan en los máximos que ahora se pretenden blindar por ley, tras haber sido ampliados durante los recortes educativos que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy en el contexto de la crisis financiera de 2008.
Precisamente ahí reside uno de los argumentos centrales de los sindicatos para respaldar la iniciativa: convertir en obligación legal lo que hoy depende de la voluntad —y la solvencia— de cada autonomía, de modo que ningún gobierno regional pueda empeorar estas condiciones ante dificultades presupuestarias.
Las demandas que han quedado fuera
No obstante, las organizaciones sindicales han dejado constancia de algunas reivindicaciones que el ministerio no ha recogido en el texto. La principal es la ampliación del doble cómputo en la ratio: los sindicatos pedían que no solo contaran doble los alumnos con necesidades educativas especiales, sino también todos los que requieren apoyo educativo, una categoría mucho más amplia que engloba a estudiantes con dislexia, TDAH, situación de vulnerabilidad socioeconómica o desconocimiento del idioma de instrucción. De haberse incluido esta medida, el número de alumnos con doble cómputo habría pasado de los 249.494 actuales a más de un millón, según los últimos datos oficiales.
La ley también deja sin concretar la reducción de ratios en el segundo ciclo de Infantil, la FP Básica y el Bachillerato —donde actualmente puede haber hasta 35 alumnos por aula—, aunque obliga al ministerio a desarrollar un decreto sobre esta cuestión en un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor. Los sindicatos reclaman además que la FP de grado medio, donde el abandono roza el 33%, quede expresamente incluida en la bajada.
Por su parte, Comisiones Obreras, que este martes ha secundado una huelga nacional en el primer ciclo de Educación Infantil, el tramo de cero a tres años, exige que esta etapa también sea incorporada al proyecto.
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