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Blackstone pide al Gobierno que no erosione el crecimiento del alquiler con medidas adversas

Autor: Redacción

Eduard Mendiluce, consejero delegado de Anticipa y Aliseda, firmas participadas por Blackstone, pone en duda la reforma que plantea el actual Gobierno sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), una reforma que incide básicamente en la duración de los contratos y en la actualización de las rentas. 

Critica que haya dos tipos de duración: una de tres a cinco años, si el propietario es una persona física, o de tres a siete años, si el casero es una empresa, algo que considera “una diferenciación discriminatoria y tiene el único objetivo de penalizar a los inversores institucionales, sin que se derive de esta medida ningún beneficio al conjunto de la ciudadanía.” 

Además, hace una mención a la idea que tiene el Gobierno de limitar las rentas por ley. En su opinión, puede tener el efecto contrario al que se pretende y erosionar el objetivo que persiguen que es el de facilitar el acceso a la vivienda a colectivos con bajos ingresos. Los efectos adversos que menciona de Mendiluce sobre la medida de limitar los alquileres (que ya ha funcionado sin éxito en París o Berlín) son los siguientes: 

1) Reducción de la oferta de viviendas en alquiler y, en consecuencia, incremento de precios.

2) Los propietarios serán más estrictos eligiendo a inquilinos de mayor solvencia, lo que dificultará el acceso al alquiler de las familias con menos recursos.

3) El precio de los alquileres subirán al inicio para mitigar el efecto congelación de renta durante el periodo obligatorio de alquiler.

4) Un escenario de alquileres sin posibilidad de actualización de rentas a precio de mercado provocará que los propietarios se decanten por la venta de la vivienda, tensionando los precios al alza.

5) Si el arrendador no puede recuperar lo invertido en mejoras, rehabilitación y mantenimiento de viviendas, dado que el incremento anual de la renta se limitaría a la variación del IPC, el arrendador no invertirá en estas partidas.

6) No habrá incentivo para promocionar vivienda en alquiler.

Mendiluce asegura que solo un 3% del parque actual de viviendas está gestionado por profesionales (empresas o inversores institucionales), con lo que el resto (97%) se encuentra en manos de particulares. En cambio, en Europa, el mercado profesional controla el 30% de los alquileres. Por último, subraya que en nuestro país la oferta de vivienda pública destinada al alquiler social solo supone un 1,5% de la oferta total, una cifra que se eleva hasta el 15% en países de nuestro entorno. “España tiene mucho margen de mejora en este aspecto”, añade.