El parque de vivienda pública de Barcelona no remonta. De las 72.501 viviendas que había con protección en la provincia de Barcelona en 2021 sólo quedarán 36.031 en 2030 y 18.830 en 2040. Es decir, se habrán reducido en un 49,7% y un 74% respectivamente. Ésta es una de las principales conclusiones del informe “El parque de vivienda protegida en Barcelona: stock existente y su evolución”, elaborado por L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) y L’Observatori DESC.
El informe publica datos inéditos del Servicio de Estudios y Documentación de Vivienda de la Generalitat de Cataluña con el objetivo de aportar una visión poco conocida por la sociedad sobre el problema de la vivienda y las razones por las que actualmente Cataluña, Barcelona y el área metropolitana están por debajo de la media de vivienda social en Europa, tal y como ambos organismos indicamos en el informe State of Housing 2021. Cataluña y Barcelona, presentado el año pasado.
Estimación de la pérdida de vigencia de la protección de las viviendas de protección oficial. Por ámbitos territoriales. 2021-2040.
La normativa de vivienda de protección oficial (VPO) en Cataluña durante las últimas décadas se ha caracterizado por prever unos períodos de calificación cortos y no permanentes (con algunas excepciones). Esto provoca una progresiva descalificación de los inmuebles, que dejan de formar parte del stock a precio regulado sin ningún tipo de contraprestación para la Administración.
Por otra parte, el informe destaca que con la actual normativa (Decreto Ley 17/2019) la práctica totalidad de las viviendas protegidas que se están construyendo y se construirán no podrán ser descalificadas en lo sucesivo. Esta política va en la línea de la implementada en el País Vasco, que establece que las viviendas protegidas no podrán ser descalificadas tanto si son de titularidad pública como si no lo son, aunque contempla algunas excepciones. Con la actual normativa, Cataluña se sitúa entre los territorios más avanzados en cuanto al período de vigencia de la calificación, en comparación con otras comunidades autónomas analizadas en el informe como Asturias, Galicia y Andalucía.
Perspectivas como las aportadas por esta investigación permiten poner aún más en valor los últimos cambios que han corregido parcialmente este defecto en la normativa. Sin embargo, el informe muestra la importante pérdida de activos de vivienda protegida que se regulan por la normativa anterior.
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