La incertidumbre geopolítica vuelve a colarse en el mercado hipotecario español. Tras la escalada del conflicto en Oriente Medio y sus posibles efectos sobre la inflación y los tipos de interés, el Gobierno estudia activar nuevas medidas de apoyo para hipotecados, aunque, por ahora, las mantiene en reserva. El Ejecutivo opta por una estrategia prudente, similar a la desplegada durante la guerra en Ucrania, mientras el debate político sobre las hipotecas variables vuelve a intensificarse.
Según adelantó el 'ABC', el Gobierno dispone ya de un paquete de ayudas preparado para aliviar la carga de los hogares si el encarecimiento del dinero se agrava como consecuencia de la guerra entre Irán e Israel. Sin embargo, de momento no se han activado, a la espera de ver cómo evolucionan los mercados y, especialmente, el Euríbor.
El precedente más claro está en 2022, cuando el estallido de la guerra en Ucrania y la posterior subida de tipos llevó al Ejecutivo a aprobar un conjunto de medidas para proteger a los hipotecados. Entre ellas destacó el refuerzo del Código de Buenas Prácticas, que permitió reestructurar préstamos, ampliar plazos o aplicar carencias a familias vulnerables. También se facilitó el cambio de hipoteca variable a fija sin costes y se redujeron comisiones para aliviar la carga financiera.
Estas iniciativas tuvieron un impacto notable: decenas de miles de hogares solicitaron acogerse a estos mecanismos, que siguen vigentes en gran medida y que ahora podrían ampliarse o adaptarse si el nuevo contexto internacional vuelve a tensionar los tipos de interés.
En paralelo, el frente político también se mueve. Podemos ha reactivado el debate sobre la protección de los hipotecados con una propuesta para limitar las hipotecas variables, planteando restricciones a su comercialización en momentos de elevada volatilidad. La iniciativa busca evitar que los hogares queden expuestos a subidas bruscas del Euríbor, aunque el sector financiero y parte del arco parlamentario cuestionan su viabilidad.
Mientras tanto, el Gobierno ya ha dado pasos en otros ámbitos económicos vinculados al conflicto en Irán. El Congreso ha convalidado recientemente un Real Decreto-ley con medidas fiscales para mitigar el impacto de la crisis, que incluye rebajas impositivas y apoyos a determinados sectores.
Sin embargo, no todas las iniciativas cuentan con el mismo recorrido. Otro Real Decreto-ley, centrado en la vivienda, plantea la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler y la extensión del tope del 2% en la actualización de las rentas. Esta medida, de momento, no tiene garantizados los apoyos necesarios para su convalidación parlamentaria, lo que añade incertidumbre al marco regulatorio del mercado residencial.
En este contexto, el Ejecutivo mantiene en la recámara nuevas ayudas hipotecarias como herramienta de respuesta rápida si la situación empeora. El comportamiento del Euríbor en los próximos meses será clave para determinar si se activan o si, por el contrario, quedan como un plan preventivo que nunca llega a aplicarse.
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