La lucha contra los apartamentos turísticos se endurece en Ibiza: la Junta de Gobierno Local ha impuesto una sanción de 793.443 euros a un propietario por destinar su vivienda al alquiler vacacional sin disponer de la licencia correspondiente.
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Así lo ha confirmado el Ejecutivo local, que ha desestimado las alegaciones presentadas por la parte sancionada, ya que, según el consistorio, es una infracción “grave”, según refleja la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears.
La cuantía establecida se enmarca dentro del artículo 167.4 de la Ley 12/2017, que establece sanciones de entre 50% y el 100% del valor de la edificación cuando el cambio de uso no está permitido. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido aplicar el 75% del valor total de la edificación al “haberse acreditado un cambio de uso de residencial a turístico sin disponer del título habilitante necesario”.
Tras la confirmación de la sanción, el concejal de Urbanismo, Juan Flores, ha recalcado: “Quien destina viviendas a uso turístico sin la correspondiente autorización debe tener claro que el Ayuntamiento actuará con firmeza. El alquiler turístico ilegal perjudica el acceso a la vivienda, altera la convivencia y genera una competencia desleal respecto a los establecimientos y viviendas que operan dentro de la legalidad”.
“Esta sanción es una muestra de nuestro compromiso con el cumplimiento de las normas y continuaremos reforzando las inspecciones y las actuaciones sancionadoras para erradicar estas prácticas de nuestro municipio", ha concluido.
Otra multa de 800.000 euros en Baleares: esta vez, en Palma
No es la única multa de estas dimensiones impuesta en las Islas Baleares. Recientemente, el área de Turismo del Consell de Mallorca impuso una sanción a un propietario de un edificio en Palma, cuyos diez apartamentos se comercializaban íntegramente como alojamientos turísticos.
La resolución pone fin a un expediente administrativo que se ha prolongado durante varios años y que se ha cerrado cona sanción de 800.000 euros, equivalente a 80.000 euros por piso. Además, el propio Consell ha confirmado que los apartamentos afectados han dejado de anunciarse en las plataformas digitales en las que se ofrecían.
La administración insular sostiene que la clausura de anuncios y la imposición de sanciones elevadas buscan reforzar el efecto disuasorio frente a modelos turísticos que no cumplen la normativa ni cuentan con la licencia exigida.
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