Vivienda turística

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado una sentencia de calado para el sector de los alojamientos turísticos en la región. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha establecido que las viviendas turísticas son, a efectos urbanísticos, de uso terciario y no uso residencial, lo que las equipara a establecimientos hoteleros o locales comerciales y las somete a las mismas limitaciones de ubicación. El caso analizado se centra en la ciudad de Salamanca, donde la justicia prohíbe que estos pisos vacacionales puedan instalarse por encima de la primera planta, basándose en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

Para una empresa, amortizar sus inmuebles puede suponer un importante ahorro año tras año. Pero el coeficiente aplicable dependerá de sus características y de la actividad desarrollada en los mismos. La Dirección General de Tributos (DGT) acaba de pronunciarse sobre esa cuestión en una consulta donde analiza cómo amortizar, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, los edificios destinados a la explotación turística en régimen de vivienda vacacional.

La lucha contra los apartamentos turísticos se endurece en Ibiza: la Junta de Gobierno Local ha impuesto una sanción de 793.443 euros a un propietario por destinar su vivienda al alquiler vacacional sin disponer de la licencia correspondiente. Así lo ha confirmado el Ejecutivo local, que ha desestimado las alegaciones presentadas por la parte sancionada, ya que, según el consistorio, es una infracción “grave”, según refleja la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears.

El Ayuntamiento de Denia ha aprobado la ordenanza municipal que regula la vivienda para uso turístico en el municipio alicantino, uno de los más demandados por los visitantes, tanto extranjeros como nacionales. La nueva normativa introduce la compatibilidad de uso turístico en la zona más protegida, que incluye barrios residenciales, donde, en principio, se estableció la prohibición de nuevos registros de viviendas turísticas. También añade otra medida que permite ampliar del 15% al 25% el peso de estos pisos en aquellas zonas más demandadas y que tengan baja presencia residencial.

El tratamiento fiscal del alquiler turístico sigue generando dudas entre propietarios e inversores. Lo cierto es que la clave no está solo en arrendar una vivienda, sino en cómo se presta ese servicio. La Dirección General de Tributos (DGT) lo deja claro: la frontera entre la exención de IVA y la obligación de repercutirlo depende, en gran medida, de si se ofrecen determinados servicios o no. Cuando el propietario únicamente ceda el uso del inmueble sin prestar servicios propios de la industria hotelera, seguirá beneficiándose de la exención del IVA. En cambio, si forman parte inseparable del alojamiento, dejará de estar exento.

El número de viviendas turísticas que se anunciaban en plataformas digitales en mayo de 2026 se redujo en 40.836 unidades frente al mismo mes de hace un año, lo que supone una caída del 10,7% anual, una de las más altas desde que el INE realizar esta estadística experimental.En mayo de este año se c

La emblemática Real Casa de la Moneda de Sevilla ha reabierto sus puertas tras una profunda reforma, pero esta vez con un uso diferente, ya que alberga 10 apartamentos turísticos de lujo: seis de uno a tres dormitorios y cuatro áticos dúplex con cuatro estancias y terrazas privadas con vistas privilegiadas de la ciudad.

El Govern de las Islas Baleares ha aprobado una reducción del 60% en las sanciones por alquiler turístico ilegal para los propietarios que cedan su vivienda al programa Lloguer Segur y la pongan a disposición del Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) para que estas se alquilen a precios asequibles durante un mínimo de siete años. El Govern establece un precio máximo de 1.500 euros mensuales para el propietario, siendo el inquilino quien abona 1.050 euros y la administración autonómica la diferencia. En el caso de estos pisos, el propietario solo recibirá el pago del arrendatario.

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre uno de los grandes focos de conflicto en las comunidades de propietarios: el uso turístico de las viviendas. En su sentencia respalda el cese de la actividad cuando los estatutos contienen una prohibición expresa de destinar los inmuebles a hospedería. No obstante, la sentencia no significa que cualquier comunidad pueda impedir de forma automática el alquiler turístico. El Tribunal Supremo recuerda que estas limitaciones deben constar de forma expresa en los estatutos. La mera descripción del edificio como residencial no basta, por sí sola, para prohibir esta actividad.

¿Puede una comunidad obligar a retirar un jacuzzi instalado en la terraza de una vivienda? La cuestión no es menor, pues cada vez es más frecuente incorporar elementos de este tipo, piscinas desmontables o espacios de ocio privados, especialmente en inmuebles situados en áreas donde el clima acompaña. La respuesta a esta cuestión dependerá de las circunstancias concretas de cada caso, pero la Audiencia Provincial de Málaga ha recordado en una sentencia de este año que no basta con alegar posibles riesgos o molestias. En el caso resuelto, el jacuzzi estaba en una terraza privativa, con lo que no requería autorización.

El Ayuntamiento de Málaga está trabajando en una modificación del PGOU para aplicar una moratoria que limite las nuevas licencias a apartamentos turísticos y a hoteles con menos de cuatro estrellas durante un año. Además, esta nueva normativa permitirá la reconversión de bajos comerciales en desuso para destinarlos a vivienda, siempre y cuando no se destine al uso vacacional. Esta se suma a la moratoria global que prohibe las nuevas licencias a viviendas turísticas. Sin embargo, esta incluye a los activos hoteleros de tres estrellas o menos y a bloques de apartamentos que se destinasen exclusivamente al uso vacacional.

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha pedido al Ayuntamiento la retirada "inmediata" de la campaña de la ciudad sobre el fin de las licencias de pisos turísticos en 2028, informa este lunes en un comunicado. La entidad considera que el consistorio está haciendo un uso partidista de la publicidad institucional y que no existe ninguna decisión "válida" adoptada por el Ayuntamiento de la que se derive esta eliminación de las licencias.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado por finalizado el recurso presentado contra el proceso de consulta pública previa de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, aprobada por el Parlamento de Canarias el 12 de noviembre de 2025 y en vigor desde el 13 de

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha instado a los ayuntamientos y comunidades autónomas a actuar "ya" en materia de viviendas de uso turístico (VUT) ilegales, ya que son los organismos responsables de inspeccionar este tipo de viviendas y clausurarlas en el caso de que fuera necesario.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aclarado una duda muy habitual entre propietarios: no basta con declarar solo los días en los que el inmueble está ocupado ni es posible deducir todos los gastos del año sin más. El propietario debe reflejar todo el año, distinguiendo entre los periodos en los que el inmueble genera rendimientos y aquellos en los que procede la imputación de rentas. El TSJC subraya que la carga de la prueba recae sobre el contribuyente y la falta de documentación deja sin efecto cualquier alegación.

Ibiza encabeza el ranking nacional de caída de plazas turísticas en el primer trimestre de 2026. Según los datos recogidos por Exceltur en las 25 principales ciudades españolas, la isla balear ha registrado el descenso más acusado del país, con 447 plazas turísticas contabilizadas, un 70,5% menos respecto al año pasado. Las siguientes ciudades con mayores caídas son A Coruña (-38,6%), Palma (-37,9%) y Murcia (-34,3%). Estos resultados superan con creces la media nacional, que ha registrado un retroceso del 8,8%, y contrastan con los números positivos de Málaga, Sevilla y Granada.

Las limitaciones a las viviendas de uso turístico están en el foco de todas las Administraciones. El interés político por poner coto a estos pisos vacacionales se debe, principalmente, a echarles la culpa de la falta de oferta habitacional, que está provocando una grave crisis de vivienda en España. El potencial turístico de nuestro país es innegable y se ha consolidado como el gran motor de la economía nacional, por lo que, en el caso de que estos apartamentos vacacionales lleguen a prohibirse definitivamente, ¿tendría el sector hotelero capacidad suficiente para dar respuesta a esta demanda? Vamos a comprobarlo.

Los alquileres vacacionales pueden generar problemas al resto de vecinos de un edificio o urbanización. Por eso, muchas personas se preguntan si se puede prohibir los pisos turísticos en una comunidad de propietarios y cómo.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha puesto coto a la subida de cuotas a los pisos turísticos acordada por una comunidad de propietarios cuando la actividad ya se venía desarrollando antes de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de marzo de 2019 (Real Decreto-ley 7/2019), en relación con la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que introdujo cambios significativos para la regulación de este tipo de alojamientos turísticos. Recordemos que la modificación normativa permitía que la comunidad aprobara un incremento de hasta un 20% de la cuota de gastos comunes para aquellos propietarios que dedicasen su vivienda a la actividad turística por el uso intensivo de elementos comunes. Pero sin efectos retroactivos.

Durante años, el debate público y normativo sobre el alquiler de corta duración ha tenido un protagonista casi exclusivo: las viviendas de uso turístico. Licencias, moratorias, prohibiciones municipales, sanciones y controles se han concentrado en ese ámbito, hasta el punto de que muchos operadores han buscado refugio en una figura que parecía, al menos hasta ahora, más estable y jurídicamente reconocible: el arrendamiento de temporada. Pero con la nueva regulación del alquiler temporal en Cataluña el cerco que durante años se ha ido cerrando sobre las viviendas turísticas empieza a extenderse hacia estos arrendamientos.

La Comisión Europea ha publicado una resolución en la que prohíbe un sistema de doble registro para las viviendas de uso turístico y fija el 20 de mayo como fecha límite para eliminar cualquier duplicidad administrativa incompatible. Esta sentencia afecta directamente a Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, que se encuentra en tramitación y preveía elaborar un nuevo número de registro regional, independiente del impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que lleva en vigor desde el 1 de julio del año pasado.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) ha notificado a las plataformas 'on line' la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales y ha pedido que se retiren sus anuncios. Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos, en línea con la normativa europea que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración.

Fevitur ha incorporado a su organización la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro), además del nombrar a Paloma Amat como vicepresidenta de la patronal, en el marco de esta integración, sumándose a la de Adolfo Meras de Madrid Aloja. La entidad estatal, que representa a más de 526.000 viviendas de uso turístico registradas en los registros autonómicos y 350.000 alojamientos temporales, ha explicado que esta adhesión responde a la necesidad de articular una defensa conjunta de los gestores profesionales.

La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado una de las cuestiones más consultadas por los propietarios que arriendan parte de su casa a través de plataformas de alquiler turístico: cómo declarar en el IRPF los ingresos obtenidos por arrendar una habitación de la vivienda habitual. La DGT establece que este tipo de arrendamientos no tiene consideración de actividad económica. En consecuencia, los ingresos que se obtienen al alquilar una habitación —ya sea de forma turística o temporal— deben declararse como rendimientos del capital inmobiliario en el IRPF.

La Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía ha cancelado, desde 2024, 10.266 viviendas turísticas tras las medidas de control, regulación y ordenación impulsadas por la administración autonómica en coordinación con los ayuntamientos. La provincia más afectada ha sido Málaga con 3.812, seguida de Granada (1.807 cancelaciones), Cádiz (1.352 cancelaciones), Sevilla (1.198 cancelaciones), Almería (686 cancelaciones), Córdoba (679 cancelaciones), Huelva (403 cancelaciones) y Jaén (329 cancelaciones). Además, las cancelaciones en las capitales de provincias representan el 45% del total.