Compromís pide al Gobierno prohibir la compra de vivienda a los no residentes en Alicante

El grupo parlamentario de Compromís en el Congreso ha pedido al Gobierno central que prohíba la compra de vivienda a población no residente en la provincia de Alicante. El diputado y portavoz de Vivienda de la formación, Alberto Ibáñez, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Vivienda para que actúe de “manera urgente” ante la escalada de precios que atraviesa el mercado inmobiliario alicantino.

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Según los datos recopilados por el partido político, el precio de la vivienda usada en Alicante creció un 16,8% en junio de 2026 respecto al año anterior, y el comprador no residente paga de media un 76% más que un nacional, lo que genera un “efecto arrastre que tensiona todo el mercado local”, ha asegurado Ibáñez.

La subida “bestial” de precios se debe, “entre otros factores, a la compra de población no residente”, ha declarado el diputado, quien añade que “no puede ser que la casa de al lado de una mansión se encarezca simplemente por proximidad, impidiendo que una persona normal pueda comprar su hogar”.

Una de cada tres viviendas acaba en manos de no residentes, según Compromís

Según los datos aportados por el representante de Compromís, más del 33% de las compraventas en la provincia de Alicante las realizan personas que no residen en el territorio, y en algunas zonas la proporción se acerca a una de cada dos.

Además, la Comunitat Valenciana concentró el 40% de todas las compras realizadas por no residentes en España durante 2025, una tendencia que, según Ibáñez, ha empeorado en lo que va de 2026. 

Ante esta situación, la formación política propone restringir las compras en aquellas zonas donde la presencia de compradores no residentes supere el umbral del 30%.

El portavoz sostiene que la medida es compatible con el derecho comunitario europeo, que ya reconoce este tipo de regulaciones en territorios con circunstancias excepcionales. En este sentido, recuerda que el Ministerio de Vivienda está estudiando medidas similares para Baleares y Canarias, y exige que Alicante no quede excluida.