Albiol (PP): “Si la solución a la okupación tiene que seguir pasando por los juzgados, no avanzaremos”

Xavier García Albiol quiere que la respuesta a la ocupación ilegal deje de depender, en la mayoría de los casos, de los juzgados. El alcalde de Badalona, a quien Alberto Núñez Feijóo ha encargado liderar la propuesta del PP contra la ocupación, defiende una intervención policial o administrativa que permita recuperar los inmuebles en 48 horas. “Si la solución tiene que seguir pasando por los juzgados, no avanzaremos”, afirma en una entrevista con idealista/news. El proyecto parte de una proposición de ley anterior de los populares, aunque todavía quedan por concretar cuestiones como la ejecución de los desalojos o los criterios para distinguir la vulnerabilidad del fraude.

Desde la alcaldía de la tercera ciudad más poblada de Cataluña, Albiol señala la inseguridad de los propietarios, las trabas administrativas y la falta de suelo como factores que dificultan el acceso a la vivienda. También cuestiona la reserva del 30% de vivienda protegida de Barcelona y reconoce que el encarecimiento de la capital catalana está beneficiando a Badalona al atraer compradores de rentas medias y altas. En materia de ocupación, sostiene que el 70% responde a personas que la han convertido en un modo de vida, aunque admite que no dispone de datos exactos y fundamenta esa estimación en su experiencia.

Desde su experiencia como alcalde de Badalona, ¿cómo han cambiado los problemas de vivienda que le trasladan los vecinos?

Hay distintos elementos que han situado la vivienda como una de las principales preocupaciones. Por un lado, los pequeños propietarios trasladan una sensación de inseguridad que antes no existía. Hasta no hace mucho estaba relacionada con la ocupación ilegal y con no poder resolver de una manera efectiva y a corto plazo los impagos de los inquilinos. Ahora se añaden los decretos del Gobierno, que acaban consolidando estas situaciones de indefinición para los propietarios.

Por otro lado, me encuentro con personas que no pueden acceder al mercado del alquiler, entre otros motivos, por esa falta de agilidad. Una persona que deja de pagar sin un motivo justificado puede permanecer uno o dos años en el inmueble hasta que se produce una resolución judicial, en la mayoría de los casos por la vía civil, porque los juzgados están colapsados. Esto también acaba dificultando el acceso de otras personas al alquiler. Esa es la mayor preocupación que estoy detectando.

¿Qué diagnóstico hace del mercado de la vivienda en España? ¿Por qué cada vez cuesta más comprar o alquilar?

Los altos precios obedecen a una serie de circunstancias. Por un lado, el precio de los terrenos ha aumentado de manera considerable al faltar espacio para construir, sobre todo en las grandes ciudades. Hay un problema de oferta.

Por otro, hay decisiones de las administraciones, como la obligación de destinar el 30% a VPO en Barcelona, que hacen inviables algunas de las promociones que se quieren desarrollar.

También hay un factor que para mí es determinante: la lentitud en la tramitación y la gran cantidad de requisitos administrativos que se solicitan para emprender un proyecto de construcción de nuevas viviendas. Son factores agravados en Cataluña por esas trabas administrativas, que provocan que una promoción no resulte interesante económicamente o que los precios estén absolutamente disparados.

¿Hasta qué punto las dificultades para acceder a una vivienda en Barcelona están desplazando la demanda hacia Badalona?

Esta situación de encarecimiento desmesurado de la vivienda en Barcelona nos está repercutiendo en positivo. Hay una parte de las personas que son expulsadas de Barcelona, con una capacidad de renta media o media-alta, que buscan alternativas de más calidad en su entorno.

En nuestro caso, estamos desarrollando un barrio nuevo, el del canal del Gorg y el paseo marítimo, donde aproximadamente el 65% o el 70% de quienes han comprado una vivienda son personas que han venido de Barcelona, extranjeros o vecinos de ciudades del entorno. Nos está permitiendo que un nuevo perfil de vecinos venga a nuestra ciudad.

¿Qué margen real tiene un alcalde para facilitar el acceso a la vivienda? ¿Qué le queda pendiente en Badalona?

Queda mucho trabajo pendiente, lo reconozco. En Badalona, el Ayuntamiento llevaba 20 años sin construir viviendas de protección pública. Tenemos planificadas hasta siete promociones, que significarán aproximadamente entre 300 y 350 viviendas de promoción pública, tanto de alquiler como de venta.

Las administraciones también tenemos una parte de responsabilidad, sobre todo en el ámbito autonómico y estatal. No se permite liberalizar y poner a disposición una parte del suelo que creemos que debería poder transformarse de manera más o menos acelerada en residencial. Creo que esa será una de las tareas del próximo Gobierno de España, que espero que sea el de Feijóo.

Hablando de Feijóo, le ha encargado liderar la ley antiocupación. ¿Qué hay ya sobre la mesa?

Tenemos un documento base: la proposición de ley que presentó el Grupo Popular en el Congreso hace un par de años y que está bloqueada en la Mesa por la mayoría del Gobierno. Es un buen documento de partida.

La conclusión tiene que ser que se creen los mecanismos y las modificaciones legales adecuadas para que una ocupación ilegal no se consolide ni se cronifique y se pueda actuar en 48 horas. Hay que tener muy claro que una cosa son las ocupaciones ilegales de patada en la puerta como modo de vida o las de las mafias, y otra muy distinta las personas que de verdad son vulnerables y tienen un problema puntual para pagar la hipoteca o el alquiler. Tenemos que saber diferenciar el grano de la paja. Ese es el objetivo: los okupas, en 48 horas fuera.

¿Puede adelantar alguna medida concreta que todavía no se haya anunciado?

Tengo el encargo desde hace diez días. La proposición de ley que presentó el PP puede ser una buena base, pero quiero sentarme con los sectores afectados para escuchar sus propuestas y hacer la mejor ley, que dé respuesta a este problema. Afecta a las grandes ciudades y, de manera muy especial, a las de Cataluña, donde se da el 40% de las ocupaciones de España.

Prometen desalojos en 48 horas. ¿Desde qué momento empieza a contar ese plazo y qué garantiza exactamente: una decisión judicial o que el propietario recupere las llaves?

Creo que en la mayoría de los casos no se tiene que llegar a que intervenga el ámbito judicial. Tiene que ser una respuesta más policial, con todas las garantías, o administrativa. Pero si la solución tiene que seguir pasando por los juzgados, no avanzaremos.

¿Se crearía una unidad especial para este tipo de desalojos?

No lo sé, se lo digo de verdad. En este momento no puedo dar ese nivel de detalle porque aún no estamos en esa fase.

También ha defendido que hay que proteger a quien deja de pagar porque se queda en paro. ¿Cómo distinguirá la ley la vulnerabilidad del fraude y en qué casos mantendría la suspensión de un desahucio?

Tampoco lo tenemos diseñado todavía, pero es evidente que hay que conocer el historial de la persona. Una situación así normalmente va acompañada de informes de los servicios sociales. Se tiene que estudiar cada caso y distinguir entre quienes han convertido la vulnerabilidad en su modo de vida y quienes son vulnerables de verdad.

Lo que está claro es que quien no tiene que soportar ese peso social es el propietario del piso. Tienen que ser las administraciones. Hay que buscar una fórmula para que no sea el propietario quien tenga que aguantar el impago durante uno o dos años porque esa persona no tiene recursos, en lugar de que sea la Administración la que encuentre una solución.

Ha invitado a Junts a aportar propuestas. ¿Han mantenido conversaciones o hay algún punto de acuerdo?

No. He invitado a todo el mundo que quiera aportar una propuesta a que lo haga. Junts también ha tenido una ley bloqueada en la Mesa del Congreso, pero, a diferencia de nosotros, ha mantenido con sus siete votos a Pedro Sánchez.

Quizá podría haberle forzado a desbloquear esa ley en las negociaciones que ha hecho de manera semanal. Seguro que pueden hacernos llegar alguna propuesta, pero tampoco han mostrado mucho interés hasta la fecha.

¿Cuántos inmuebles ocupados tienen identificados en Badalona? ¿Qué datos respaldan su afirmación de que quienes hacen de la ocupación una forma de vida o forman parte de mafias son mayoría?

Los datos exactos no los tenemos. Pero, por la experiencia de muchos años, estoy en condiciones de afirmar que el 70% de las ocupaciones corresponden a personas que han convertido la ocupación en un modo de vida.

¿Sacan también un beneficio económico?

En unos casos sí y, en otros, se dedican a dar la patada en la puerta para vivir con los servicios pinchados y no tener que pagar ni los servicios ni el alquiler. Profesionales de vivir de la ocupación.

De los inmuebles recuperados durante su mandato, ¿cuántos lo han sido mediante una resolución judicial, una actuación policial o una salida acordada?

No lo tengo cuantificado en estos momentos. Pero, según los datos oficiales de la Policía Local, el año pasado conseguimos evitar que se consolidaran más del 50% de los intentos de ocupación en Badalona. Cada año se ha ido reduciendo el número de intentos.

Usted ha intervenido personalmente en actuaciones que han terminado con la salida de ocupantes. ¿Cuál es el protocolo municipal y qué papel le corresponde al alcalde?

En el momento en que lo detectamos, nos avisa un vecino o tenemos información de que se está produciendo una ocupación, tengo una concejalía que se dedica a tomar las medidas adecuadas para evitar que se consolide. Trabaja de manera coordinada con la Policía Local y, a veces, con Urbanismo o Disciplina.

Estoy muy satisfecho, aunque queda mucho trabajo. En 2025 y en el primer semestre de 2026 hemos evitado más del 50% de los intentos de ocupación en la ciudad.

A partir de ahí, depende de las circunstancias. El fin de semana pasado, a las seis de la mañana, estaba con unos vecinos que estaban siendo amenazados por la mafia de la ocupación, con agresiones. Intento estar al lado de los vecinos porque es importante.

¿Le paran por la calle para pedirle ayuda?

Sí, y me escriben por correo y por mensajes privados en las redes sociales.

¿Qué importancia tiene esa implicación personal?

Al final es un tema de prioridades. Mi prioridad es acabar con este problema. Afecta a mucha gente y no hay ningún barrio ni ninguna ciudad de la provincia de Barcelona que se pueda salvar de esta situación. Con mi presencia intento aportar soluciones y dar tranquilidad a los vecinos.

¿Qué artículos de la ley de vivienda eliminaría y cuáles mantendría?

Es una pregunta muy de detalle que no puedo contestar. La ley de vivienda es una de las normas en las que se tendrán que modificar algunos artículos con la ley de ocupación. También la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Código Penal. Tiene que haber modificaciones para hacer una ley efectiva que dé respuesta al problema que se está viviendo.

¿Qué cambio considera prioritario para que un pequeño propietario vuelva a alquilar su piso?

Tienen que ser cambios de profundidad para dar una respuesta a esta realidad que afecta a tanta gente. Una respuesta efectiva y satisfactoria.

¿Cuántas viviendas calcula que regresarían al alquiler si su propuesta antiocupación saliera adelante?

No tenemos datos aún. Pero creo que la inmensa mayoría de los pisos que en estos momentos no están en alquiler, bien porque hay desconfianza o porque están ocupados, saldrían al mercado.

Lo harían en unas condiciones que facilitarían el acceso a personas que ahora tienen dificultades, no solo por el precio, sino también por su perfil social y por esa desconfianza: jóvenes, madres solteras o inmigrantes.

Si, cuando una persona deja de pagar, en lugar de estar dos años pleiteando se puede resolver el problema en pocas semanas, eso da confianza a todo el mundo y beneficia a todos los sectores.

¿Cuántas viviendas públicas o asequibles está construyendo su Gobierno y a cuántas se compromete durante este mandato?

En estos momentos estamos construyendo una promoción de 35 viviendas. El mes que viene empiezan otras treinta y pico y, dentro de dos o tres meses, otras treinta y pico más.

En 20 años no se había construido ni una sola vivienda pública por parte del Ayuntamiento. Ya tenemos arrancada la que he explicado y durante este mandato se iniciarán aproximadamente 350 viviendas.