Consumo investiga a inmobiliarias por imponer comisiones a los inquilinos
La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto una investigación a empresas de gestión del alquiler de viviendas que operan en todo el territorio español por obligar a los inquilinos a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento o por firmar contratos temporales sin que dicha temporalidad estuviera justificada. El Ejecutivo recuerda que estas comisiones están prohibidas por los cambios en la LAU realizados por la Ley de vivienda, y suponen un abuso, según la Ley de Defensa de los Consumidores, con sanciones que podrían ir de los 100.000 euros hasta un millón de euros.
