Ministerio de Consumo

Un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 destaca que la brecha entre los ingresos entre los caseros y los inquilinos alcanza los 23.638 euros anuales. Los arrendadores cuentan con una renta mediana de 52.449 euros, frente a los 28.810 euros de los inquilinos, lo que supone una diferencia del 82%, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma 'online' de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por publicar más de 65.000 anuncios de alojamientos sin licencia. El fallo incluye rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los contenidos ilícitos. La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo.

La última sesión de control al Gobierno en el Congreso ha vuelto a airear las diferencias entre los socios de Gobierno en materia de vivienda o la falta de comunicación entre los ministerios del PSOE y de Sumar, además de una ruptura con parte del ala a la izquierda del Ejecutivo. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que las noticias publicadas a partir de un informe del Ministerio de Consumo carecen de datos contrastados para afirmar que más de 632.360 contratos finalizarán en 2026 y que tendrán una subida media de 1.735 euros anuales. Mientras, Ione Belarra (Podemos) pide la dimisión de la ministra y que se vaya a la patronal.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la renovación de un contrato de alquiler en 2026 para un hogar con una renta mediana tendría un impacto anual de 1.735 euros a precio de mercado en el conjunto de España. Según el Ministerio, unos 632.400 contratos finalizarán a lo largo de 2026, lo que afectarían a más de 1,6 millones de personas. Las cifras bailan entre autonomías, con Baleares a la cabeza, con un encarecimiento de 4.615 euros/año, mientras que en Comunidad Valenciana, Canarias y Madrid superarían los 2.000 euros anuales.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha urgido al PSOE a aprobar una prórroga automática de todos los contratos de alquiler que vencerán durante el próximo 2026, y que ascienden a más de 630.000 contratos de arrendamiento firmados hace cinco años, y que afectaría a 1,6 millones de personas. Sumar presentó el pasado octubre un Real Decreto Ley para volver a intervenir el mercado de la vivienda, así como la restricción de los pisos turísticos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha abogado por prohibir la compra de viviendas con fines especulativos, y que la compra se destine para residir o para alquilar a precios asequibles: "Es hora de actuar", ha defendido.Lo ha dicho en una atención a los medios e

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto imponer una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro, tras la apertura el pasado marzo de un expediente sancionador por parte del Departamento que dirige Pablo Bustinduy, tras una denuncia de Facua. Consumo abrió una investigación a la agencia inmobiliaria, aunque sin revelar su nombre, por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión de los arrendamientos en todo el territorio nacional. La propuesta de sanción continuará en fase de análisis durante los próximos meses en la que se espera las alegaciones de todas las partes.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que van a presentar un “plan de intervención urgente para prohibir la compra especulativa de vivienda y acabar con el acaparamiento y los pisos turísticos ilegales”. Asimismo, ha calificado a la vivienda como el “principal mecanismo extractivo de rentas para las clases trabajadoras” y ha asegurado que hay una “clase parasitaria, rentista e internacional que está aprovechando el funcionamiento y la distorsión del mercado para extraer los ingresos de los trabajadores y lucrarse a costa del derecho constitucional a la vivienda.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un auto con el que avala por segunda vez las resoluciones con las que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a la multinacional Airbnb a retirar de su plataforma casi 35.000 anuncios de pisos turísticos por publicitarse sin indicar la licencia correspondiente ni su naturaleza jurídica. En total, el Gobierno central ha emitido tres resoluciones por las que invita a Airbnb a retirar 65.000 anuncios, que la compañía ya retiró el pasado verano.

La plataforma estadounidense ha eliminado 4.093 anuncios de alojamientos turísticos en España, después de un primer requerimiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras detectar publicidad ilícita. Los pisos se ubicaban en Canarias, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha. La cartera liderada por Pablo Bustinduy ha puesto en valor la colaboración con la empresa tras el envío de esta solicitud para que los anuncios se ajusten a la legalidad vigente.

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias pone el grito en el cielo ante lo que considera un portazo del Ejecutivo a sus propuestas para fomentar la transparencia en el sector inmobiliario y buscar soluciones conjuntas a la crisis de vivienda, como crear sellos de calidad para las agencias. El presidente de FAI, José María Alfaro, asegura a idealista/news que en los últimos meses se han reunido con Vivienda y Consumo para plantear sus planes y estrechar la colaboración público-privada, aunque no han recibido respuesta a sus planteamientos. Para Alfaro, la regulación en vivienda no está bien enfocada y las agencias están sufriendo una intensa persecución, pese a no ser la raíz del problema.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado un nuevo expediente sancionador a una agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como el cobro de comisiones ilegales u obligar a contratar servicios no solicitados. La Cartera que dirige Pablo Bustinduy, que no ha facilitado el nombre de la agencia implicada, ha abierto expedientes a compañías como Alquiler Seguro por casos similares y ha obligado a Airbnb a retirar miles de anuncios ilegales de pisos turísticos, y afirma que está investigando a más compañías del sector inmobiliario.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado sobre el recurso presentado por Airbnb contra las resoluciones del Ministerio de Consumo que imponen a la plataforma de pisos turísticos el bloqueo de casi 66.000 anuncios que no cumplen con las normativas autonómicas en esta materia. El tribunal avala las actuaciones de Consumo e insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata que se encuentran repartidos por Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares o País Vasco.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a la agencia inmobiliaria Alquiler Seguro, que opera en todo el territorio nacional, por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, y sigue investigando a otras compañías del sector por cobrar comisiones ilegales y obligar a contratar servicios no solicitados. De ser consideradas infracciones graves, las multas podrían ser de hasta 100.000 euros, y de hasta un millón de euros si son muy graves, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con Pablo Bustinduy al frente, ha identificado más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid, por lo que ha pedido al Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida que inste a eliminar los anuncios en plataformas online de viviendas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios. Entre las posibles ilegalidades, la Dirección General de Consumo señala que esta empresas estarían ofreciendo los alojamientos turísticos como particulares, y que se arriesgan a recibir infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros.

La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de pisos turísticos por no retirar anuncios de alojamientos que se publicitan sin licencia. Según la normativa, las prácticas que se están investigando al respecto pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. La Dirección General de Consumo examinará a las empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas CCAA y que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, explica el Ministerio.

La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto una investigación a empresas de gestión del alquiler de viviendas que operan en todo el territorio español por obligar a los inquilinos a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento o por firmar contratos temporales sin que dicha temporalidad estuviera justificada. El Ejecutivo recuerda que estas comisiones están prohibidas por los cambios en la LAU realizados por la Ley de vivienda, y suponen un abuso, según la Ley de Defensa de los Consumidores, con sanciones que podrían ir de los 100.000 euros hasta un millón de euros.