Bustinduy pide llevar ya al Congreso el decreto de vivienda y que los socios "paguen el precio" si lo tumban

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha exigido este miércoles llevar "ya" al Congreso de los Diputados el decreto ley sobre vivienda, que incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028 (ya fue tumbada en abril), a pesar de no contar con una mayoría garantizada para su aprobación, y ha reclamado que los grupos parlamentarios que se oponen a la medida "paguen el precio" político y social si deciden tumbarlo.

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Incluir esta prórroga extraordinaria evidencia la tan cacareada vigencia que defendieron sus partidarios, desde Gabriel Rufián a los lobbies inmobiliarios de extrema izquierda o la ministra de vivienda Isabel Rodríguez, que afirmaron taxativamente que, aunque el decreto del 22 de marzo de 2026 fuera derogado, la prórroga de los alquileres solicitada por los inquilinos tendría plena vigencia jurídica. De incluirse otra vez esta prórroga en el futuro decreto se confirmaría que tales afirmaciones no eran ciertas y los líderes políticos liaron a la ciudadanía. 

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Bustinduy se ha referido al retraso en la aprobación de esta norma -cuyo anuncio inicial se situaba antes del receso estival de agosto- para asegurar que, por su partem se defendió "por activa y por pasiva, en público y en privado" que la iniciativa debía haberse presentado a finales de julio.

"El argumento es siempre el mismo: que la mayoría es muy complicada y que Junts, y en este caso Podemos también ha expresado algunas reticencias, no lo va a apoyar", ha explicado el titular de Derechos Sociales.

Preguntado por los motivos del bloqueo en las negociaciones, Bustinduy ha sostenido que, aunque el texto normativo "se podría matizar" o modificar en función de demandas concretas de las fuerzas parlamentarias necesarias para su convalidación, existen grupos con "otros intereses y otros objetivos".

En este sentido, ha acusado a estas formaciones de no querer "intervenir el mercado de la vivienda", ni "propiciar alivio a los inquilinos" o "acabar con el fraude de los pisos de temporada, de habitaciones o de los pisos turísticos", al considerar que están "sirviendo otros intereses o persiguiendo los suyos propios".

Ante esta situación, el ministro ha abogado por llevar al Congreso la norma sin más demoras. "Hay que llevarlo ya. Y que haya presión política y social sobre esos grupos parlamentarios para que no puedan permitirse tumbarlo. Y que si lo tumban, que paguen el precio, que no se vayan de rositas", ha aseverado.

"Blindan los intereses de quien se está forrando"

Bustinduy ha rechazado que la negativa de los socios parlamentarios responda a un intento de debilitar al Ejecutivo o a discrepancias de índole personal. "Lo hacen porque están blindando los intereses de quien se está forrando con la crisis de vivienda", ha remarcado, incidiendo en que el problema habitacional en España no constituye un fenómeno casual.

"La crisis de vivienda tampoco es una crisis meteorológica, no es de ¡Ay, qué mal está la vivienda! ¡Vaya por Dios!", ha criticado el ministro, que ha contrapuesto la situación de los ciudadanos que no pueden afrontar una renta a los beneficios de grandes tenedores e inversores.

Según ha argumentado, el "malestar y la angustia de millones de ciudadanos que no pueden pagar un alquiler, que no se pueden ir de su casa, que están compartiendo piso a los 45 años porque no pueden irse a vivir solos o que no se pueden comprar una vivienda" se traduce en "el lucro y el beneficio de quien está del otro lado, de quien se está forrando, en gran medida fondos internacionales".

"Incomprensible" abstención del PSOE ante la iniciativa de Sumar

Durante su intervención, Bustinduy ha criticado también el resultado de la votación celebrada este martes en la Cámara Baja sobre una propuesta presentada por Sumar para restringir la adquisición de inmuebles por parte de fondos de inversión.

En concreto, el Pleno del Congreso, con la abstención del PSOE, rechazó admitir a trámite una proposición de ley de Sumar que buscaba prohibir a empresas y fondos de inversión comprar viviendas y reservar su adquisición exclusivamente a personas físicas.

"Ayer el Congreso votó una ley que presentó Sumar para prohibir que los fondos de inversión compren más vivienda en España. El PP y Vox votaron en contra y el Partido Socialista, de manera incomprensible, se abstuvo", ha lamentado Bustinduy.

Ante este escenario, el ministro ha dejado clara su intención de seguir impulsando iniciativas legislativas. "Yo no me voy a cruzar de brazos y a decir ahí no se puede hacer nada, vaya por Dios. No, no. Yo quiero llevar las leyes al Congreso de los Diputados, estando en vigor, protegiendo a la gente, como hicimos con la prórroga (de alquileres), y que haya presión social y política suficiente para que o no puedan votar en contra o paguen el precio de hacerlo, que es como funciona una democracia, rindiendo cuentas", ha enfatizado.

Prórroga extraordinaria de dos años

Esta prórroga reforzada podrán solicitarla aquellos inquilinos cuyos contratos vencen hasta el 30 de junio de 2028, lo que amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias de esta medida. Según Sumar, en total (desde el 21 de marzo del 2026 hasta el 30 de junio del 2028) podrán beneficiarse de la prórroga casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares.

El texto también incluye otras medidas ya anunciadas, como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones y de los límites de precios en las zonas tensionadas.

Y también un aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA y un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas, medidas enfocadas a desincentivar el alquiler turístico.

El nuevo decreto ley incluirá una propuesta a negociar con los grupos parlamentarios sobre medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios y de que ninguna quede sin alternativa habitacional.