El canciller alemán Friedrich Merz se ha negado a expropiar unas 220.000 viviendas propiedad de grandes sociedades inmobiliarias en Berlín. Así, choca frontalmente con la promesa estrella del partido de izquierdas Die Linke al ganar las elecciones en la capital alemana con el 25,7% de los votos, aunque no tiene mayoría para gobernar. De hecho, Merz ha asegurado que el gobierno federal prepara ya una ley para impedir las expropiaciones y, así, evitar una mayor inseguridad jurídica en el mercado residencial y una fuga de capitales en el país europeo líder en volumen de inversión inmobiliaria. En 2025 el mercado inmobiliario alemán facturó 324.000 millones de euros, según datos de la firma italiana Scenari Immobiliari.
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El partido Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merz junto con el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) acordaron el pasado mes de julio aprobar una ley federal que prohíba las nacionalizaciones por parte de los estados federados de viviendas privadas arrendadas.
En una rueda de prensa Merz ha asegurado que “Alemania tiene que dejar claro a los inversores internacionales que la propiedad privada no se expropia. Los primeros borradores están siendo ya trabajados por los ministerios de Justicia e Interior. La decisión final sobre la ley se tomará “relativamente rápido”.
No obstante, desde la izquierda mantienen su plan de expropiar las viviendas a las empresas dedicadas al alquiler amparándose en el referéndum de 2021 en el que la mayoría de los berlineses respaldó la socialización de las grandes sociedades tenedoras de vivienda. No obstante, es referéndum no era jurídicamente vinculante y ninguno de los gobiernos posteriores ejecutó el plan de expropiación.
La propuesta supondría la nacionalización de más de 220.000 casas, lo que supondría que el gobierno regional pasaría de controlar el 20% al 30% del parque residencial de la capital alemana. La candidata de Die Linke, Elif Eralp, ha convertido la expropiación de viviendas en una condición fundamental para negociar una coalición de gobierno con los Verdes y el Partido Socialdemócrata (SPD).
Pero la factura de nacionalizar tal volumen de viviendas supondría destinar unos 20.000 millones de euros a indemnizar a las empresas propietarias de inmuebles, una cantidad difícilmente asumible para una ciudad que cerró 2025 con una deuda de 66.000 millones y con un desfase presupuestario de 5.400 millones de euros para 2026.
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