La recuperación por parte del Ayuntamiento de Madrid de las viviendas sociales vendidas al fondo de inversión Blackstone supondrá una promesa electoral difícil de cumplir para Manuela Carmena. El consistorio municipal cuenta con pocos argumentos jurídicos (cesión gratuita o cláusulas de incumplimiento) para revertir una operación de 128,5 millones de euros. Solo le quedaría acudir a los tribunales para exigir sus derechos.
El Ayuntamiento de la Madrid tendrá que basar sus argumentos en las distintas normativas ya existentes referentes a este tipo de inmuebles y de operaciones: el artículo 132 de la Constitución sobre regulación del dominio público; el artículo 11 del Reglamento de Vienes de las entidades y la Ley 3/2001 del Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Según varios expertos, el consistorio madrileño lo tiene difícil para lograr una sentencia a favor, ya que la ley habla de que la reversión se produce con las cesiones gratuitas a las que se les puede imponer condiciones.
El Ayuntamiento de Madrid, bajo el mandato de Ana Botella, firmo la venta de 1.860 viviendas sociales al fondo de inversión Blackstone por 128,5 millones de euros. Además de ser una venta y no una cesión “sería necesario que el contrato recogiera expresamente cláusulas de reversión”, afirman varios expertos.
Todo hace pensar que el anterior equipo de Gobierno no impuso la posibilidad de retorno de estas viviendas a manos del Ayuntamiento. El recurso que le quedaría al Ayuntamiento sería acudir a los tribunales y exigir sus derechos sobre estas viviendas.
Manuela Carmena ha defendido que la operación con Blackstone no fue legítima no conforme a derecho. “Los inquilinos tenían el derecho de comprar la vivienda social en la que viven al mismo precio que los fondos buitre”, ha afirmado la alcaldesa.
El fondo está obligado a respetar los acuerdos de alquiler vigentes durante todo el tiempo que dure la protección oficial, una media de diez años.
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1 Comentarios:
eso fue la botellas con su higo y el j``ose
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