lucha contra la okupación

Madrid y Naturgy eliminarán los enganches de luz ilegales en viviendas sociales

La Comunidad de Madrid ha firmado un convenio con la compañía UFD, distribuidora de electricidad del Grupo Naturgy, para erradicar los enganches ilegales al suministro eléctrico en las viviendas de la AVS (Agencia Vivienda Social), según ha podido saber en exclusiva idealista/news. La firma de este acuerdo tiene una duración de dos años y tiene, además, por objeto detectar situaciones de impagos de suministros eléctricos
Los madrileños que sufran una ocupación de su casa no tendrán que pagar el agua

Los pisos sociales de Fuenlabrada recuperan la luz tras un mes de apagón por culpa de unos okupas

Los vecinos del edificio de viviendas sociales ubicado en la calle Tía Javiera de Fuenlabrada (Madrid) vuelven a tener luz en sus hogares tras casi un mes de apagón. Una sobrecarga por el enganche ilegal de los okupas que residen en 15 de las 45 viviendas del inmueble, que es propiedad de la Agencia de Vivienda Social, provocó el incendio del cuarto de contadores y el corte del suministros. La reparación de los desperfectos durará un mes, aunque hasta entonces unos generadores proveerán de electricidad a los pisos.

El Ayuntamiento de Madrid comprará viviendas a particulares y bancos para destinarlas a fines sociales

El consistorio de la capital va a iniciar en los próximos días el proceso de compra de entre 100 y 150 pisos a particulares y entidades financieras con el objetivo de destinarlos a fines sociales, aunque no decidirá cuáles adquiere hasta el mes de noviembre. La alcaldesa Manuela Carmena ha anunciado su intención de contar al final de la legislatura con 4.000 nuevas viviendas sociales.

Madrid tendrá muy difícil recuperar las viviendas sociales vendidas a Blackstone

La recuperación por parte del Ayuntamiento de Madrid de las viviendas sociales vendidas al fondo de inversión Blackstone supondrá una promesa electoral difícil de cumplir para Manuela Carmena. El consistorio municipal cuenta con pocos argumentos jurídicos (cesión gratuita o cláusulas de incumplimiento) para revertir una operación de 128,5 millones de euros. Solo le quedaría acudir a los tribunales para exigir sus derechos.