
La Comunidad de Madrid ha firmado un convenio con la compañía UFD, distribuidora de electricidad del Grupo Naturgy, para erradicar los enganches ilegales al suministro eléctrico en las viviendas de la AVS (Agencia Vivienda Social), según ha podido saber en exclusiva idealista/news. Esta nueva medida demuestra el compromiso del Gobierno Regional en su lucha contra la okupación y con las actividades ilegales que rodean esta práctica.
“Desde la Comunidad de Madrid invertimos cinco millones de euros al año en medidas de vigilancia y seguridad para estas viviendas y acabamos de firmar un protocolo de actuación con una de las empresas suministradoras de energía para evitar los enganches ilegales en nuestras promociones con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias que allí viven”, afirmó la pasada semana Paloma Martín consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid.
La firma de dicho convenio con UFD, que tiene una duración de dos años, tiene por objeto:
- Erradicar las conexiones directas (enganches ilegales), a los puntos de suministro eléctrico gestionados por UFD de las viviendas propiedad de la AVS, que supone un grave incumplimiento de las condiciones del contrato de arrendamiento, y que puede suponer un riesgo para la seguridad de las personas, según defiende la Comunidad de Madrid.
- Establecer las condiciones de colaboración entre la Agencia y UFD para la detección de las situaciones de impagos de suministros de energía eléctrica en viviendas sociales. En este sentido, la UFD informará a la AVS sobre qué suministros se encuentran en situación irregular. Una vez detectado se iniciarán acciones y adoptarán medidas conducentes a la regularización de aquellos suministros que no se ajusten a la legalidad vigente.
- Realización de campañas de promoción de contratación de suministros. De esta manera se facilitará el acceso y la tramitación de los bonos sociales a las familias en situación de extrema vulnerabilidad que así lo necesiten.
Cabe destacar que en cuanto a vivienda protegida, la Comunidad de Madrid lidera la oferta en España para personas en situación de vulnerabilidad, con uno de cada seis pisos construidos en España destinados a este fin. De este modo, aglutina 25.000 viviendas entre las de arrendamientos y venta destinadas a familias con escasos recursos.
Ayudamos a las familias con rentas más bajas a que puedan acceder a un hogar, pero además las medidas que impulsa el Gobierno regional en esta materia ofrecen seguridad jurídica, respetan el derecho a la propiedad privada y favorecen los incentivos a la inversión, que es lo que nos demanda la sociedad.
"Seguiremos ampliando el parque de vivienda social con 1.741 viviendas adicionales, 266 ya en construcción; 637 en proceso de redacción de proyectos; y 838 en proceso de licitación de proyectos, tanto para atender a la especial necesidad como a la emergencia social", explican fuentes del Gobierno Regional.
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