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El Ayuntamiento de Madrid evita que más de 2.000 viviendas sociales caigan en manos de fondos de inversión

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid
Gtres
Autor: Redacción

La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, ha anunciado que 2.086 inmuebles municipales distribuidos por toda la ciudad recuperarán las condiciones de alquiler social que tenían antes de que el anterior gobierno local los incluyera en un preacuerdo de venta con un fondo de inversión.

El Ayuntamiento de Madrid ha frenado en seco la venta de viviendas sociales que iban a parar a fondos de inversión.

Según ha anunciado la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, un total de 2.086 inmuebles municipales repartidos por 21 distritos que habían sido incluidos en un preacuerdo de venta a un fondo de inversión por parte del anterior gobierno local recuperará las condiciones de alquiler social que tenían previamente. Esto significa que, definitivamente, esas más de 2.000 familias van a poder seguir en sus viviendas.

La noticia ha llegado después de Carmena se haya reunido con la plataforma ‘Yo no me voy’, una iniciativa impulsada por más de dos centenares de vecinos afectados y cuyas viviendas se sitúan en cinco inmuebles del distrito centro.

En el año 2012, los beneficiarios de los alquileres sociales de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) ya empezaron a recibir avisos y visitas de asistentes sociales que les informaban de que no se les renovaría el alquiler, incluso aunque cumplieran los dos requisitos que establece Madrid para acceder a un alquiler de este tipo: no superar una determinada renta familiar y no tener ningún inmueble en la Comunidad de Madrid. En caso contrario, serían desahuciados.

Fuentes municipales aseguran que un 40% de los afectados son personas de avanzada edad y que los 70 desahucios que estaban previstos finalmente no van a producirse.

"Hasta este momento había 70 procedimientos en marcha, pero hoy esas familias ya han recuperado sus viviendas. Ninguna persona se va a ver en la calle. El Ayuntamiento de Madrid va a desistir de todos esos lanzamientos. Para nosotros es fundamental el derecho a la vivienda, que reconoce la Constitución", ha declarado la alcaldesa.

Además, el Ayuntamiento ha confirmado que está estudiando un modelo de contrato que proporcione estabilidad y permanencia a esas 2.000 familias.