La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria ha aprobado 6.000 alquileres sociales en el primer año del programa que lanzó para ayudar a personas con pocos recursos, a los que se suman las cerca de 2.000 viviendas que ha cedido a las Administraciones para destinarlas a alquileres sociales o a emergencias habitacionales, y otras 1.900 que están en fase de estudio. La compañía cifra en 28.000 personas vulnerables las que residen en viviendas de las que es titular y sitúa a Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana como las CCAA con más casos.
El director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, recomienda incluir en la Ley de Vivienda, que sigue en proceso de aprobación, un mencanismo que permita a la Administración alquilar viviendas a los propietarios privados con rentas competitivas y que, posteriormente, subarriende estos inmuebles a los colectivos más vulnerables o bien, que se convierta en avalista. Según el abogado experto en arrendamientos, esta alternativa daría seguridad y garantías a los arrendatarios y provocaría que aflorasen más viviendas al alquiler, lo que ayudaría a frenar la escalada de las rentas.
El economista Miguel Córdoba afirma que la hipoteca inversa, que permite a los mayores vender la propiedad de su vivienda manteniendo el usufructo y recibiendo a cambio una renta periódica, podría utilizarse para solucionar el déficit de pisos de alquiler asequible. Para ello, el Estado debería crear una gestora público-privada que pudiera promover esta alternativa entre los jubilados y destinar sus propiedades a alquiler social tras su fallecimiento. La fórmula sería atractiva para fondos y otras empresas inmobiliarias.
El Ayuntamiento de la capital está en conversaciones con la entidad para adquirir una serie de viviendas que en estos momentos tiene en usufructo gracias a un convenio firmado con Sareb, según confirman a idealista/news fuentes de la compañía y del propio Gobierno local.
La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, ha anunciado que 2.086 inmuebles municipales distribuidos por toda la ciudad recuperarán las condiciones de alquiler social que tenían antes de que el anterior gobierno local los incluyera en un preacuerdo de venta con un fondo de inversión.
Los desahucios de familias con pocos recursos de sus viviendas son uno de los mayores problemas sociales en la actualidad. Sin embargo, los distintos gobiernos autonómicos y municipales no terminan de organizarse para ofrecerles una alternativa habitacional pese a que el Fondo Social de Vivienda cuenta con 4.500 pisos a su disposición y la Sareb ofrece acuerdos con las autonomías para ceder pisos en alquiler social.
El fondo de alquiler de viviendas sociales a precios asequibles promovido por el Gobierno central no termina de arrancar. De las casi 6.000 viviendas ofertadas en el programa aún quedan 4.500 en stock después de más de dos años en funcionamiento.
El gobierno firmó ayer el convenio con las entidades para la constitución del fondo social de viviendas para personas que han perdido su casa por cual de un embargo hipotecario. En total, 33 entidades van a poner a disposición de las familias 5.891 casas.
La defensora del pueblo, soledad becerril, ha solicitado a las diferentes administraciones públicas datos sobre las viviendas públicas vacías para destinarlas a alquileres sociales a desahuciados.
El ministro de economía, Luis de guindos, ha asegurado que las viviendas que formen parte del fondo social para alojar a los afectados por el desahucio se alquilarán por precios de entre 150 y 400 euros.
El gobierno vasco ha aprobado la liberación de una partida de un millón de euros para destinar al alquiler las viviendas sin vender de las promotoras.
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