Zurdo propone que el Estado alquile viviendas y las subarriende a los vulnerables

La tramitación parlamentaria de la Ley de Vivienda sigue atascada un año después de llegar al Congreso de los Diputados. Los desencuentros entre los socios de Gobierno y partidos como ERC o Bildu en algunos de los puntos más conflictivos de la normativa, como el tope a los alquileres, está retrasando la puesta en marcha del texto, que ahora se espera para el mes de abril.

En este escenario, y aprovechando que la Ley de Vivienda todavía está en proceso de aprobación, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) propone crear un mecanismo que permita acelerar los alquileres sociales ante la escalada de precios de los alquileres y la urgencia y necesidad de atender a determinados colectivos vulnerables.

Su propuesta consiste en que el Estado se convierta en inquilino de los propietarios particulares para que luego subarriende las viviendas a los más vulnerables.

"Esta fórmula no necesitaría del tiempo de espera que supondría la construcción de nuevas viviendas para alquiler social, puesto que se podría utilizar de inmediato el parque de viviendas privadas que hay actualmente en el mercado del alquiler”, explica José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y director general de ANA.

El mecanismo que propone la compañía consistiría en que la Administración Pública (el Estado o las CCAA) pague a los propietarios privados una renta por sus viviendas a un precio competitivo y que posteriormente alquile esos inmuebles a los inquilinos más vulnerables a través de alquileres sociales. También estaría la posibilidad de que el sector público se conviertiera en avalista "de una parte de las miles de viviendas que se ofertan actualmente".

Esta fórmula, insiste Zurdo, permitiría desarrollar "una verdadera política social de vivienda, donde el coste del alquiler social lo asuma el Estado y no se lo traslade al propietario particular como está haciendo hasta ahora”. Además, impulsaría la salida de más pisos al mercado del arrendamiento, lo que ayudaría a reducir la presión de la demanda sobre la oferta actual. 

“El propietario arrendador no tendría inconveniente en realizar este tipo de operaciones, porque obtendría la garantía y seguridad que aporta tener al Estado como arrendatario, e incluso se podría utilizar como marco para establecer las rentas de estos arrendamientos, en el índice de precios de alquiler del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). Además, esta situación provocaría que aflorasen más viviendas al alquiler, aumentando la oferta, lo que posiblemente pararía la escalada de precios del alquiler", añade el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.

Actualmente las rentas se encuentran en máximos históricos en España. Los últimos datos disponibles de idealista muestran un aumento de la renta media del 1,5% mensual en enero y hasta del 9,1% interanual, hasta alcanzar los 11,6 euros/m2 al mes. Las principales ciudades del país, salvo Madrid y San Sebastián, han batido récord en el arranque de año.

Y la previsión es que la tendencia al alza se mantenga en los próximos meses ante el creciente desajuste entre la oferta y la demanda, debido a que la subida de los tipos de interés podría impedir a muchos hogares comprar una vivienda y, por tanto, tener que buscar un alquiler. 

“Esta es una solución real e inmediata para que el Gobierno, de una vez por todas, resuelva el problema de la carestía del alquiler. Todo lo demás es demagogia”, concluye Zurdo.