Las CCAA no se organizan con el alquiler social de viviendas cedidas por Sareb y el Gobierno

Los desahucios de familias con pocos recursos son uno de los mayores problemas sociales en la actualidad. Sin embargo, los distintos gobiernos autonómicos y municipales no terminan de organizarse para ofrecerles una alternativa habitacional pese a que el Fondo Social de Vivienda cuenta con 4.500 pisos a su disposición y la Sareb ofrece acuerdos con las autonomías para ceder pisos en alquiler social.

Los cambios en los gobiernos regionales y municipales pueden dar un cambio de sentido a las políticas sociales sobre las personas desahuciadas pero hasta ahora solo Cataluña, Aragón, Galicia, Canarias y País Vasco han mostrado interés por llegar a acuerdos con Sareb para la cesión de pisos en régimen de alquiler social.

Además, el Ministerio de Economía puso en marcha el Fondo Social de Viviendas, por el que entidades financieras cedían parte de su stock para que los gobiernos autonómicos llegaran a acuerdos para la gestión de pisos en régimen de alquiler social. Desde su puesta en marcha en noviembre de 2012, los bancos han aportado 6.000 viviendas pero solo se han utilizado 1.500, según fuentes del sector bancario.

El mayor problema que alegan los bancos antes el escaso éxito de estas medidas es la falta de organización por parte de la Administraciones públicas para gestionar este tipo de viviendas. Por un lado, por no tener o aplicar los medios adecuados para su organización. Por otro lado, la falta de interés de los políticos por recibir ofertas de este tipo de pisos.

El cambio político en muchos ayuntamientos y autonomías puede cambiar la situación. Precisamente durante los próximos días se espera que el presidente de la Sareb, Jaime Echegoyen, se reúna con las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, respectivamente.

“Esperamos entregar los 850 pisos que nos quedan en 2015 porque la actitud de los nuevos responsables ha cambiado completamente. Incluso, aportaríamos más viviendas el año que viene si hay interés de las Administraciones. Hasta ahora, las comunidades que más interés han demostrado han sido Cataluña, Aragón, Galicia, Canarias, y Euskadi”, afirman fuentes de Sareb.

Los gobiernos regionales deben establecer quién se puede acoger a este alquiler social y qué es lo que tienen que pagar en función de su renta. La Sareb cobra entre 75 y 125 euros por vivienda para pagar el IBI y los gastos de la comunidad de vecinos. El resto lo deciden las administraciones, si cobran o no ese dinero a la familia, así como quién se hace cargo de los gastos de agua, luz y gas.