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El Fondo Social de Vivienda espera salir del letargo con los cambios políticos

Autor: Redacción

El fondo de alquiler de viviendas sociales a precios asequibles promovido por el Gobierno central no termina de arrancar. De las casi 6.000 viviendas ofertadas en el programa aún quedan 4.500 en stock después de más de dos años en funcionamiento. El cambio de color en muchos ayuntamientos y gobiernos autonómicos espera dar un impulso renovado al fondo social.

Desde su puesta en funcionamiento en enero de 2013 dentro del Código de Buenas Prácticas bancarias y la moratoria para desahucios, el Fondo Social de Viviendas ha gestionado poco menos de 1.500 alquileres sociales. Los resultados de las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 24-M han supuesto un cambio en muchos consistorios que llevaban un impulso a las ayudas sociales en sus programas políticos.

Estas viviendas proceden de la cesión de viviendas vacías en manos de 33 grupos bancarios al Fondo Social de Viviendas. Unos inmuebles que volverán a manos de las entidades en cuanto acabe este programa promovido por el Gobierno.

“El acuerdo entre banca y Gobierno no implicaba que las entidades tuvieran que buscar inquilinos. Eso se dejó en manos de asociaciones y ayuntamientos. Una vez cedidas las viviendas a los ayuntamientos, los bancos desconocemos la demanda que puede haber y no tenemos capacidad de acordar nada con posibles interesados”, afirman fuentes del sector bancario.

Los nuevos dirigentes tendrán aún tiempo de impulsar estas ayudas una vez que el Gobierno decidió prorrogar este fondo de alquiler social hasta el 17 de enero de 2016. Además, el Ministerio de Economía decidió ampliar en 2014 las coberturas para poder acceder a los alquileres sociales: eliminar el precio mínimo de alquiler y ampliar los criterios para permitir el acceso a estas viviendas a familias con hijos menores de edad, familias que hayan perdido su vivienda tras una dación en pago, adjudicación judicial o personas mayores en situación de prejubilación o jubilación que hayan asumido mediante aval las deudas de su hijos o nietos.