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Cataluña empezará a aplicar el impuesto a los pisos vacíos el 1 de marzo: ¿cómo funciona?

Autor: Redacción

Ya ha empezado la cuenta atrás para que Cataluña empiece a aplicar el impuesto a los pisos vacíos: esta nueva figura tributaria arrancará el próximo 1 de marzo.

El pasado mes de julio la Generalitat sacó adelante una ley que permitía a la comunidad cobrar un tributo a todas aquellas personas jurídicas y entidades financieras que tuvieran desocupados sus pisos en zonas de acreditada demanda, que el propio Govern cifra en algo más de 8.300 inmuebles.

Por tanto, lejos de afectar a los particulares, serán las grandes inmobilairias, los bancos y las personas jurídicas quienes deberán desembolsar este impuesto siempre que las viviendas lleven vacías más de dos años sin una causa que lo justifique. Llegado el caso, también podría extenderse al sector público.

Pago proporcional a la superficie

Según ha podido saber idealista/news, el importe a pagar dependerá de los m2 de superficie útil que tenga el inmueble, siendo 10 euros por cada m2 la cantidad más baja y 30 euros/m2 la más elevada.

Así, los propietarios de hasta 5.000 m2 de viviendas vacías deberán pagar 10 euros por cada m2, lo que supondría un máximo de 50.000 euros. Cuando la superficie desocupada se sitúe entre 5.000 y 20.000 m2, el coste se elevará hasta 15 euros/m2 y así hasta llegar al caso más extremo: 30 euros por m2 para aquellos que tengan más de 40.000 m2 desocupados.

La propia Generalitat ya calculó en julio del año pasado, cuando dio luz verde a la normativa, que por cada piso se pagaría entre 800 y 2.600 euros.

Estos precios, no obstante, podrían ser más reducidos. En el caso de que el propietario ponga los inmuebles a disposición del parque público de alquiler social podrá acogerse a unas bonificaciones de entre el 10% y el 100%.

Recaudar y ocupar los pisos vacíos, las claves

Desde el Govern estiman que gracias a este nuevo tributo las arcas autonómicas podrán recaudar alrededor de 8 millones de euros con los que comprará pisos para destinarlos al alquiler social.

Además del objetivo recaudatorio, la comunidad asegura que, con esta medida, pretende reducir el número de viviendas vacías en la región además de fomentar entre las entidades financieras y grandes inmobiliarias que cedan estos pisos para el alquiler social y crear un registro de viviendas vacías para mantener un control.