El PSOE en el Ayuntamiento de Madrid ha registrado una denuncia ante la Comisión Europea contra la venta de 18 promociones de vivienda pública al fondo Blacsktone, pese a que tanto la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid como dos sentencias de diferentes juzgados consideren que esta operación se ajusta a derecho.
El partido socialista basa su denuncia en que esta operación pudo vulnerar las normas europeas sobre mercado interior y el derecho de la competencia. En concreto, cree que en la venta se distorsionó la libre concurrencia de los licitadores con el bloqueo.
En cambio, la operación fue realizada conforme a derecho, según prueban dos sentencias, una de ellas de la Audiencia Provincial y contra la que no cabe recurso. Es decir, el caso ha sido juzgado y cerrado, a favor de la EMVS y de Blackstone.
La sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid estima que “nada puede oponerse a la venta de los inmuebles por mucho que fueran de protección pública”, en un fallo al que ha tenido acceso en exclusiva idealista news.
La sentencia de la Audiencia Provincial no hace más que refrendar el fallo del Juzgado de Instrucción 38 de Madrid, que en primera instancia acordó el sobreseimiento de la causa contra el Ayuntamiento de la capital, la EMVS y Blackstone, comprador de las viviendas a través de su filial Fidere. La decisión fue apelada por el excandidato a la alcaldía de Madrid del Partido Socialista Jaime Lissavetzky y la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS, que perdieron la apelación sin posibilidad de recurso.
Resulta paradójico que la actuación de la EMVS y, por ende, del Ayuntamiento de Madrid, haya sido validada en los Tribunales de Justicia de manera firme y que ahora el mismo Ayuntamiento sea quien pone en duda el proceder de sí mismo.
Una sentencia confirma que la venta de 1.860 viviendas públicas a Blackstone fue legal
El Ayuntamiento de Madrid acordó en 2013 la venta de 1.860 viviendas de alquiler protegido pertenecientes a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo Blackstone por 128,5 millones de euros. Desde ese momento, la operación se ha usado como arma arrojadiza contra el Ejecutivo entonces presidido por Ana Botella. Se ha cuestionado la legalidad hasta el punto de que recientemente el borrador de un informe elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid la ha califi
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