Aunque son mucho los españoles que creen necesaria una normativa que regule el derecho a la vivienda, también estiman que lo más posible es que una de las principales consecuencias de la nueva Ley de Vivienda será la retirada de casas en alquiler (51%) y, por el contrario, lo menos probable que suceda es que se amplíe el mercado de alquiler social y asequible (44%). Esta es una de las principales conclusiones que se recogen en el informe “Percepciones de la nueva Ley de Vivienda” elaborado por el Grupo Mutua Propietarios.
En este punto, es de nuevo remarcable las diferencias de opinión entre inquilinos y arrendadores, ya que son estos últimos quienes manifiestan que la Ley provocará una bajada del mantenimiento de las viviendas en alquiler por parte de los propietarios (50%), es decir, ellos mismos, lo que parece una declaración de intenciones ante las medidas anunciadas.
El informe también recalca que dos de cada tres consideran que la Ley de Vivienda será poco o nada útil y no solucionará los problemas actuales, siendo las personas que viven de alquiler y los más jóvenes los que se muestran más partidarios.
“La vivienda es un aspecto complejo porque es, al mismo tiempo, un derecho y un activo financiero, lo que genera mucha controversia en torno a su gestión y grandes dificultades a la hora de legislar”, explica Laura López Demarbre, subdirectora General Estrategia, Clientes y Canales Alternativos del Grupo Mutua Propietarios.
La baja percepción de la utilidad de la ley como solución a los problemas de vivienda lleva a los españoles a ser pesimistas acerca de sus consecuencias. Sin embargo, aunque la normativa se extiende a todos las formas de vivienda, las mayores diferencias en cuanto a su idoneidad se focalizan en el grupo que tiene relación con el alquiler, ya sea como inquilino o como arrendador. De hecho, un 68% de los inquilinos ve necesaria la ley, mientras que este porcentaje se reduce a un 51% en el caso de los arrendadores.
De acuerdo con el estudio del Grupo Mutua Propietarios, también existe un posicionamiento diferente a la normativa en función de la edad y la ocupación: los jóvenes y quienes viven de alquiler, son los que se muestran más favorables; mientras que los mayores y, en muchos casos, jubilados (en mayor medida arrendadores o que disponen de más inmuebles) son los mayores detractores de la Ley.
Las medidas que mayor aprobación alcanzan son los beneficios fiscales a propietarios (66%); limitar las subidas del alquiler (64%) y proteger ante los desahucios (62%) y, la de menor acuerdo, el aumento de impuestos a las viviendas vacías (39%).
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