El PSOE y Sumar han registrado sendas propuestas en el Parlamento con la que instan a Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda pública adscrita al Ministerio de Vivienda, a reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios en todos los supuestos de resolución del contrato por causa imputable al contratista, como recientemente ocurrió en los casos del Parque Central de Ingenieros de Valencia o la Loma de Colmenar en Ceuta.
Los dos partidos del Gobierno han plasmado esta petición en propuestas de resolución que han registrado a un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. El documento fiscaliza la actividad de Sepes, ahora rebautizada Casa 47, en la ejecución de vivienda pública entre los ejercicios de 2018 a 2023.
En dicho informe, el organismo fiscalizador presidido por Enriqueta Chicano detectó varios casos de resolución del contrato por causas achacables al contratista, como la redacción del proyecto de urbanización y las obras del Parque Central de Ingenieros en Valencia o la ejecución de 90 viviendas protegidas en la urbanización de Loma de Colmenar (Ceuta).
Atrasos para los 440 pisos públicos en el Parque Central de Ingenieros de Valencia
En el caso del Parque Central de Ingenieros de Valencia, donde se pretenden desarrollar viviendas sociales, la empresa pública de vivienda inició el procedimiento de resolución del contrato del proyecto de urbanización, con un importe de adjudicación de 189.883,20 euros (IVA no incluido), ante la falta de atención por parte del contratista de los requerimientos que hacía el Ayuntamiento de Valencia. Sepes dejó sin abonar el 60% del importe del contrato y finalmente sus servicios técnicos finalizaron el proyecto.
Ya una vez aprobado el proyecto de urbanización, la empresa de vivienda inició la contratación de las obras de urbanización de la actuación, pero tuvo que resolver el contrato ante los "incumplimientos diversos del adjudicatario". Finalmente las obras se adjudicaron a Grupo Bertolín en octubre de 2024 por cerca de 1,2 millones de euros.
Otras 90 viviendas protegidas sin construir en Ceuta
En el caso de Loma de Colmar, en Ceuta, el contratista adjudicatario solicitó la suspensión del contrato para construir 90 viviendas protegidas, pero esto fue denegado por Sepes. El contratista acudió a un contencioso-administrativo en el que se confirmó la denegación de la suspensión solicitad y recurrida por el contratista. El consejo de administración de Sepes aprobó la resolución del contrato de obras por causas imputables al contratista
Con este panorama, el Tribunal de Cuentas ha recomendado a Sepes "que en todos los supuestos de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estudie la viabilidad de exigir la correspondiente indemnización por daños y perjuicios y, en su caso, se inicie el correspondiente procedimiento".
Y tanto PSOE como Sumar ha registrado propuestas de resolución, para recoger esta recomendación y pedírsela a Casa 47. Las propuestas ahora tienen que debatirse y votarse en la Comisión Mixta de Congreso y Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas y, si se aprueban, se incorporarán al informe de fiscalización.
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