El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han acordado "iniciar negociaciones" para tratar de evitar un recurso del Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional (TC) por "discrepancias" existentes en torno a 16 artículos y una disposición de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía.
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Las "discrepancias" que enfrentan a ambas administraciones giran, en concreto, en torno a los artículos 4, 13, 14, 24, 31, 40, 49, 50, 51, 52, 63, 64, 66, 89, 90 y 96, así como a la disposición final tercera de dicha ley que el Pleno del Parlamento andaluz aprobó el pasado 2 de diciembre de 2025 únicamente con los votos favorables del Grupo Popular y el rechazo tanto de Vox en Andalucía como de los grupos parlamentarios de la izquierda: Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía
Los artículos de la Ley andaluza de Vivienda con los que el Gobierno central discrepa tienen que ver con las definiciones de vivienda y su tipología que se recogen en la normativa, así como con los "medios de colaboración público-privada para la construcción de vivienda protegida o asequible" y "otras fórmulas de colaboración público-privada"; con "usos compatibles en los suelos calificados como equipamiento comunitario público", con el "Libro del Edificio y Manual del Usuario de la Vivienda"; con "obras de redistribución y mejora en edificios de viviendas", y con "agentes inmobiliarios especializados del sector residencial de Andalucía".
El Gobierno también discrepa con los artículos 50 (sobre objeto, fines y naturaleza del Registro de Agentes Inmobiliarios Especializados del Sector Residencial de Andalucía), 51 y 52, que tienen que ver con la inscripción en dicho registro; 63, 64 y 66, que tienen con la "promoción" y "calificación" de viviendas protegidas; 89 (sobre "principios para la gestión del parque público de vivienda de Andalucía"), 90, que regula la "concesión para construir y/o gestionar viviendas o alojamientos dotaciones de titularidad pública", y 96, sobre el "derecho de superficie, usufructo o cesión de uso".
Además, la disposición de la Ley andaluza de Vivienda con la que discrepa el Gobierno es la final tercera, que modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio, en relación a cuestiones como el "procedimiento de selección de los adjudicatarios" de dichas viviendas o la "calificación provisional" de las viviendas.
Inicio de negociaciones
De esta manera, la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía ha acordado, en primer lugar, "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con los artículos 4, 13, 14, 24, 31, 40, 49, 50, 51, 52, 63, 64, 66, 89, 90 y 96, y la disposición final tercera de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, así como, en segundo lugar, "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda".
En tercer y último lugar, la citada subcomisión ha acordado "comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía".
El artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, establece que "el presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas podrán interponer" un recurso de inconstitucionalidad "en el plazo de nueve meses contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley en relación con las cuales, y con la finalidad de evitar la interposición del recurso", se cumplan una serie de requisitos, siendo el primero de ellos que "se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma, pudiendo solicitar su convocatoria cualquiera de las dos administraciones".
También, que "en el seno de la mencionada Comisión Bilateral se haya adoptado un acuerdo sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias, pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo", y, en tercer lugar, que "el acuerdo sea puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional por los órganos anteriormente mencionados dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la ley, disposición o acto con fuerza de ley, y se inserte en el Boletín Oficial del Estado y en el 'Diario Oficial' de la Comunidad Autónoma correspondiente".
Andalucía defiende que la Ley de Vivienda se hizo con el "máximo rigor"
Ante esta información, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda defiende que la Ley de Vivienda de Andalucía, "se ha hecho con el máximo rigor", y confía en que, "si hay alguna duda por parte del Gobierno de España" en relación a la misma, "se aclararán y resolverán en el seno de la comisión bilateral" que reúne a ambas administraciones para tratar de evitar un recurso del Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional (TC) en relación a dicha normativa.
Así lo han trasladado fuentes de la Consejería que dirige Rocío Díaz, que defienden que la Ley "se ha hecho con el máximo rigor, en un proceso que ha tenido mucho diálogo y, a la par, ha sido supervisado de manera meticulosa" por sus "servicios jurídicos".
En esa línea, afirman estar "seguros" de que, "si hay alguna duda por parte del Gobierno de España", éstas "se aclararán y resolverán en el seno de la comisión bilateral".
Además, desde la Consejería de Fomento puntualizan que "la discrepancia presentada por el Ministerio de Política Territorial no entra en el fondo de la Ley de Vivienda de Andalucía, sino en cuestiones formales y técnicas".
"No es una cuestión que afecte al marco normativo que hemos estado diseñando de la mano del sector, los agentes sociales y económicos y los grupos parlamentarios", han zanjado así desde la Consejería de Vivienda.
Los encargados de las negociaciones serán el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Gobierno andaluz, Antonio Sanz.
Montero promete que derogará la Ley de Vivienda si es elegida
Hace unos días, la candidata socialista y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que, en caso de que fuera investida presidenta de la Junta tras las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, derogará la nueva Ley de Vivienda de Andalucía en sus primero 100 días de mandato.
Así lo comunicó en un acto celebrado en Dos Hermanas (Sevilla), donde también manifestó que cuenta con un plan para construir 100.000 viviendas en la región durante una supuesta legislatura, aunque no desveló cómo.
Asimismo, recalcó que adelantará el 20% del pago de entrada de los jóvenes que adquieran una vivienda habitual hasta que estos finalicen el pago de la hipoteca.
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