Hoteles a pie de playa que vulneran la ley de costas, chalets de lujo en parques naturales protegidos, torres de viviendas que se saltan a la torera las normas de urbanismo… ¿Qué sucede cuando un juzgado dicta una sentencia firme en la que declara ilegal una construcción y se ordena la restitución de los terrenos o de los inmuebles a su estado anterior? La respuesta, según explican los catedráticos de Derecho Administrativo José Eugenio Soriano y Pedro Brufao en la web jurídica ¿Hay Derecho?, es por desgracia muy poco esperanzadora: “casi nunca ocurre nada”.
Y es que ambos expertos aseguran que a pesar de las sentencias en contra, “las obras continúan, los edificios se ocupan y las infraestructuras se inauguran, sabedores todos de que a pesar de declararse su nulidad radical en un Tribunal, este no podrá detener otro atentado más a nuestro paisaje y nuestra calidad de vida”.
Soriano y Brufao explican que los proyectos continúan haciendo oídos sordos a los dictámenes judiciales o se declaran de interés general ‘contra legem’. De hecho, se quejan de que “la restitución de la legalidad y la reposición de los terrenos a su estado anterior suponen una quijotesca aventura para la que se ha de colmar de paciencia y dinero quien meramente desee defender su propiedad o quien intente poner coto al caos urbanístico y territorial”.
Además, apuntan a que esta situación de desprotección es “motivo sin duda de parte de la desafección ciudadana y la desconfianza en las instituciones”. No en vano, denuncian que para evitar que se ejecute una sentencia, sigue siendo muy común en nuestro país la aprobación a posteriori de normas que den una apariencia de legalidad a proyectos nulos. Es lo que definen como el “mañana lo legalizamos” y que aseguran que “su inconstitucionalidad ha sido subrayada en más de una ocasión”.
Como solución se decantan por la aplicación efectiva de las medidas cautelares “sin que se tengan que pedir fianzas millonarias en euros a quienes con apariencia de buen derecho intentan buscar en los tribunales el restablecimiento de la legalidad”.
1 Comentarios:
No se qué nivel de ética tendrán los catedráticos de Derecho de España, al enseñar unas asignaturas que suponen una burla en un país donde no existe el derecho. Todo es un montaje para dar una 'apariencia' de 'legalidad' a un Estado profundamente corrompido y mafioso, donde lo único que preocupa a la gente es cómo obtener dinero. Preferentemente de los mas débiles. Que, pese a ser más, no se organizan y soportan un saqueo escandaloso.
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