La guerra legal sobre quién es gran tenedor dispara la inseguridad jurídica en el alquiler

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La figura del gran tenedor se ha convertido en uno de los principales focos de inseguridad jurídica del mercado del alquiler en España. Las diferencias entre la Ley estatal de Vivienda y la normativa catalana sobre quién debe ser considerado como tal están generando una creciente confusión entre propietarios y operadores inmobiliarios, especialmente en aspectos clave como el cálculo de las rentas, las limitaciones aplicables o las obligaciones legales asociadas a los contratos de arrendamiento.

“La normativa estatal y la autonómica no coinciden en quién es gran tenedor, y eso genera una inseguridad jurídica enorme para los propietarios”, advirtió Arantxa Goenaga, socia de AF Legis, durante la conferencia “Propiedad en jaque: cómo sobrevivir al intervencionismo normativo”, celebrada en Barcelona. La abogada alertó de que las discrepancias sobre el cómputo de viviendas, las cotitularidades o incluso las diferencias entre catastro y registro están complicando cada vez más un mercado que, además, afronta contratos de hasta 13 años y nuevas prórrogas obligatorias que pueden alargarse hasta 2029.

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Uno de los principales focos de conflicto gira en torno a la figura del gran tenedor. Mientras la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda sitúa el umbral en más de diez inmuebles residenciales, la normativa catalana establece criterios distintos según se trate de personas físicas o jurídicas. A ello se suman discrepancias sobre cómo computar cotitularidades, participaciones societarias o diferencias entre el catastro y el registro de la propiedad.

“La normativa estatal y la autonómica no coinciden en quién es gran tenedor, y eso genera una inseguridad jurídica enorme para los propietarios”, afirmó Goenaga durante su intervención. 

La abogada también puso el foco en el alargamiento de los contratos de alquiler tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. En determinadas circunstancias, especialmente en zonas tensionadas, los contratos pueden extenderse hasta los 11 años cuando el arrendador es una persona física y hasta 13 años en el caso de personas jurídicas.

“Los contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en zona tensionada pueden llegar a los 13 años en el caso de personas jurídicas, lo que desincentiva enormemente poner viviendas en el mercado del alquiler”, señaló la experta. 

A esta situación se añade la prórroga extraordinaria introducida por el Real Decreto Ley 8/2026, que permite ampliar hasta dos años adicionales determinados contratos de arrendamiento. Según explicó Goenaga, esta medida puede provocar que algunos propietarios no recuperen la disponibilidad de sus viviendas hasta 2029.

“La prórroga extraordinaria del RDL 8/2026 se aplica previa solicitud del arrendatario y el arrendador está obligado a aceptarla, salvo excepciones muy tasadas”, explicó la socia de AF Legis. 

Otro de los aspectos que empieza a generar debate en el sector es la regulación de los alquileres de habitaciones. La Ley 11/2025 incorporó esta modalidad al marco regulado y obliga a que la suma de las rentas no supere los límites establecidos en las zonas tensionadas.

Para Goenaga, esta regulación puede acabar teniendo efectos contraproducentes. “La regulación de los arrendamientos de habitación exige respetar la normativa de estándares de superficie y cédula de habitabilidad, pero en la práctica puede acabar legalizando la infravivienda”, advirtió. 

Ante este escenario, la abogada recomendó extremar la cautela en la redacción de contratos, reforzar los procesos de selección de inquilinos y explorar fórmulas alternativas como el derecho real de habitación o la copropiedad. “La importancia del contrato, el scoring o elección de inquilinos y la paciencia para no precipitarse son hoy más necesarios que nunca”, concluyó. 

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