Crear un parque de vivienda social y asequible exige tiempo, pero la necesidad de los ciudadanos no puede esperar. Esa distancia entre los plazos de la promoción y la urgencia del problema ha marcado la intervención de Joan Ramón Riera Alemany, comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, durante la mesa redonda ‘La necesidad de crear un parque de vivienda social y asequible’, en el marco del V Congreso de Vivienda organizado por APCEspaña. “Somos más lentos de lo que la ciudadanía exige”, ha reconocido.
Riera ha comparado la construcción de un sistema público de vivienda con el desarrollo de los sistemas públicos de salud y educación, que necesitaron décadas para consolidarse. Su mensaje combina una apuesta a largo plazo con la necesidad de dar respuestas mientras se amplía la oferta: “La ciudadanía exige y lo exige ya, y tiene razón de exigirlo”.
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En el debate también han participado Maribel Ramos Vergeles, presidenta de Casa 47; José María Escolástico Sánchez, presidente de AVS; y Gemma Gallardo Pérez, codirectora general de Provivienda. Desde sus respectivos ámbitos, los ponentes han abordado cómo aumentar el parque, incorporar viviendas ya construidas y financiar una oferta que permita atender tanto a hogares vulnerables como a trabajadores que no pueden asumir los precios del mercado.
El comisionado ha explicado que Barcelona está a punto de alcanzar las 15.000 viviendas en su parque público y que el Ayuntamiento está acelerando las compras, la promoción y la activación de suelo. Sin embargo, disponer de terrenos y aprobar el planeamiento no significa tener las viviendas listas para entregar. “Hemos activado suelo, pero necesitamos un tiempo para construir”, ha señalado. Un esfuerzo que, a su juicio, debe implicar a las administraciones, al sector privado, a las fundaciones y a las entidades sociales.
Para ampliar esa capacidad, Barcelona ha impulsado alianzas entre administraciones, con empresas privadas y con el tercer sector. Riera ha citado dos concursos de suelo para promover casi 700 viviendas y un operador público-privado con el compromiso de desarrollar 4.500 en el área metropolitana, de las que 2.250 corresponderían a Barcelona ciudad.
A ello se suman la cesión de suelo público a fundaciones y cooperativas y el acuerdo con el Incasòl para que la Generalitat vuelva a promover vivienda en la ciudad después de 20 años, según ha explicado.
Pero el comisionado considera que falta un actor para dar un paso más: la gran banca española. Aunque ha destacado la financiación del Banco Europeo de Inversiones, el Institut Català de Finances y el ICO, ha reclamado un mayor compromiso de las entidades bancarias con la promoción.
Riera ha ilustrado el problema con un edificio de 40 viviendas: un banco puede conceder las 40 hipotecas a sus compradores, pero, cuando el promotor solicita financiación para construirlas, aparecen las objeciones por la concentración del riesgo y las exigencias de garantías. Si la banca no entra, ha advertido, la alternativa son los fondos de inversión, con un coste superior. Como referencia, ha situado la financiación bancaria en torno al 4% o 5%, frente al 7% o 8% de los fondos. “Hay que hacer más política de alianzas”, ha insistido.
“Es necesario comprar vivienda para ampliar el parque protegido”
La construcción de obra nueva es una parte de la estrategia de Barcelona, pero Riera ha defendido también la adquisición de viviendas existentes. Según ha detallado, la política municipal de compras nació en 2016 y acumula más de 1.600 viviendas adquiridas.
El comisionado ha reconocido que se trata de una política cara, aunque considera que puede ayudar a reequilibrar el parque residencial. Construir aumenta la oferta total; comprar vivienda libre para incorporarla al parque protegido modifica, además, el peso de cada segmento. “Cuando tú compras vivienda libre para llevarla al protegido, estás reequilibrando el porcentaje de vivienda protegida respecto al total”, ha explicado.
Riera ha vinculado esa estrategia al objetivo del 15% para 2044 recogido en el Plan Territorial Sectorial de Vivienda de Cataluña. “Solo construyendo no vamos a llegar. Eso ya lo sabemos. Con lo cual hay que comprar y hay que poner nuevas herramientas encima de la mesa”, ha afirmado. También ha defendido proteger el uso residencial de las viviendas mientras se construye nueva oferta, para evitar que los inmuebles dejen de servir como hogares y se destinen a otras actividades.
Escolástico reclama abordar la vivienda desde la economía y revisar la regla de gasto
La financiación también ha centrado la intervención de José María Escolástico Sánchez. El presidente de AVS ha reclamado que la vivienda se aborde como una cuestión económica y fiscal, además de social, por su relación con los trabajadores esenciales y con el funcionamiento de la economía.
Escolástico ha criticado que el debate siga repitiendo los mismos diagnósticos sin conseguir trasladarlos a soluciones suficientes. En ese contexto, ha señalado la regla de gasto y las exigencias de equilibrio presupuestario y financiero como obstáculos para que las administraciones puedan endeudarse y promover vivienda.
Según ha expuesto, AVS está trasladando este debate a las instituciones europeas. Su planteamiento es que ampliar el parque público requiere revisar también las condiciones que determinan la capacidad de inversión de sus gestores.
Sobre la incorporación de viviendas ya construidas, ha respaldado la combinación de fórmulas impulsadas por administraciones y entidades sociales: “Todo suma”.
Casa 47 quiere evitar que la vivienda empobrezca a los trabajadores
Maribel Ramos Vergeles ha defendido que Casa 47 sea una herramienta estable y complementaria a las empresas autonómicas y municipales de vivienda. “Espero sinceramente que Casa 47 no sea un proyecto de un día, sino que gobierne quien gobierne” se mantenga como un instrumento para ofrecer un servicio público, ha señalado.
La presidenta ha explicado que la entidad dispone de suelo para edificar más de 40.000 viviendas, procedente, entre otras fuentes, de SEPES y Sareb. No obstante, ha reconocido que su transformación y la posterior construcción requieren tiempo.
Casa 47 también asumirá las 14.000 viviendas con alquiler social de Sareb, según ha indicado. Más allá de esa incorporación, Ramos ha situado el foco de la entidad en el 60% intermedio de la población por renta de los hogares.
El objetivo es atender a personas trabajadoras con salarios que hasta ahora podían considerarse normales, pero que quedan en una situación de pobreza al afrontar el alquiler o la hipoteca. “Lo que pretendemos es que la vivienda no se acabe convirtiendo en ese factor de empobrecimiento y exclusión para la población”, ha explicado.
Por su parte, desde Provivienda, Gemma Gallardo Pérez ha reclamado soluciones estables que permitan a los hogares desarrollar un proyecto de vida y mantener su vínculo con el territorio. Ha advertido de la dificultad de realizar una intervención integral cuando las entidades sociales dependen de convocatorias de subvenciones de carácter anual.
Gallardo ha defendido los programas de intermediación entre propietarios e inquilinos y el uso de garantías para movilizar viviendas y facilitar el acceso al alquiler. También ha pedido instrumentos financieros que se adapten a distintas formas de ampliar la oferta asequible, incluida la compra de viviendas dispersas.
Para los hogares vulnerables, ha subrayado, disponer de un inmueble puede necesitar medidas adicionales: “La vivienda por sí sola no garantiza la inclusión”. Por ello, ha reivindicado el acompañamiento social como un servicio vinculado al alojamiento cuando resulte necesario.
La codirectora general de Provivienda ha reclamado una inversión estable, a largo plazo y con rentabilidades moderadas. Una condición que conecta con el reto planteado por Riera: construir un sistema de vivienda duradero y, al mismo tiempo, responder a una ciudadanía que necesita soluciones ahora.
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