Ada Colau plantea recurrir a la fiscalidad para frenar la concentración de vivienda. La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno ha anunciado un impuesto del 10% sobre el valor de los pisos que afectaría a las empresas desde el primer inmueble y a los particulares a partir del cuarto, cuando sus propiedades superen conjuntamente los 800.000 euros. La propuesta contempla dejar exentas las viviendas destinadas al alquiler asequible y estable.
La exalcaldesa de Barcelona ha presentado la iniciativa este miércoles en una entrevista en la Cadena SER, en el marco de la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Según ha defendido, el objetivo del tributo sería incentivar que los propietarios reduzcan las rentas para evitar su pago.
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El impuesto tendría carácter anual. Colau ha vinculado la consideración de alquiler asequible al sistema estatal de índices de referencia y ha defendido que la carga fiscal debe ser suficientemente elevada para provocar un cambio en las decisiones de los propietarios.
La excepción para las viviendas arrendadas a precios asequibles constituye uno de los elementos centrales de la propuesta. Su aplicación permitiría a los titulares mantener los inmuebles sin asumir el nuevo gravamen, siempre que cumplieran las condiciones de precio y estabilidad previstas.
La iniciativa también prevé excepciones para particulares con participaciones minoritarias heredadas, inmuebles de escaso valor o circunstancias familiares acreditadas. En el caso de las personas jurídicas, quedarían fuera las cooperativas de vivienda, las administraciones públicas y las organizaciones sin ánimo de lucro.
La coalición cifra en 262.000 los multipropietarios afectados
Frente Amplio estima que la medida alcanzaría a 262.000 propietarios con cuatro o más viviendas, equivalentes al 1,3% de quienes poseen vivienda en España. La candidatura también señala entre sus destinatarios a los fondos de inversión y a 737 empresas privadas con al menos 50 pisos alquilados.
Estas cifras corresponden a los cálculos difundidos por la propia formación. La coalición sostiene que el impuesto contribuiría a ampliar la oferta residencial a precios accesibles, tanto en alquiler como en compraventa, y facilitaría el acceso a la primera vivienda.
En concreto, la candidatura calcula que podrían movilizarse 213.840 viviendas en manos de multipropietarios que actualmente no están alquiladas ni se utilizan como residencia habitual.
El planteamiento fiscal se acompañaría de un aumento de la inversión en vivienda asequible y protegida de forma permanente hasta alcanzar el 1% del PIB. Los recursos se destinarían a construir, adquirir y rehabilitar inmuebles, y una parte de la financiación procedería de la recaudación del nuevo impuesto.
Colau ha reconocido que ampliar el parque público requiere tiempo y ha defendido actuar también sobre las viviendas existentes para obtener resultados a más corto plazo. Por ahora, el anuncio se sitúa en el terreno de las propuestas electorales: su efecto sobre la oferta y las rentas es una previsión de la candidatura.
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2 Comentarios:
PARA HABER SIDO ALCALDESA ... n.p.i.
Ese impuesto sería probablemente confiscatorio, lo cual es inconstitucional
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