El Ayuntamiento de Barcelona ha creado una guía práctica y explicativa para evitar los desahucios durante el estado de alarma. Lo más curioso es que, en estos consejos, el equipo municipal liderado por Ada Colau también ha tenido a bien añadir un apartado para aleccionar a los okupas y enseñarles qué pasos deben seguir para poder continuar ocupando la casa y poder esquivar el desalojo.
El consistorio de Ada Colau ha aprobado en Pleno el presupuesto municipal para el 2021, que, con 3.253 millones de euros, es el más elevado de la historia de la ciudad. El ayuntamiento de la ciudad destinará casi 350 millones de euros a vivienda y urbanismo, así como a la compra de nuevos edificios para destinarlos a vivienda pública.
El gobierno catalán ha aprovechado los doce meses más convulsos que se recuerdan en años para sacudir el mercado de la vivienda. Con todo el sector inmobiliario en contra de la mayoría de sus movimientos, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona han aprobado leyes como el control de precio del alquiler, la “legalización” de la okupación ilegal tras seis meses o la intervención del mercado residencial en Barcelona.
El cambio de leyes constante que afectan directamente a la promoción inmobiliaria están impactando a los nuevos proyectos. Es el caso del Edificio Estel de Barcelona, propiedad del fondo estadounidense Sunrich, que ha llevado a que fondos como Lonestar o Henderson Park solo ofrezcan hasta 100 millones de euros (frente a los 250 millones iniciales) por uno de los desarrollos más importantes en Barcelona, tal y como han explicado fuentes cercanas a la operación a idealista/news.
Barcelona empieza a cumplir una de sus promesas en cuanto a vivienda pública en el centro de la capital catalana, pero lo hace a su ritmo. El Ayuntamiento de Barcelona acaba de finalizar la primera promoción de 35 pisos para alquiler social ubicados en el Eixample. El consistorio se comprometió a contar con 400 pisos de alquiler asequible en el distrito antes de 2023.
La alcaldesa de Barcelona ha animado a la ciudadanía a no comprar "en Amazon ni en grandes plataformas que no solo no tributan, sino que no aportan ningún valor añadido a la ciudad", y a hacerlo, por contra, en negocios de barrio para apoyar el comercio de proximidad. Amazon ha contestado a la alcaldesa que trabaja con más de 2.000 pymes españolas, que emplea a 9.000 personas en el país y que tiene tres centros logísticos ubicados en Cataluña.
El distrito de Gràcia acaba de dictar una orden de cese de actividad del casal popular Tres Lliris, desde hace cinco años en la antigua comisaría de Policía Nacional de Gràcia, en la calle Nil Fabra. Esta okupación ha sido siempre una de las más emblemáticas a los ojos de Ada Colau, que permitió que se legalizara el local okupado desde el ayuntamiento, “que además costeó algunas de sus obras con las arcas municipales”, según explican los vecinos de la zona.
El Ayuntamiento de Barcelona abre una nueva vía para seguir ampliando el parque público de vivienda a través de un convenio con las entidades más representativas del sector de la vivienda social y cooperativa. El consistorio cederá el uso de solares y edificios a rehabilitar para que sean las entidades las que propongan los proyectos a desarrollar, con un seguimiento y control conjunto con el Ayuntamiento.
El Juzgado de Instrucción número 1 de la capital catalana tiene abierta una causa por la okupación en octubre del año pasado de cuatro inmuebles de una finca situada en la Ronda Sant Pere. Después de varios intentos de desalojos, los abogados de la propiedad consideraron que la actuación de los ocupantes y de otras personas de la entidad que los apoyaron podrían constituir también delitos de coacciones, extorsión, amenazas y organización criminal.