El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado la licitación de la construcción industrializada de cuatro promociones de vivienda pública para alquiler, que sumarán 212 pisos como máximo y que contará con un presupuesto de 20,4 millones de euros, en cuatro solares municipales del distrito de Sant Martí.
El Ayuntamiento de la capital catalana ha anunciado un acuerdo para recibir financiación con la que ampliar el insuficiente parque público de vivienda de alquiler. La alcaldesa, Ada Colau, y el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, han firmado un protocolo por el cual el ministerio se compromete a aportar 71,7 millones de euros.
Desde este mes el consistorio ha creado una nueva unidad especial única para ofrecer atención especializada a la ciudadanía y agilizará los trámites y el otorgamiento de licencias con el objetivo de promover la rehabilitación de inmuebles y favorecer la generación de empleo.
La alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha impulsado la tramitación de la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que define el futuro del distrito tecnológico del 22@. Uno de los principales cambios es su apuesta por el desarrollo de vivienda asequible, pasando a contar con 10.100 VPO, el doble de lo que estaba previsto.
A mediados de esta semana el Parlament catalán dio luz verde a esta polémica ley para limitar el aumento de los alquileres en Cataluña y habilitar un control de precios. Los principales actores del negocio del real estate en España están en contra, tildando este movimiento de ilegal, una medida “disparatada” y que, de salir adelante esquivando la negativa del Tribunal Constitucional, tendrá efectos adversos para inquilinos y propietarios.
Los votos de la mayoría de JuntsxCat, ERC, Podem y la CUP dan el paso definitivo para la aprobación de la ley para limitar los precios del alquiler en Cataluña, una iniciativa encabezada por el Sindicat de Llogaters, lobby inmobiliario vinculado a la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. Ahora será el Tribunal Constitucional el que tendrá la última palabra, ya que es una ley que según el consejo de garantía estatutarias vulnera la Constitución española y atenta contra el derecho a la propiedad privada.
Ada Colau, alcaldesa de la ciudad, ha permitido que se legalice un local okupado del barrio barcelonés de Gracia. Según explican los vecinos del edificio y tal y como ha adelantado ABC, el local ha pasado de ser “una casa okupa pendiente de un desalojo a equipamiento juvenil regularizado y costeado por las arcas municipales”.
El grupo promotor e inmobiliario Petrus, propiedad de la familia Rabassa, destinará 37,7 millones de euros en la construcción de cuatro nuevos edificios residenciales en Barcelona y Madrid. La compañía ha explicado que “no ve viable” adaptarse a las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento de Barcelona, por lo que no promoverá en la capital catalana, sino en sus alrededores.
La asociación Barcelona Global, integrada por empresas centros de investigación, universidades y profesionales, y el Ayuntamiento de Barcelona han acordado impulsar Barcelona & Partners, un programa de identificación, captación e implantación de actividad económica en el ámbito metropolitano. Entre las empresas que darán apoyo a esta iniciativa para captar inversión está Colonial, uno de los mayores grupos inmobiliarios de España.
La alcaldesa de Barcelona ha aprovechado el confinamiento para intensificar la actividad inspectora en los pisos turísticos de la ciudad. El resultado fue que detectó 597 que no se adecuaban a la normativa, que ya han sido dados de baja o están en proceso de ello, tal y como han explicado desde el consistorio en un comunicado.