La recta final de la campaña de Ada Colau para renovar como alcaldesa de Barcelona va a ser, cuanto menos, agitada. El Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona ha admitido una querella de la inmobiliaria Junimo 2005 contra la alcaldesa y su equipo de gobierno por presunta coacción municipal por abrir un expediente a la inmobiliaria por no ofrecer un alquiler social a un hombre al que iba a desahuciar 2021.
La nueva acción legal acusa a Colau, a la concejal de Vivienda, Lucía Martín, y a tres funcionarias más de coacciones y otros tres delitos por el expediente abierto y archivado a la inmobiliaria por intentar desahuciar a un hombre vulnerable en 2021.
A la empresa también se le abrió un expediente sancionador por una vivienda de uso turístico «ilegal» en el Distrito de Gràcia, que también fue archivado tras las alegaciones presentadas por la propiedad.
Más problemas con la justicia
Esta no es la primera vez que Ada Colau se enfrenta a un problema de estas características. El pasado marzo, la alcaldesa de Barcelona compareció como imputada ante la jueza que investiga si cometió los delitos de coacciones y prevaricación al sancionar al fondo de inversión Vauras por haber intentado desahuciar a familias vulnerables del edificio Bloc Llavors, sin ofrecerles antes alquiler social.
La jueza titular del Juzgado de Instrucción Número 18 de Barcelona también citó a declarar como investigados por los mismos delitos al concejal del distrito de Sants-Montjuïc y de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra; a la concejala de Vivienda y Rehabilitación, Lucia Martín, y a la jefa de la Unidad de Antiacoso y Disciplina de Vivienda del Ayuntamiento.
Colau arremetió contra las empresas cuyos intereses se ven afectados por actuaciones municipales o la aplicación de legislación vigente, ha dicho, y “hacen un mal uso” de la justicia, con “recursos y recursos”, “hasta que consiguen la imagen de una alcaldesa declarando”.
La jueza investiga la querella de Vauras Investiments, en que se acusa a Colau y a los otros tres denunciados de presionarlos para forzarlos a destinar inmuebles de su propiedad a alquiler social bajo la "amenaza" de no concederle licencias de obras.
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Ada Colau, citada como imputada por supuestos delitos de coacción y prevaricación a un fondo de inversión
La cruzada contra el inmobiliario de Ada Colau puede salirle cara. La alcaldesa de Barcelona deberá comparecer a finales de marzo como imputada ante la jueza que investiga si cometió los delitos de coacciones y prevaricación al sancionar al fondo de inversión Vauras por haber intentado desahuciar a familias vulnerables del edificio Bloc Llavors, sin ofrecerles antes alquiler social.
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