La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha anunciado la creación de ‘Alquiler Seguro’, un nuevo programa que movilizará 500.000 euros durante 2027 y que se destinará a cubrir los gastos de los seguros de impagos para aquellos propietarios que pongan sus viviendas vacías al alquiler asequible y se vean afectados por la inquiokupación.
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Según los cálculos del Gobierno regional, con esta nueva partida incorporarán al mercado del arrendamiento asequible unas 2.000 viviendas durante la legislatura.
“Se trata de las dos caras de una misma estrategia: ayudar a quienes necesitan pagar un alquiler e incentivar que más propietarios pongan sus viviendas en el mercado”, ha recalcado Blanco.
Ayudas al alquiler
Durante la comparecencia, la vicepresidenta segunda ha afirmado que, de los 16.472 millones de euros previstos en el Presupuesto General de Castilla y León para 2027, 190,4 millones de euros se reservarán a la vivienda, de los cuales casi 49 millones de euros se destinarán al incremento de vivienda protegida a través de distintas fórmulas: promoción pública, colaboración público-privada, promoción sobre suelo privado, cooperativas y adquisición de vivienda.
El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco reservará 46,13 millones de euros para destinarlos a ayudas al alquiler, que prevén que lleguen a 22.000 beneficiarios.
Por otra parte, los beneficios fiscales de los que se pueden aprovechar las familias más necesitadas tendrán un impacto de más de 57 millones de euros en las arcas públicas, según el Gobierno castellanoleonés.
Rehabilitar para alquilar
En esta materia, la vicepresidenta ha adelantado que ‘Rehabitare’, el programa que tiene como objetivo recuperar inmuebles en desuso de titularidad pública para destinarlos al parque público de alquiler social de la Comunidad, incorporará dos nuevas líneas, dotadas con 3,6 millones de euros, para rehabilitar también viviendas privadas.
En línea con este tema, Blanco ha afirmado que contarán con un presupuesto de casi 55 millones de euros para regeneración urbana y rural y ayudas a la rehabilitación energética y para facilitar la accesibilidad de las viviendas. Mediante estas líneas de actuación, prevén mejorar alrededor de 1.600 viviendas.
Por último, la vicepresidenta ha subrayado que la “apuesta por la vivienda viene acompañada de incrementos en todas las demás áreas de actuación”. En este contexto, ha comunicado que se están tramitando 40 instrumentos de ordenación del territorio para movilizar inversiones superiores a los 600 millones de euros y que afectan a más de 1.900 hectáreas de suelo, con la intención de dar respuesta al reto demográfico.
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