Como hemos venido comentando estos últimos meses, los acontecimientos recientes sobre la aprobación de la subida de los tipos de interés y el consecuente encarecimiento de las hipotecas, han hecho que finalmente se deban adoptar medidas que contrarresten el impacto que dicha situación está causando en los hogares españoles.
Así, de este modo, se introducen ciertas modificaciones al Código de Buenas Prácticas aprobado en 2012, de forma que los hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad podrán reestructurar su préstamo hipotecario con una rebaja del tipo de interés durante un periodo de hasta cinco años de carencia, entre otras medidas.
La cuestión, por lo tanto, sería delimitar qué entendemos como familias u hogares en riesgo de exclusión y la norma nos dice que podrán beneficiarse de ciertas medidas aquellos hogares con renta inferior a 29.400 euros anuales, con hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022, que tengan una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y que la misma se haya gravado o encarecido en un 20%.
En concreto, las familias con una renta inferior a 25.200 euros al año y que dediquen más del 50% de su renta mensual a hacer frente al pago de la hipoteca tendrán derecho reestructurar su hipoteca con una rebaja del tipo de interés de cinco o dos años de carencia, dependiendo del criterio del porcentaje de esfuerzo hipotecario que la situación actual les esté suponiendo y dejando la puerta abierta a una segunda reestructuración en caso de ser necesario, así como la ampliación del plazo de amortización hipotecaria.
Al margen de lo beneficioso que puedan llegar a resultar estas medidas, no deja de sorprender el carácter “voluntario” del acogimiento de las entidades financieras a este Código de Buenas Prácticas. Sí es cierto que en caso de acogerse al mismo, se convierten en obligatorios para las mismas, estableciéndose órganos de control como la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, en trámites de creación actualmente.
En todo caso, y siendo un punto relevante dado el mercado actual, en caso de que una familia se beneficiase de estas medidas y el crédito hipotecario de la que es deudor fuese transmitido a un tercero, se deberá garantizar la pervivencia de los beneficios aplicados, de modo que no desaparezcan por la mera cesión a favor, por ejemplo, de un fondo de inversión que adquiera deuda.
Asimismo, y para favorecer y activar la formalización de hipotecas a tipo fijo, se ha aprobado la eliminación de las comisiones durante el próximo año 2023, sin perjuicio de que las hipotecas de tipo variable también han aprobado ciertas modificaciones y mejoras para incentivar, por ejemplo la amortización anticipada de las mismas.
Natalia Tova es abogada y miembro del equipo especializado en Real Estate de EY Abogados. Es experta en derecho inmobiliario, en especial, en operaciones de compraventa, arrendamientos urbanos y en el ámbito de los contratos de construcción.
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