Código de Buenas Prácticas

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que tiene intención de prorrogar hasta 2025 el Código de Buenas Prácticas hipotecario destinado a clases medias, cuya vigencia se extiende actualmente hasta 2024. Ante la rápida subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y la previsión de un empeoramiento de la economía, Gobierno y banca reforzaron este código para familias en riesgo de vulnerabilidad. Aun así, ha señalado que hasta mayo se habían recibido 79.300 solicitudes de adhesión, de las que se habían analizado en torno a un 15%, con 11.600 operaciones aceptadas.

La banca recibió durante el año pasado alrededor de 61.000 solicitudes de adhesión a las medidas de alivio de las hipotecas que recoge el Código de Buenas Prácticas, cuyo importe ascendió a 7.600 millones de euros. Sin embargo, solo aprobó un 12% de las peticiones, representativas de 907 millones de euros, o lo que es lo mismo, del 0,2% del saldo vivo hipotecario. La mayoría de las solicitudes rechazadas incumplen los criterios para acogerse a las ayudas a los hipotecados que pactaron el sector financiero y el Gobierno a finales de 2022 para compensar la subida del euríbor.

El Código de Buenas Prácticas Bancarias es una de las soluciones posibles para aquellas familias que no pueden pagar su deuda hipotecaria. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se deben cumplir una serie de requisitos para poder acogerse a este código. Repasamos cuáles son las condiciones, qué medidas contempla y en qué consiste la modificación que ha aprobado el Gobierno para ayudar a los hogares de rentas bajas a hacer frente al incremento de las cuotas por la subida del euríbor. En este caso, la banca ha recibido 9.000 solicitudes desde enero.

Los acontecimientos recientes sobre la aprobación de la subida de los tipos de interés y el consecuente encarecimiento de las hipotecas, han hecho que finalmente se deban adoptar medidas que contrarresten el impacto que dicha situación está causando en los hogares españoles, como es el caso de las ayudas para pagar la hipoteca a hogares vulnerables. Natalia Tova, abogada y miembro del equipo especializado en Real Estate de EY Abogados, da las claves sobre estas medidas.

Unas 87.000 familias se han beneficiado de las medidas de protección a los deudores hipotecarios que incluye el famoso Código de Buenas Prácticas (CBP) impulsado por el Gobierno en 2012.

Un total de 40.446 familias han podido reestructurar la deuda hipotecaria o conseguir la dación en pago en los cuatro años y medio de vigencia del Código de Buenas Prácticas.

El subsecretario de economía y competitividad, Miguel temboury, estima que en los próximos meses aumentará el número de familias que se acogerán al código de buenas prácticas para evitar el desahucio, después de que la ley hipotecaria ampliara los supuestos para hacerlo.

El 66% de las peticiones para acogerse al código de buenas prácticas no pasaron la criba por no cumplir con los requisitos.

Desde que se puso en marcha el código de buenas prácticas en marzo hasta septiembre la banca ha recibido 568 solicitudes de adhesión, de las cuales 278 se han resuelto.

La asociación de usuarios de bancos y cajas (adicae) pide la aprobación de manera inmediata de una moratoria hipotecaria por 3 años para la vivienda habitual de familias de buena fe y con graves problemas económicos.

Ante el aumento de los desahucios de viviendas el gobierno se compromete a estudiar una solución pactada con los bancos.

Soraya sáenz de santamaría, vicepresidenta del gobierno, ha asegurado que si comprueban que el código de buenas prácticas no ha sido efectivo, “adoptaremos las medidas que sean necesarias para que pueda serlo más”.

Banco santander, sabadell, bankinter, catalunyacaixa y ncg banco ya se han adherido voluntariamente al código de buenas prácticas aprobado por el gobierno para aliviar la carga de las familias hipotecadas en riesgo de exclusión social.

Las entidades financieras tendrán que elegir si adherirse o no al ‘código de buenas prácticas’ impulsado desde el ejecutivo que pretende que las familias sin recursos puedan entregar la casa al banco para terminar con su deuda hipotecaria.