Una familia de Gerona pensó que había puesto punto final al calvario de ver su vivienda ocupada. Después de meses de impotencia, decidieron entrar en la casa con sus propias llaves y recuperar lo que era suyo por derecho. Pero la alegría duró apenas unos días: un juzgado les ha obligado a devolver la vivienda a los okupas porque la recuperación se hizo sin autorización judicial. El caso ha vuelto a encender el debate sobre el sinsentido legal que rodea a la okupación en España.
Los hechos ocurrieron a mediados de verano. Cansados de esperar una resolución judicial que no llegaba, los propietarios accedieron al inmueble con la intención de recuperar su hogar y poder volver a vivir en él. No forzaron cerraduras ni recurrieron a la violencia: simplemente usaron las llaves originales y retomaron la posesión de la casa que llevaba meses ocupada.
La situación parecía resuelta, pero apenas unos días después los okupas presentaron una denuncia alegando que habían sido expulsados de manera ilegal. El juzgado de Gerona que analizó el caso no tardó en pronunciarse y, para sorpresa de la familia, dio la razón a los ocupantes. La policía se presentó en la vivienda y obligó a los propietarios a abandonar su propio hogar, restituyendo la posesión a quienes lo habían ocupado.
El razonamiento jurídico se basa en la figura de la “posesión continuada”, que otorga a quien ocupa una vivienda ciertas garantías de permanencia frente a acciones directas de desalojo. En otras palabras, aunque la titularidad esté perfectamente acreditada, la justicia considera que la única vía legítima para recuperar la casa es un procedimiento judicial completo, que puede tardar meses o incluso años en resolverse.
Este tipo de situaciones han desatado la indignación de vecinos y asociaciones de propietarios, que denuncian que la legislación española acaba protegiendo más al okupa que al dueño. Para muchos afectados, el sistema actual los deja en una posición de absoluta indefensión, obligándoles a atravesar procesos largos y costosos mientras los ocupantes disfrutan de la vivienda sin ninguna consecuencia inmediata.
El caso de Gerona no es aislado y refleja una contradicción que cada vez genera más titulares: propietarios que acaban fuera de su propia casa por intentar recuperarla. Una paradoja que pone de relieve hasta qué punto el marco legal resulta ineficaz para dar una respuesta rápida y justa a un fenómeno que crece y que, en la práctica, alimenta la sensación de que la justicia juega en contra de quienes cumplen con la ley.
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